El grupo Berkeley ha puesto sobre la mesa dos nuevas cartas para defender el proyecto de mina de uranio que planea en Retortillo (Salamanca) desde hace una década. La compañía australiana asegura que ha invertido ya 94 millones de euros en el plan. Pero ese dinero es solo la cuarta parte de la inversión total -400 millones- que estima ahora para el proyecto, con un horizonte temporal de 14 años. La segunda gran baza en la defensa de la mina es el empleo. El grupo dice haber recibido 25.000 solicitudes de trabajo. Un caramelo atractivo para el Gobierno en un momento de crisis económica y destrucción de empleo.
"En relación con la inversión" asegura la compañía "el Gobierno de España reclama la necesidad de fomentar la inversión extranjera y aportar seguridad jurídica. De este modo, Berkeley garantiza inversión procedente, mayoritariamente, de países como Reino Unido y Australia". "Berkeley" prosigue "ha generado hasta la fecha más de 60 puestos de trabajo y espera alcanzar los 1.000 empleos, entre directos e indirectos. Además, el proyecto ha generado un gran interés en la región y la compañía ha recibido más de 25.000 solicitudes de empleo".
Los 400 millones de inversión y las miles de solicitudes de empleo forman parte de la línea de defensa del grupo que cotiza en la Bolsa española desde 2018 y que ve amenazado su proyecto por la enmienda pactada por el PSOE y Unidas Podemos en la futura Ley del Clima para prohibir la minería del uranio en España. El otro punto de riesgo para los planes de la compañía está en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuyo pleno ha comenzado a analizar los informes técnicos para autorizar o rechazar la planta de procesado de mineral que solicitó la empresa.
Autorización renovada
El Ministerio de Transición Ecológica renovó en diciembre pasado la autorización previa de la mina como instalación radiactiva de primera categoría que le concedió el Gobierno del PP en 2015 por cinco años y que había expirado. Pero es un permiso temporal, hasta que el Consejo de Seguridad Nuclear resuelva el expediente. El último informe del CSN sobre la renovación de permisos contó con el voto favorable de las consejeras propuestas por el PSOE Elvira Romera y Pilar Lucio y también con el voto del ecologista Francisco Castejón, propuesto por UP. No hubo votos particulares. La razón es que en diez años, el grupo minero australiano ha conseguido armar una telaraña de solicitudes, permisos y autorizaciones que involucran a diferentes administraciones y que es difícil de desmontar.
La compañía explica que su proyecto está avalado por más de 120 permisos e informes favorables, entre los que se encuentran nueve del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). "Entre las Administraciones Públicas e instituciones que han emitido informes y permisos favorables sobre el proyecto de Retortillo se encuentran la Unión Europea, la Junta de Castilla y León, corporaciones locales como los Ayuntamientos de Retortillo, Villavieja, Villares de Yeltes y de Vitigudino y de la Confederación Hidrográfica del Duero" remacha la compañía.
Esa trabazón administrativa ha mantenido a flote los planes de la minera a pesar del recelo del Gobierno y también de la oposición de la mayoría de los partidos políticos con representación el Congreso. El cepo legal impide, al menos de momento, que el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, el mismo que ha conseguido un pacto para cerrar todas las nucleares en 2035, haya dado los pasos necesarios para clausurar el proyecto. El CSN tiene en sus manos una patata caliente. La propuesta de dictamen técnico (PDT) se compone de múltiples informes de diferentes unidades del Consejo. El examen llevará semanas hasta que la Dirección de Protección Radiológica eleve una propuesta, positiva o negativa, sobre la que el pleno dirá la última palabra.
Cuerpo a cuerpo
Por si acaso llega el cuerpo a cuerpo, la compañía ha elegido al bufete Herbert Smith Freehills para la estrategia de defensa. Se trata de un bufete anglo australiano, que se ha fajado en grandes operaciones de fusiones y adquisiciones, financiaciones y en el asesoramiento integral de proyectos de sectores de energía, infraestructuras, minas o inmobiliario, entre otros. El despacho ha llevado a cabo una notable política de fichajes en España. Entre otros, incorporó al equipo al exministro de Justicia Rafael Catalá y al jefe de la Abogacía del Estado en el área de Energía del Ministerio de Transición Ecológica, José Ramón Mourenza.
La defensa de Berkeley es múltiple. También juega la baza de la despoblación. Así, explica que según el INE, el 89 % de los municipios de Salamanca han perdido habitantes en los últimos 20 años. Por ese motivo, Berkeley Minera España está comprometida con la región para paralizar la despoblación. De este modo, la compañía cuantifica que el proyecto aportará riqueza a la zona durante al menos 14 años, teniendo en cuenta las fases de construcción, producción y clausura, y que el 80 % de la inversión recalará en la provincia de Salamanca.
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