El firme arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo avala la reforma energética española llevada a cabo por el Partido Popular de Mariano Rajoy y mantiene ilesas las arcas españolas. El Tribunal ha dado la razón al reino de España en la demanda interpuesta por la gestora Freif Eurowind Holdings, vehículo de inversión del fondo Blackrock, a la que la Justicia ha negado una indemnización de 124 millones que la sociedad reclamaba con motivo del cambio legislativo que suprimió las subvenciones a las renovables, decretado por el Ejecutivo del PP. El reciente arbitraje unánime debilita la posición de la los inversores que aún mantienen litigios contra España y respalda el giro normativo en materia energética del anterior inquilino de La Moncloa.
La Administración de Mariano Rajoy modificó el régimen jurídico y económico (RD-l 9/2013), lo que llevó a paralizar proyectos de energía verde. El Ejecutivo del PP tomó esta decisión con el objetivo de atajar el elefantiásico déficit de tarifa que arrastraba el país a causa de dichas subvenciones, tal y como reconoce el laudo del Tribunal. Además, el texto matiza que el Gobierno llevó a cabo esta reforma energética en el marco de la recesión que desencadenó la crisis de 2008. "España no solo no debía mantener el mismo sistema, sino que tenía el deber de adaptar el esquema a través de un retorno variable razonable para proteger su salud económica", reza el documento adelantado por el diario 'Expansión'.
La decisión perjudicó a los inversores 'verdes' y generó una oleada de demandas, alrededor de medio centenar, contra el reino de España, un proceso para el que el reciente arbitraje marca un antes y un después. Los magistrados de la Camara de Comercio de Estocolmo Mark Baker, Thomas Clay y Douglas Jones han arbitrado por unanimidad a favor de España y, esta firmeza, pone en jaque la postura de los 47 demandantes que, como la gestora de Blackrock, mantuvieron sus denuncias pese a la suerte de amnistía a los inversores de instalaciones de renovables que aprobó el Gobierno del PSOE en 2019, a fin de calmar las aguas y minorar el perjuicio que hubiera podido causarles la citada reforma normativa.
Esta nueva opción que ofreció el Ejecutivo de Pedro Sánchez solo fue aceptada por cuatro de los demandantes: Masdar Solar, The PV Investors, RREEF y Stadweke. A todos ellos se les garantizó una rentabilidad del del 7,398% hasta 2031 por sus activos renovables en el país. La oferta que el Estado lanzó en noviembre de 219 tenía como fecha tope el 30 de septiembre, pero la crisis del coronavirus llevó a ampliar los tiempos hasta el 18 de diciembre de 2020. Las reclamaciones llegaron a rozar los 8.000 millones de euros pero, tras el giro arbitral llegado desde Estocolmo, los inversores aún litigantes podrían verse en problemas para defender sus intereses, después de que el citado Tribunal haya calificado, con la unanimidad de sus tres árbitros, de "razonable y de buena voluntad" la reforma energética española.
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