El Banco Central Europeo (BCE) teme que la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales que está desarrollando la Comisión -se prevé que iniciará su actividad en 2023- pueda poner en peligro la reputación de las entidades financieras. La institución con sede en Fráncfort considera que, tal y como está prevista, la creación de esta oficina europea implicaría hacer pública indirectamente la situación de alto riesgo de algunos bancos respecto a estos delitos del último eslabón de la cadena criminal, enviando señales de alerta al mercado o generando un riesgo para la imagen, según un dictamen sobre la propuesta de Reglamento consultado por La Información.
Se da la circunstancia de que una de las principales tareas de la nueva autoridad, la ALBC -por sus siglas en inglés-, será pasar examen a los bancos de manera obligatoria, pero no de forma general, sino tras la selección de un grupo que cumpla con los criterios para entrar en la categoría de alto riesgo. La idea es adaptar la metodología para que sea lo suficientemente detallada y establecer parámetros de referencia cuantitativos y cualitativos específicos que tengan en cuenta, como mínimo, factores relacionados con el tipo de clientes, los productos y servicios ofrecidos y las zonas geográficas, incluidos los terceros países en los que operan o con los que están relacionados.
La Comisión Europea cree que este planteamiento permitirá que la clasificación no dependa de la apreciación que los supervisores tengan sobre una entidad concreta. Sin embargo, el BCE considera que este método estricto, que incluye hacer público el listado de entidades bajo control, equivale a trasladar indirectamente la delicada situación de las entidades con respecto al blanqueo de capitales. Actualmente estos datos son absolutamente secretos. "Podrían ser preferibles criterios objetivos basados en el riesgo que no den lugar a la divulgación de esta información confidencial, ya que así no se enviarían señales no intencionadas a los mercados ni se generaría un riesgo para la reputación de los bancos seleccionados para ser supervisados directamente por la ALBC", recoge el documento.
La autoridad presidida por Christine Lagarde también ve crucial que se añada una disposición para garantizar una comunicación fluida entre la Autoridad antiblanqueo y los supervisores prudenciales dentro de la Unión durante el proceso de evaluación de las entidades que serán objeto de análisis antes de que se publique la lista de las seleccionadas. Entiende que este canal permitiría atar en corto y con antelación las posibles implicaciones en caso de que sus nombres se hagan públicos. Se prevé que solo entre doce y veinte entidades entren bajo el paraguas de la ALBC. En caso de que alguna de ellas forme parte de las diez significativas bajo supervisión directa del BCE, trabajarán mano a mano para tareas tales como las evaluaciones de idoneidad, la revocación de licencias o el análisis de operaciones como adquisiciones.
Las competencias del BCE y la nueva Autoridad para restringir una actividad o para exigir un cambio en la cúpula de un banco se solapan, por lo que tendrán que cooperar para evitar conflictos de interés
Las competencias del BCE y la ALBC también se solapan en cierta medida, sobre todo aquellas relacionadas con la facultad de restringir o limitar una actividad, así como exigir un cambio en el consejo de administración de un banco. Por ello, es consciente de que se requiere una enorme cooperación entre los supervisores prudenciales y los de blanqueo de capitales para evitar en la medida de lo posible la aparición de conflictos de interés o hasta la acumulación descoordinada de 'castigos' a una misma entidad de crédito. Antes de imponer sanciones, pide que la nueva Autoridad comunique sus acciones con el resto de instituciones.
Los bancos que no entren en la lista seguirán siendo supervisados de forma directa por las unidades de inteligencia financiera nacionales, que en el caso de España corresponde al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) del Ministerio de Asuntos Económicos. Pero el BCE ha criticado el "cierto" grado de heterogeneidad en la información que le facilitan las distintas autoridades de cada Estado miembro desde el año 2019. "Esta situación dificulta las tareas de supervisión", ha asegurado. Por ello, pone su confianza en la ALBC, puesto que es posible que juegue un papel fundamental en la mejora de la armonización de los análisis sobre blanqueo.
De cara al futuro, el BCE apuesta por un aumento del alcance de las funciones de la ALBC con el objetivo de abarcar a un conjunto más amplio de entidades, no solamente la decena que sea seleccionada bajo los criterios establecidos. En todo caso, la institución monetaria entiende el límite propuesto en un principio a la luz del reducido presupuesto con el que se arrancará. Recibirá una contribución de la Unión y se alimentará de las tasas pagadas por las propias entidades obligadas a ser supervisadas y las no seleccionadas. También será de bienvenida cualquier aporte financiero voluntario de los países europeos.
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