Tras años de parálisis y con varios frentes en el horizonte, el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid empieza a ver la luz. El Ejecutivo regional se ha sentado con los posibles interesados en la construcción de esta megaobra y ha trasladado las últimas novedades antes de elegir a los adjudicatarios. Una de ellas pasa por el esquema de financiación, que contará con un importante papel del Banco Europeo de Inversiones (BEI). La entidad supranacional ya estudia la operación con la intención de aportar hasta la mitad del total, es decir, 250 millones de euros, si bien la cantidad restante llegará desde otras fuentes externas -también por definir- como entidades financieras nacionales o fondos.
El BEI, a quien la Comunidad de Madrid también ha pedido este año fondos para otros proyectos como la extensión de la línea 11 del metro, no ha tomado una decisión en firme, como matizan fuentes del Ejecutivo regional, pero sí está estudiando la operación desde junio. En su expediente sobre la Ciudad de la Justicia resume que el plan tiene como uno de los principales objetivos mejorar la calidad del servicio público de la administración de justicia, centralizando los edificios judiciales en una misma sede o solucionando el déficit de espacio, así como el envejecimiento de algunos de los edificios actuales.
La financiación es un aspecto clave para una operación de tanto calado. La consejería de Justicia de la CAM que dirige Enrique López mantuvo una reunión la pasada semana con buena parte de los interesados a participar en el proyecto. La pelota está ahora en el tejado de las constructoras, que deben decidir si acuden a la licitación y si lo hacen de manera conjunta (UTE) o por separado. Acciona, ACS, Ferrovial o Sacyr se han mostrado favorables a entrar en liza, si bien ahora mismo siguen examinando los pliegos publicados a finales de julio para tomar una decisión final -tienen hasta el mes de octubre-, según explican las fuentes consultadas. Uno de los requisitos es cubrir el 10% del total del proyecto a través del capital social de la sociedad que se constituirá con motivo de las obras.
Al margen de esta condición, la CAM ha avanzado que toda la financiación (aproximadamente 507 millones de euros) va a ser externa, por lo que a los 250 millones del BEI -o los que finalmente decida- deberá buscarse la cantidad restante desde otras fuentes como bancos e incluso fondos. Sobre la relación entre los adjudicatarios y el banco europeo, la CAM ha indicado que deben coordinarse ambas instituciones "a los efectos de la preparación de sus ofertas económicas" y para que además cada una de las empresas licitadoras pueda solicitar a la entidad europea "una propuesta indicativa de financiación".
Menos obstáculos
La propuesta del BEI llega a la vez que se despejan los últimos obstáculos para este plan urbanístico que se ideó durante el mandato de Esperanza Aguirre y se ha retomado ahora bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso con varias modificaciones. Uno de los nuevos escollos ha sido la oposición del Colegio de Arquitectos (COAM), que presentó un recurso de impugnación ante el Tribunal de Recursos Contractuales (TACP), para alegar que las bases del proyecto chocaban frontalmente con la Ley de Calidad de la Arquitectura. Su petición se ha resuelto con sentido favorable para la Comunidad de Madrid, después de que el tribunal entendiera que no hay obligación de realizar un concurso de proyectos antes de adjudicar las obras. "La Administración puede elegir el tipo contrato que quiere licitar dentro de las posibilidades que ofrece la ley", aclaraba el organismo.
Antes del COAM, la Ciudad de la Justicia de Madrid, cuyo pistoletazo de salida fecha del año 2005, había sufrido otros contratiempos. El principal fue la investigación que la Audiencia Nacional inició sobre varias constructoras y miembros del Ejecutivo regional por no actuar con raciocinio económico, según observó el juez José de la Mata. La labor judicial ralentizó el proyecto hasta el día de hoy, cuando en la zona que debería albergar los 356 órganos judiciales en 18 edificios -el total de la superficie suma 375.000 metros cuadrados- se contempla en solitario el Instituto de Medicina Legal.
El consejero Enrique López, por su parte, explicó en su última comparecencia pública que la infraestructura daría servicio diario a más de 30.000 personas -sumando usuarios, funcionarios, empleados y operadores- y se ubicará en Valdebebas, en un espacio que contará también con aparcamientos, centros deportivos, de ocio y salud, cafeterías y una escuela infantil. Entre el resto de la meta a perseguir, el consejero señaló que el 100% de la electricidad que se suministre y consuma deberá proceder de fuentes renovables y de cogeneración. Sobre el papel del BEI no aportó cifras, aunque sí valoraba "de manera muy positiva" el proyecto.
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