El BCE revisará con lupa a los banqueros imputados y a involucrados en quiebras

El Banco Central Europeo (BCE) llevaba trabajando en la adecuación de la nueva guía 'fit and proper' desde el pasado mes de agosto, cuando cerró la consulta pública sobre el borrador del documento. Tras recopilar las dudas del mercado, el regulador ha publicado ya el texto que recoge un nuevo proceso de evaluación de la idoneidad de los banqueros. Los candidatos a ocupar un alto rango dentro de una entidad que estén siendo investigados o hayan estado en el epicentro de una resolución o quiebra bancaria serán examinados con lupa, pues la reputación es clave. 

Son los bancos quienes proponen a sus equipos, pero es la la institución que preside Christine Lagarde la responsable en último término del nombramiento de todos los integrantes de los órganos de dirección de las entidades financieras significativas sujetas a su supervisión directa, tanto ejecutivos como no ejecutivos. Para ello, somete el perfil de los aspirantes a una revisión exhaustiva y a un test de idoneidad que determinará si es adecuado para el puesto. Los máximos responsables bancarios deben contar con una trayectoria impecable y, sobre todo, tener elevados conocimientos en campos tan dispares como el legal y regulatorio, el de riesgos medioambientales y climáticos o el de tecnología y ciberseguridad. 

Lo primero que tiene en cuenta el BCE es que el candidato goce de una reputación suficiente. Para aclarar este requisito tan subjetivo, el organismo señala que se considera que una persona tiene 'buen nombre' si no existen motivos objetivos y demostrables para sugerir lo contrario. Para entender que una persona no tiene capacidad para garantizar una gestión sólida y prudente de la entidad financiera se tendrá revisará la conducta empresarial, pero también la personal. Sin perjuicio de los derechos fundamentales, el regulador tendrá muy en consideración los antecedentes penales o administrativos relevantes para valorar la honorabilidad, la honestidad y la integridad. 

Reconoce que encontrarse con aspirantes a la cúpula de un banco que estén siendo investigados es más frecuente de lo que se puede llegar a pensar 

De hecho, el BCE reconoce en la guía que no es extraño encontrarse con aspirantes a la cúpula de un banco o incluso a miembros actuales que están o han estado imputados o investigados por algún tipo de infracción. Dice incluso que es algo frecuente, pero recuerda que la presunción de inocencia y la importancia relativa de las circunstancias es fundamental. De este modo, el peso probatorio del presunto delito es clave, pero la existencia de una condena es una condición todavía más crucial para decidir si dar el visto bueno o no a un nombramiento. 

Un error grave en la gestión de un banco, una sanción económica elevada o una infracción relacionada con la normativa de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son hallazgos para sembrar la duda. Pero aunque los procesos penales son los que tendrán el mayor impacto en la evaluación de la idoneidad, algunos delitos menores si se toman de forma agregada pueden dar lugar a un efecto acumulativo que podrían pasar factura sobre la reputación de un aspirante al mismo nivel que un caso de mayor magnitud. 

Si el candidato ha formado parte de la cúpula de una entidad quebrada o rescatada con dinero público tendrá que demostrar que la caída no fue por una mala gestión

Pero no solo los asuntos judiciales son determinantes. Que un directivo haya estado envuelto en una resolución o quiebra bancaria dará puntos negativos a un banquero. Habrá que analizar que no se llegó a esa situación por una mala gestión financiera o de riesgos de la entidad que acabó con problemas. Es particularmente relevante si el candidato formaba parte del consejo de administración del banco que se haya declarado insolvente o inclusive de aquel que haya necesitado una inyección de dinero público. Se tendrá que determinar si la caída de una entidad fue fruto de una conducta deshonesta o imprudente. El caso es que el efecto de estos procedimientos prescriben a los cinco años desde que se declara en quiebra a un grupo, pero el BCE tiene poder para evaluar caso sin perjuicio de la legislación.

En paralelo, se examinarán potenciales conflictos de intereses personales, como la posibilidad de que el aspirante al alto nivel de un banco sea familiar de un miembro del consejo; así como financieros, en caso de que sea un accionista importante del propio banco para el que ha sido propuesto o de sus subsidiarias. También podría dar lugar a disconformidad que el banquero haya asumido un puesto de elevada influencia política a cualquier nivel, incluso local. Que haya asumido una alcaldía, la presidencia de un partido político o formado parte del gabinete de un gobierno regional o nacional será analizado, aunque dependerá en cualquier caso de los poderes específicos que ostentaba en su cargo.