Pacto de PSOE y Podemos para frenar a la multinacional

Berkeley elige a Herbert Smith para dar la batalla al Gobierno por cerrar su mina

El bufete de abogados ha asesorado al Ejecutivo en los arbitrajes internacionales por los recortes de retribución a las renovables.

Movimiento de maquinaria en las instalaciones de Berkeley.
Movimiento de maquinaria en las instalaciones de Berkeley.
EFE

El grupo minero australiano Berkeley prepara la batalla legal contra el cierre del proyecto para extraer mineral de uranio  que desarrolla dasde hace una década en Retortillo (Salamanca). La compañía ha elegido al bufete Herbert Smith Freehills para diseñar la estrategia contra el acuerdo de los partidos de la coalición de Gobierno PSOE y Podemos de prohibir la minería del uranio en España mediante una enmienda en el proyecto de Ley de Cambio Climático. La norma se encuentra en trámite en el Congreso.

Herbert Smith Freehills es un bufete anglo australiano, nacido  de la fusión del despacho británico Herbert Smith y el australiano Freehills.  Además de las raíces australianas, despacho y multinacional minera comparten la fecha en la que aterrizaron en España, hace diez años. Desde entonces, el bufete se ha fajado  en grandes operaciones de fusiones y adquisiciones, financiaciones y en el asesoramiento integral de proyectos de sectores de energía, infraestructuras, minas o inmobiliario, entre otros.

El director de la firma en España, Miguel Riaño, fue el secretario del consorcio creado por Renfe, Adif, Talgo, OHL, Copasa, Indra e Ineco, entre otras empresas, para construir el tren de alta velocidad entre Medina y La Meca (Arabia Saudí). Herbert Smith Freehills  asesoró al consorcio en todos los aspectos legales de la adjudicación. El despacho angloaustraliano ha llevado a cabo una política de fichajes en España que no ha pasado desapercibida. Entre otros, incorporó al equipo al exministro de Justicia Rafael Catalá y al jefe de la Abogacía del Estado en el área de Energía del Ministerio de Transición Ecológica, José Ramón Mourenza.

Asesor del Gobierno

Herbert Smith Freehills mantiene desde hace dos años  un contrato para asesoramiento legal externo y apoyo a la Abogacía General del Estado en pleitos de renovables. En marzo, el bufete se anotó un tanto importante.  Los árbitros de Uncitral, la sede de la ONU en la que se analizó la reclamación de decenas de inversores agrupados en una plataforma llamada PV Investors contra el Reino de España, rebajaron de 2.000 a 90millones las indemnizaciones a los demandantes. Todo un triunfo.

En el caso de Berkeley, los abogados de Herbert se centrarán en  la enmienda pactada por el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso para cortar de raíz los planes de la multinacional Berkeley. La enmienda introducida en el proyecto de ley de Cambio Climático señala que "queda prohibida la investigación y el aprovechamiento de minerales radiactivos tal y como se definen en la Ley 25/1964 de 29 de abril, sobre energía nuclear cuando tales minerales sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles en todo el territorio nacional". "Se procederá al archivo" añade  "de cualquier procedimiento relacionado con la autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de tales minerales".

En la práctica, la enmienda supone el fin del proyecto de Berkeley en Salamanca. La multinacional lo sabe y ha respondido con dureza a las intenciones de los partidos de Gobierno. En un primer comunicado, la multinacional aseguró que la enmienda “vulnera gravemente los principios de seguridad jurídica y confianza legítima” y añadió que “es una disposición retroactiva restrictiva de derechos y expropiatoria que daña gravemente la confianza de los inversores en España”. Además, en su opinión, la inciativa es “inconstitucional al restringir la libertad de empresa y limitar la riqueza del país sin que pueda encontrarse justificación alguna para la adopción de tal medida”.

Escudo de autorizaciones

Hasta la fecha, Berkeley se ha movido con habilidad en los despachos y ha conseguido armar un escudo de autorizaciones efectivo durante más de diez años. En Bolsa, eso se ha traducido en movimientos especulativos y fuertes subidas puntuales sobre las que llegó a advertir la CNMV. Todo eso está amenazado. La mina en sí no ha avanzado mucho, pero sobre el papel el proyecto es extenso. Son tres proyectos diferentes que implican a cuatro administraciones: la mina de uranio en sí -que cuenta con permiso medioambiental de la Junta de Castilla y León- además de una planta de procesado del mineral que tiene que ser autorizada por el Ministerio de Transición y un proyecto de almacenamiento de residuos que implica también a la Diputación provincial y a los ayuntamientos de la zona.

La batalla puede ser larga. Al proyecto de ley de Cambio Climático le queda recorrido en el Congreso hasta ser aprobada. Mientras tanto, los trámites en torno al plan de la multinacional continúan. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que informó favorablemente en julio sobre la autorización provisional de emplazamiento de la mina, seguirá informando sobre las solicitudes de la compañía minera hasta que el Ministerio de Transición Ecológica ordene lo contrario, como sucedió con la paralización del cementerio nuclear (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) hace dos años.

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