El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) quiere anticiparse ante la inminente salida de uno de los miembros del Comité Administrativo de Revisión (ABoR, por sus siglas en inglés). Uno de sus integrantes dimitirá en las próximas semanas por razones privadas, según han confirmado fuentes del supervisor. El principal problema es que se da la circunstancia de que no hay designados suplentes, a pesar de que deberían de existir. Ante esta tesitura, el organismo ha solicitado el envío de manifestaciones de interés por parte de personas de gran reputación, con experiencia en supervisión bancaria y con un historial probado de conocimientos y experiencia profesional.
Será la primera vez desde su creación que este órgano experimentará una renovación. El ABoR se creó en 2015 como respuesta a la nueva era del BCE que derivó como consecuencia de la fundación del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), una pieza clave en la consecución de la tan ansiada unión bancaria. Este Comité lleva a cabo exámenes administrativos internos de las decisiones de supervisión adoptadas por el banco central a petición de quien entienda que son perjudiciales o que no se han aplicado correctamente conforme la legislación nacional que transpone las directivas comunitarias. Aunque sus decisiones y conclusiones no son vinculantes, una de las principales misiones es evitar que se acuda al Tribunal Constitucional.
El ABoR se compone de cinco miembros y desde hace seis años forman parte del equipo el exsubgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui Yáñez; el exdirector general de la Autoridad de Servicios Financieros de Malta, André Camilleri; la profesora de Leyes de la Universidad de Roma, Concetta Brescia; y el antiguo subgobernador primero del Banco de Francia, Jean-Paul Redouin. Desde 2019, el profesor de Derecho y ex jefe de los servicios jurídicos del Banco de Países Bajos, René Smits, asumió el puesto de Edgar Meister (ex del Deutsche Bundesbank), quien había sido designado como suplente en un primer momento.
Forma parte del equipo el exsubgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui Yáñez
El 12 de agosto de 2019 el Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta el dictamen del Consejo de Supervisión, decidió prorrogar los mandatos por otros cinco años, hasta el 7 de septiembre de 2024. En cualquier caso, uno de sus miembros dejará una nueva vacante y el BCE pretende estar preparado para cuando llegue el momento. Los representantes de todos los supervisores nacionales, Margarita Delgado en el caso del Banco de España, podrán presentar sus candidaturas hasta el próximo 24 de agosto. Se pretende cubrir el puesto de un nuevo miembro y de los dos suplentes.
Para el nombramiento del miembro del ABoR y de los suplentes se tratará de garantizar en la medida de lo posible un equilibrio geográfico y de género adecuado en todos los Estados miembros. Actualmente están representados España, Italia, Francia, Malta y Países Bajos. Solamente hay una mujer. El BCE asegura que es una institución inclusiva que se esfuerza por reflejar la diversidad de la población a la que representa. Pero los candidatos también tendrán que cumplir otros criterios técnicos, como contar con un muy buen conocimiento y comprensión de la legislación de la Unión en el ámbito de la banca, así como sobre las tareas y el funcionamiento del BCE en general y del MUS en particular.
Actualmente están representados España, Italia, Francia, Malta y Países Bajos, mientras que solo hay una mujer
En la práctica, este Comité revisa si se ha respetado el procedimiento establecido, si la decisión está debidamente motivada, si cumple la legislación vigente, si existe algún error manifiesto en la evaluación, si la decisión es desproporcionada o si el BCE ha hecho un uso indebido de sus facultades. Como resultado del examen, emite un dictamen no vinculante dirigido al Consejo de Supervisión, en el que se propone la anulación de la decisión inicial o su sustitución por otra idéntica o modificada para su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno.
Como su decisión no es vinculante, aunque el ABoR proponga la aprobación de una nueva decisión que derogue la inicial, el BCE es libre de aceptar o rechazar sus conclusiones. De este modo, el afectado podría recurrir la decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tendría acceso a todos los documentos del expediente. El Tribunal, al que se puede acudir directamente saltándose al Comité de Revisión, determinará si se ha producido alguna desviación del procedimiento recomendado y preguntará por qué.
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