La relación entre el Santander y el grupo de inversores mexicanos liderado por Antonio del Valle no parece precisamente cordial, al menos, en los tribunales. Los inversores acudieron a un juzgado de EEUU para que obligue al banco a entregar información confidencial sobre el Popular hace un mes. El bufete que asiste al Santander contraataca ahora y donde duele porque sostiene que dicha actuación “contraviene” las reglas del arbitraje internacional con el que amenazan si España no les reintegra los 470 millones de euros que perdieron en el rescate del Popular.
El grupo de inversores anunciaba al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una carta fechada el pasado 22 de enero la intención de invocar el arbitraje si no reparaba las pérdidas en base al Tratado bilateral firmado por México. En el escrito alegaron responsabilidad de España en el desenlace del Popular por acción y omisión, en alusión al rol jugado por el Fondo de Resolución (Frob), la negativa del Banco de España a suministrar más liquidez o la ausencia de mensajes oficiales tranquilizadores.
Su tesis es que la actuación del Frob fue en contra del “trato justo y equitativo” fijado en el tratado bilateral existente entre ambos países y que protege a los inversores; y constituyó “una apropiación indebida”, pero además culpan al Ejecutivo de haber maniobrado para casi entregar el sexto banco español al Santander.
La réplica llega a través del despacho Hunton Andrews Kurth en los pliegos de alegaciones: “Bajo los términos del Tratado hay un periodo de “enfriamiento” de seis meses, durante el cual las partes deben actuar de buena fe para resolver la disputa”, algo que considera “inconsistente con buscar un descubrimiento para avanzar en el litigio” con el procedimiento iniciado en EEUU. Se refiere al periodo existente para obtener una respuesta del Gobierno antes de activar el arbitraje.
El grupo de inversores que llegó a tener el 4,23% del Popular y un puesto en su consejo de administración desde 2013 y hasta la víspera de que la Junta Europa de Resolución apretase el botón, ha ido a EEUU a precisamente a recabar pruebas para la demanda interpuesta contra la resolución de la entidad en la Corte de Luxemburgo y el potencial arbitraje internacional.
“Al solicitar ampliar la evaluación y desvelar gravosos descubrimientos ahora, los peticionarios han contravenido uno de los requisitos básicos del Tratado, de hecho, el requisito mínimo para la resolución de disputas”, insisten los letrados del Santander, que valora personarse en el proceso si finalmente se lanza.
La defensa del grupo cántabro es taxativa rebatiendo las sospechas de que el proceso se diseñó para que se quedase el Popular a un euro simbólico. “No se equivoquen -alerta en el escrito al tribunal Federal estadounidense-, no hubo conspiración o colusión: el Frob aceptó la oferta del Santander y vendió el capital del Popular al Santander porque era la única oferta sobre la mesa”.
En apoyo de este relato recuerda que la JUR inició el procedimiento de subasta competitiva el 3 de junio invitando a los cinco mayores bancos del país y solo el Santander y BBVA entraron a escrutar los balances con un acceso a la due diligence -rehusaron hacerlo CaixaBank, Bankia y Sabadell-; pero que el grupo vasco no llegó a formular propuesta de compra. Y refuta la insinuación de los inversores mexicanos de que el organismo europeo aceptó sacrificar el dinero de bonistas y accionistas para facilitar la colocación, atribuyendo a la institución presidida por Elke König el diseño y ejecución de la operación después de haber encargado a Deloitte valorar al Popular.
No es el único frente donde el casi medio centenar de inversores liderado por el exconsejero azteca del Popular, que capitaneó las maniobras para desalojar a Ángel Ron de la presidencia, lidia con el Santander. La vía abierta en EEUU no es una demanda o querella, sino un procedimiento sin consecuencia penal donde le plantea 40 requerimientos distintos de información, pero va en contra de la opinión del Santander, que ha solicitado al juez denegar la petición y defiende la confidencialidad de los documentos.
La incómoda alianza en BX+
Banco e inversores han chocado en otro ámbito. El grupo cántabro heredó del Popular un 25% del mexicano BX+, perteneciente al grupo financiero liderado por la familia del Valle. Quiere revenderlo, pero no avanzan porque los mexicanos se niegan a pagar cuando compró todo el Popular, incluida dicha participación, por un euro. Del Valle ha aireado además que había logrado el compromiso de varios inversores como Luksic, Pimco y ultimaba la anexión de Crédit Mutuel a una macro ampliación en el Popular que, según sus tesis, torpedeó la JUR -posteriormente Anchorage ha confirmado que también pensaba acudir-.
En los escritos, los letrados del grupo bancario explican al Tribunal de EEUU que dichos inversores mexicanos contaban con sillón en el banco desde 2013 hasta el consejo de administración que firmó la solicitud de intervención al Banco de España, y que la entidad arrastraba problemas financieros desde hacía años por su abultada exposición inmobiliaria.
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