Incendio en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). La presión del grupo minero australiano Berkeley para que el supervisor autorice su proyecto para extraer y procesar mineral de uranio en Retortillo (Salamanca) no sólo ha acabado en manos de la Abogacía del Estado, sino que ha vuelto todas las miradas hacia la situación del organismo. El CSN fue renovado hace dos años con cuatro nuevos consejeros, pero mantiene la estructura de altos cargos nombrada por el anterior Gobierno del PP y cuyo papel en el proceso de autorización del proyecto minero es clave.
El presidente del CSN, Josep María Serena, comparecerá en la Comisión de Transición Energética del Congreso para explicar, entre otros puntos relacionados con el proyecto de Berkeley en España, las cartas enviadas al Consejo desde noviembre de 2020 tanto por la dirección del grupo minero como por sus representantes legales. Berkeley contrató al bufete Herbert Smith Freehills el pasado año para armar su estrategia legal. Según comunicó Serena, tales cartas contienen "solicitudes e insinuaciones impropias" que han sido trasladadas a la Abogacía del Estado.
Tras la presión de Berkeley, explican las fuentes consultadas en el CSN y en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, está la carrera para que el Consejo de luz verde a la construcción de la planta de procesado necesaria para explotar el yacimiento. Todo, antes de que el Congreso apruebe la Ley del Clima en el que una enmienda pactada entre PSOE y Unidas Podemos prohíbe expresamente la minería del uranio en España.
Manejo de plazos
En esa carrera, el manejo de los plazos es fundamental. Es el punto de fricción en el CSN. Están en juego los equilibrios . Ha habido renovación en la cúpula del supervisor nuclear, pero sigue prácticamente intacto el equipo de dirección de la etapa del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Dos de los puestos clave, el de secretario general (Manuel Rodríguez) y el de directora de Protección Radiológica (María Fernanda Sánchez Ojanguren), se mantienen sin cambios, al igual que ocho de las nueve subdirecciones generales. Secretario general y directores técnicos deben ser nombrados por el Gobierno.
Sólo el Ejecutivo, apuntan fuentes internas del CSN, puede tomar cartas en el asunto y proceder a la renovación de los cargos. Es algo que no puede hacer ni el actual presidente Josep María Serena, ni el consejo del organismo. En 2013, cuando el Gobierno del PP nombró presidente a Fernando Marti, sí hubo relevo prácticamente inmediato del secretario, de los directores y de los subdirectores.
La pugna interna está planteada y Berkeley está en el centro. Incluso el sindicato de técnicos del CSN envió una carta al Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera para solicitar la anulación de las licencias concedidas al grupo minero. Con la carrera en marcha, Berkeley cuenta con una autorización temporal. La secretaría de Estado de Energía ha renovado la autorización concedida por el Gobierno del PP en 2015, pero solo hasta que el CSN resuelva el expediente relativo a la construcción de la planta de procesado. De momento, no hay nada perdido. Pero tampoco ganado.
Berkeley dispone, eso sí, de un escudo de autorizaciones que ha sido efectivo durante más de diez años. En Bolsa, eso se ha traducido en movimientos especulativos y fuertes subidas puntuales sobre las que llegó a advertir la CNMV. Todo eso está amenazado. La mina en sí no ha avanzado mucho, pero sobre el papel el proyecto es extenso. Son tres proyectos diferentes que implican a cuatro administraciones: la mina de uranio en sí -que cuenta con permiso medioambiental de la Junta de Castilla y León- además de la autorización del Ministerio de Transición y un proyecto de almacenamiento de residuos que implica también a la Diputación provincial y a los ayuntamientos de la zona.
Revés con una carretera
En los últimos meses, Berkeley, sólo ha tenido un revés importante: la Diputación de Salamanca ha rescindido el convenio firmado con la multinacional hace cuatro años para construir la variante de una carretera local y facilitar la construcción de la mina. El grupo sostiene, sin embargo, que se trata de una cuestión administrativa. El convenio, explica, está prácticamente realizado y el proyecto validado añade que todas sus actuaciones, incluidas las comunicaciones con el CSN, se han producido “dentro de la absoluta legalidad y del máximo respecto por las instituciones y organismos de la Administración”. Por si acaso, prepara toda la artillería legal.
La minera está curtida ante pleitos en España. En 2012 denunció a la empresa pública ENUSA ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio por echarse atrás en un acuerdo de 2009 para apoyar la exploración de yacimientos de uranio en los pueblos de La Alameda de Gardón y Saelices El Chico, ambos ubicados en la comarca salmantina de Ciudad Rodrigo. El grupo australiano estaba dispuesto a reclamar daños y perjuicios a la sociedad estatal española por 200 millones de dólares (150 millones de euros). La discusión no llegó a las manos Hubo acuerdo. Ahora hay más en juego.
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