El tiempo es relativo. Para Berkeley Energía, presente en Bolsa desde hace un año con un proyecto para extraer uranio en Salamanca que no acaba de arrancar, cinco meses es un pestañeo. También es el plazo que va a tardar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), remozado en abril, en decidir si autoriza o no la construcción de la planta de procesado de uranio que planea la compañía minera australiana. Si el informe del CSN es negativo, se acabará un juego que comenzó hace una década. Es un todo o nada. Si el CSN aprueba el proyecto, el Ejecutivo debe dar luz verde, pero si dicta en su contra, el Gobierno no puede emitir el permiso.
La cuenta atrás ha comenzado. Fuentes al tanto de la tramitación del proyecto estiman que la decisión final del CSN se tomará a finales de este año o principios de 2020. El Proyecto Salamanca de Berkeley cuenta desde hace cinco años con una declaración favorable de impacto ambiental de la Junta de Castilla y León y desde 2015 dispone, además, de una autorización previa como instalación radioactiva de primera categoría de combustible nuclear. Pero el permiso de construcción está pendiente y no es fácil que lo obtenga.
El de Berkeley es un asunto espinoso. La mayoría de los partidos políticos son favorables a la paralización del proyecto y así lo manifestaron en junio de 2018 en la ponencia del Congreso para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Pero el grupo Berkeley, que cotiza en las Bolsas de Londres, de Sidney (Australia) y desde hace un año en el mercado continuo de España, ha realizado inversiones y solicitado permisos que hacen muy complicado desmontar el mecano administrativo trenzado en los últimos años.
El tirón en Bolsa
El grupo sabe que lo tiene complicado. Berkeley registró un tirón impresionante en Bolsa tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo. El PP ganó en los municipios salmantinos afectados por el proyecto y el mercado se disparó. El día después, la empresa minera lideró las subidas en el Mercado Continuo con un repunte del 35,8%, hasta los 0,235 euros, y recuperó una capitalización bursátil por encima de los 60 millones de euros. El espasmo bursátil dio la razón a quienes han cuestionado durante años la vertiente especulativa del proyecto.
Hasta la CNMV advirtió en julio del pasado año sobre la elevada cotización de Berkeley en España -por encima de las Bolsas de Londres y de Sidney-. Un hecho que calificó de "anómalo" y que atribuyó a la posible desinformación de los inversores. El recelo de la Comisión estaba justificado porque en la primera sesión en Bolsa, las acciones de Berkeley subieron un 52%.
La cuenta atrás para los planes de Berkeley en España coincide con un periodo de agitación en la cúpula de la empresa. El consejero delegado desde 2015, Paul Atherley, ha dimitido. Fuentes oficiales del grupo explican que se está buscando un sustituto, español, para sustituir a Atherley. Será, aseguran, una contratación "buena" antes que una contratación "rápida".
El sustituto español de Atherley tendrá que afrontar la decisión del CSN y posteriormente la del Ministerio de Transición Ecológica sobre el futuro de la mina. Y también al desenlace de la pelea legal entablada contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la renovación del CSN. Berkeley recurrió los nombramientos aprobados por el Gobierno que daban entrada, entre otros, a Francisco Castejón, propuesto por Podemos y contrario a la energía nuclear como negocio. Berkeley, como también el PP, cuestionaron la renovación del CSN. Berkeley solicitó al Supremo medidas cautelarísimas que fueron rechazadas. La empresa confirma que está a la espera de que el tribunal dicte resolución.
Riesgo político
La situación de Berkeley tras diez años de polémica es incierta. La propia empresa lo admite. En el prospecto de salida a Bolsa en junio de 2018, advirtió de que su principal riesgo era político porque su actividad está vinculada al 100% a los permisos administrativos para poder operar, y sin los cuales no podrá extraer el uranio de la mina salmantina.
Berkeley asegura que su proyecto en Salamanca es rentable, hasta el punto de "generar resultados a largo plazo a nivel mundial, capaz de suministrar más de cuatro millones de libras de uranio al año, equivalente al 10% del total requerido en Europa". Pero el negocio no está tan claro. Es cierto que hay una franja entre Portugal y España donde existe mineral de uranio, pero los costes de explotación hacen difícil su extracción. Sólo en el caso de que el uranio esté muy próximo a la superficie merece la pena plantear su explotación.
El diputado de Equo, Juantxo López de Uralde, asegura que no hay proyectos viables para explotar uranio en España. "No es rentable -asegura-. Por eso proyectos como el de Salamanca están ligados a la especulación financiera y no vinculados a la explotación del mineral". Según datos de las empresas (Nuclenor), España cuenta con unas reservas de uranio evaluadas en 4.650 toneladas de U3O8 a costes de explotación inferiores a 80 $/kg y 12.160 toneladas a costes comprendidos entre 80 y 130 $/kg . Representa el segundo país europeo en importancia, detrás de Francia.
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