El caso Villarejo fue protagonista en la sucesión de Francisco González en la presidencia de BBVA. Así lo sostienen fuentes financieras, que aseguran que el Banco Central Europeo (BCE) era consciente de los vínculos de la entidad con Grupo Cenyt durante las negociaciones que hubo en el año 2018 para renovar la estructura de gobernanza corporativa del segundo banco de España y uno de los mayores de Europa. Tras un duro pulso con el supervisor, el proceso culminó el pasado mes de diciembre con el ascenso de Carlos Torres a la presidencia ejecutiva, pero con mucho menos poder que el que tenía su antecesor, ya que el reporte del consejero delegado (CEO) y el de otras dos áreas clave del banco pasó directamente al consejo de administración.
A ojos del BCE, la gobernanza es la gran asignatura pendiente de la banca española después de varios años de saneamiento tras la crisis. En este sentido, el supervisor prefiere que al frente de las entidades se sitúe un presidente no ejecutivo que se encargue de la estrategia del grupo y un CEO con amplios poderes que se ocupe de implementar la hoja de ruta diseñada por el presidente en la gestión diaria. La legislación española, en cualquier caso, permite que los presidentes de las entidades tengan carácter ejecutivo, por lo que la institución comunitaria no puede imponer directamente sus preferencias a bancos como BBVA, Santander, Sabadell o Bankia, que también mantienen este modelo de gobierno.
Según fuentes cercanas a la cúpula de BBVA, en las negociaciones sobre el proceso de sucesión, FG, como se conoce al banquero gallego en la jerga, se opuso rotundamente a la posibilidad de que que el nuevo presidente tuviera un carácter no ejecutivo, más si cabe cuando en su máximo rival, Santander, Ana Botín dispone de plenos poderes. Por aquel entonces, el BCE ya conocía la presunta relación delictiva del banco con el comisario jubilado José Manuel Villarejo -la primera información al respecto en prensa apareció en mayo de 2018-, por lo que Fráncfort utilizó esta baza para restar poder a Carlos Torres en la presidencia ejecutiva.
De hecho, como ya publicó La Información, durante el transcurso de las conversaciones, Fráncfort amagó incluso con la posibilidad de aumentar el requisito de capital de BBVA en 25 puntos básicos -que en el caso concreto de la entidad vasca se traduce en algo menos de 900 millones- por fragilidad en el gobierno corporativo. Y es que el BCE, cuyo departamento de supervisión lidera el italiano Andrea Enria desde principios de 2019, dispone de un arma poderosa para hacer valer sus recomendaciones: endurecer las exigencias de solvencia mediante el denominado requerimiento de 'Pilar 2', que determina el perfil de riesgo individual de cada entidad.
La institución al final no aplicó este recargo -las exigencias de capital de BBVA para 2019 se mantuvieron prácticamente intactas-, pero fue después de que el banco aceptase que Onur Genç, que fue nombrado como nuevo consejero delegado, ejerciera un verdadero contrapoder en la cúpula de la entidad. Bajo la renovada estructura de gobernanza, Genç no reporta ante el presidente, sino ante todo el consejo de administración del banco. Además, dos áreas clave en el banco, como son Regulación y Auditoría Interna, pasaron también a depender del consejo y no del presidente, como sucedía anteriormente, durante la etapa de FG.
Y es que con estos cambios BBVA se acercó a los principios de buen gobierno corporativo tanto de la Autoridad Europea de Banca (EBA, por sus siglas en inglés) como del BCE, pues según la guía de la autoridad que preside el español José Manuel Campa, "cuando el presidente asuma funciones ejecutivas, la entidad deberá contar con medidas para mitigar cualquier impacto adverso sobre sus mecanismos de control y contrapeso”. El supervisor, en cambio, dice en su normativa que "debe existir una separación clara de las funciones ejecutivas y no ejecutivas en las entidades de crédito y que la separación de las funciones del presidente y el consejero delegado debe ser la norma".
Malestar por la gestión del caso Villarejo
Este medio se ha puesto en contacto tanto con el BCE como con BBVA, pero ambos han declinado realizar comentarios. Sea como fuere, el caso Villarejo-BBVA ha alcanzado una nueva dimensión con la imputación del expresidente Francisco González, citado este lunes a declarar ante el juez Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional. Además de FG, el instructor también ha llamado a capítulo en calidad de investigados a Juan Asúa, actual asesor de cabecera de Torres; Eduardo Arbizu, exresponsable de servicios legales; Manuel Castro, exjefe de riesgos; Eduardo Ortega y José Manuel García Crespo. Los dos últimos trabajaron en los servicios jurídicos de la entidad.
Según las fuentes consultadas, la gestión del caso Villarejo que está haciendo Carlos Torres, que ha decidido retirarse del juicio contra Luis Pineda, presidente de Ausbanc, ha generado cierto malestar en algunos de los altos cargos directivos de BBVA. Y es que el presidente se está encargando de preparar la estrategia al respecto de la imputación del banco junto a un reducido de asesores, entre los que se encuentra el propio Juan Asúa. Será el próximo miércoles cuando el representante legal del banco, Adolfo Fraguas (director del departamento legal de BBVA España) acuda a la Audiencia Nacional a declarar ante el juez.
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