Bruselas da un varapalo a Enagás. La Comisión Europea (CE) ha tumbado la estrategia de la empresa que dirige Arturo Gonzalo Aizpiri para mantenerse en el consejo de administración de la primera instalación industrial privada de biometano con conexión a la red gasista española, el bautizado como proyecto UNUE, de la que Enagás controla un 49%. El Ejecutivo comunitario respalda así el criterio de la CNMC que ya había advertido del conflicto de interés en el que estaba incurriendo el grupo energético al ostentar una posición de control en la planta de generación renovable.
El organismo que preside Cani Fernández lleva tiempo vigilando el papel de Enagás ante las oportunidades derivadas del nuevo paradigma energético. La compañía ha convertido el maná de los gases verdes en un punto central de su plan estratégico -que actualizará la próxima semana tras haber incorporado los cambios propuestos por el nuevo CEO-. El respaldo de la Comisión Europea al dictamen del regulador nacional, del que se ha hecho eco el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha dado carta de naturaleza a las dificultades que debe salvar la dirección del grupo para trazar la hoja de ruta de la gasista.
El regulador ha estrechado el cerco sobre los negocios satélite de la empresa que preside Antonio Llardén en el marco de la evaluación del supervisor sobre la idoneidad de que Enagás Transporte mantenga su certificación como gestor de la red de gas nacional. A raíz de este proceso, tanto la CNMC como la Comisión Europea han decidido supeditar la certificación de Enagás a la renuncia de la compañía -y de cualquiera de sus filiales- a sentarse en el consejo de UNUE, así como a ejercer ningún derecho de voto en la citada sociedad, una sugerencia que la CNMC ya había trasladado al grupo de forma extraoficial en el marco de otro proceso, como adelantó La Información.
Ambos reguladores han rechazado las alegaciones de Enagás Transporte -sociedad que opera como Transmission System Operator (TSO) europeo- que, ante las reticencias del regulador, insistió en la escasa entidad del proyecto y en que la participación de la matriz del grupo energético en la sociedad renovable era indirecta, a través de filiales. Dos argumentos con los que no convenció a ninguna de las dos instituciones.
A ojos de los supervisores, la participación de Enagás en actividades de producción "genera una potencial desigualdad entre los usuarios de la red que podría dar lugar a un trato discriminatorio". Al cierre de 2020, Enagás impulsaba más de 45 proyectos de descarbonización, hidrógeno verde y biometano, junto a diversos aliados industriales y financieros. En muchos casos, la compañía gestiona estas instalaciones a través de joint ventures con socios de distintos perfiles, como la firma catalana de capital riesgo Suma Capital, que controla el 51% del proyecto UNUE, o Acciona, con quien comparte del proyecto mallorquín Power to Green Hydrogen.
El coto de Bruselas obliga a Enagás a recalcular su ofensiva en el negocio de los gases renovables y a revisar su nutrida red de alianzas en este campo
El análisis de Bruselas es contundente. "Si bien se trataría de proyectos incipientes, vinculados al desarrollo de tecnología asociada a gases renovables, si en un futuro Enagás permaneciera en proyectos cuya actividad consistiera en la producción efectiva de gases renovables, la consideración conjunta de aquellos proyectos que pudieran ir entrando en funcionamiento efectivo agravaría el posible conflicto de interés para Enagás Transporte, SAU", recoge el BOE del 30 de junio.
El hecho de que la Comisión Europea haya puesto pie en pared ante la ambición verde de Enagás pone en jaque la estrategia del grupo para blindar su influencia en toda una cartera de participadas dedicadas a esta actividad. Además, el empeño de Bruselas y la CNMC por poner coto a la ofensiva de la empresa en el negocio de los gases no contaminantes obliga al grupo a replantear su red de alianzas y a recalcular su ruta antes de dar nuevos pasos hacia el 'paraíso' renovable.
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