Goirigolzarri promovió la contratación de Kroll cuya investigación no sirvió a FG

Antonio Béjar, exjefe de recuperaciones inmobiliarias de BBVA y al mismo tiempo expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) prestó el pasado verano un testimonio clave en el devenir del BBVA-Villarejo. Y es que en su declaración ante la Audiencia Nacional, Béjar expone que el expresidente Francisco González es el principal artífice de las sucesivas contrataciones de Cenyt, el entramado empresarial de José Manuel Villarejo, ya que su entonces número dos, José Ignacio Goirigolzarri, había ordenado utilizar los servicios de Kroll a la hora de detectar eventuales bienes ocultos de una serie de clientes morosos que debían unos 700 millones de euros al banco.

Insatisfecho con el resultados de las pesquisas de Kroll, en las que no se encontró nada, FG (como se conoce al expresidente del BBVA en la jerga financiera) dio orden de cambiar de proveedor de servicios de inteligencia y puso el asunto en manos del entonces director de seguridad, Julio Corrochano, que contrató a Cenyt para realizar una nueva investigación, siempre de acuerdo a las palabras de Béjar ante las preguntas de su abogado, el exmagistrado Javier Gómez Bermúdez.

Según su relato, el directivo despedido por BBVA, los hechos se producen tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, en el año 2009, y ante la sospecha de FG de que una serie de promotores -entre los que figuran Fernando Martín (Martinsa) y Luis Portillo (Colonial)- que habían contraído una deuda millonaria con el banco, del entorno de los 700 millones de euros, han cometido alzamiento de bienes con el objetivo de evitar que los acreedores se los pudieran adjudicar.

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Es en este momento cuando se ordena a Béjar, que había empezado a tener un contacto recurrente con Francisco González a raíz de la crisis, encontrar los bienes ocultos. El entonces jefe de recuperaciones pone el asunto en conocimiento del director general de riesgos, José Sevilla, que dijo que "había que tomar una decisión" al respecto y que había que informar al consejero delegado. Por tanto, se organiza una reunión con Goirigolzarri y el entonces número dos de González propone contratar los servicios de Kroll, una conocida agencia de detectives con la que ya había trabajado en ocasiones anteriores, cuando era director general de BBVA en Latinoamérica.

De acuerdo a las palabras de Béjar, es el jefe de gabinete del CEO, Asís Alonso, quien se encarga de la contratación a través de la firma de abogados británica Simon & Simon siempre con conocimiento de los servicios jurídicos del banco, en concreto, Eduardo Arbizu y José Manuel García Crespo, que al igual que Béjar y FG se encuentran imputados en la pieza novena del caso Tándem, relativa a las contrataciones de BBVA con Villarejo por importe agregado superior a los 10 millones de euros, como ha podido acreditar el juez.

La investigación de Kroll, no obstante, no encuentra bienes ocultos de los promotores y es en este contexto cuando FG indica a Béjar a la salida de una reunión en su despacho que trabaje con la firma que va a contratar Corrochano. "Cuando me acompañó a la puerta, al final del despacho me dijo, eso de las investigaciones patrimoniales y tal... es que esa firma que se ha contratado (Kroll) no sirve. Vais a trabajar con una empresa que va a contratar Julio Corrochano", relata Béjar ante el juez al frente de la instrucción, Manuel García Castellón, y los dos fiscales anticorrupción, Ignacio Stampa y Miguel Serrano.

Por lo tanto, los dos directivos que se encuentran en la actualidad en la cúpula de Bankia se habrían mantenido al margen de la contratación de los servicios de Cenyt, de acuerdo a este testimonio. "Ni José Sevilla, consejero delegado, ni yo supimos nada ni participamos en esos hechos en el caso de que hayan existido. Ha sido una sorpresa enorme todo lo publicado", dijo Gorigolzarri hace un año, cuando se le preguntó al respecto de las escuchas ilegales de Villarejo.

En el interrogatorio a Béjar, que se alargó más de una hora y media, el directivo también revela cómo en una reunión con el socio de Villarejo, Rafael Redondo, se les planteó la opción de establecer una estrategia de "hostigamiento" al entorno de los clientes sobre los que se habían producido los impagos, si bien el responsable jurídico de la entidad, Eduardo Arbizu, frenó esa posibilidad por considerarla contraria a la forma de actuar del banco. Aunque esa tesitura no evitó que finalmente se accediera a contratar los servicios del agente encubierto. "Eso funcionaba en vertical desde arriba del todo", dijo Béjar al respecto en referencia a Francisco González.