Tras años de tiras y aflojas entre la Comisión Europea y el Gobierno de España a cuenta de las enrevesadas relaciones financieras entre la Administración del Estado y Correos, que incluso dieron lugar a un expediente sancionador que obligó al operador postal estatal a reintegrar hace apenas dos años 167 millones de euros a las arcas del Estado por la financiación recibida de más por la prestación del Servicio Público Universal - el conjunto de servicios de dudosa rentabilidad que realiza Correos para dar cumplimiento a las obligaciones de servicio público establecidas por la legislación postal y, a ojos de los competidores de Correos, la excusa perfecta que utiliza el Estado para garantizar una ventaja competitiva a su empresa en los sectores en los que opera-, Bruselas ha dado por conseguido el objetivo de poner el 'contador a cero' en la vinculación patrimonial entre el operador postal público y el Estado, titular del 100% del capital del grupo.
Compensados ya los 167 millones de euros que la Comisión entendió que Correos recibió de más del Estado durante el periodo 2004-2010, Bruselas avanzó en mayo que el operador postal público no tendría que reintegrar a las arcas estatales cantidad alguna por la retribución del SPU recibida para el periodo 2011-2020 - que también fue objeto de investigación por las autoridades europeas -al entender que en esta ocasión las cantidades percibidas sí se ajustaron al coste real asociado a la prestación de ese servicio. Correos sí verá reducida su asignación presupuestaria para este año 2020, en el que esperaba recibir 120 millones de euros según lo previsto en los presupuestos prorrogados de 2018 pero en el que finalmente solo ingresará 61 millones de euros para cumplir el marco plurianual aprobado por la Comisión. Prospera así la ofensiva diplomática que Correos y el Gobierno desplegaron durante meses con la ayuda de los servicios jurídicos de Sepi para impedir otro revés en Bruselas y esquivar la que hubiera sido la segunda multa de Europa en apenas dos años. Pero la cosa no quedó ahí.
Durante el minucioso proceso de análisis al que los técnicos de la Comisión sometieron las relaciones financieras entre la Administración del Estado y Correos detectaron, escondida en los Presupuestos del Estado, una provisión de 478,92 millones de euros a favor de Correos en concepto de pagos pendientes por la retribución del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal (SPU). Según fuentes conocedoras de ese apunte presupuestario, la cantidad traducía el reconocimiento explícito por parte del Gobierno de la insuficiencia de las asignaciones presupuestarias realizadas desde el año 2015 para cubrir el coste del SPU en relación al coste real de ese servicio, que un informe interno del Ministerio de Fomento valoró en su día en 220 millones de euros.
Para los competidores de Correos, sin embargo, esa provisión no es más que una suerte de 'fondo de rescate' anclado en las cuentas públicas para la eventualidad de que las cuentas del operador estatal experimentaran un súbito deterioro y requirieran de un apoyo extraordinario del Estado. El caso es que como quiera que en el periodo 2015-2019 la asignación presupuestaria por ese concepto nunca alcanzó la referencia de 220 millones establecida en su momento por la Administración de Mariano Rajoy esa 'hucha' no hizo otra cosa que crecer hasta rondar los 500 millones de euros en 2019.
Una 'escudo presupuestario' de cerca de 500 millones de euros a favor de Correos que la Comisión Europea ha instado al Gobierno a liquidar para terminar de poner en orden las cuentas del operador postal público con el Estado...y con la competencia, promotora al fin y al cabo de todo el proceso comunitario contra Correos. Según fuentes de Hacienda, el Ejecutivo sustanció la liquidación de esta provisión en el cierre presupuestario del año 2019, antes incluso del pronunciamiento formal de Bruselas sobre las asignaciones presupuestarias a Correos durante el periodo 2011-2020, con la justificación de que "la nueva versión del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal notificada a la Comisión Europea supone que los importes entregados a cuenta con cargo a los presupuestos del Ministerio de Fomento en los ejercicios 2011 a 2019 exceden ya del coste neto de prestación del servicio postal universal en dicho periodo".
Una nueva etapa para Correos
Traducido a números, el asunto es que como el Gobierno y Correos habían consensuado con Bruselas que el coste 'de equilibrio' del SPU para el periodo 2011-2020 sería de 128 millones de euros, disponer de una provisión a favor sobre la base de que el coste real de esa prestación era de 220 millones no tenía mucho sentido. La solución convence a Bruselas, que logra su objetivo de poner el 'contador a cero' en la relación financiera entre el Estado y Correos; libera de una eventual carga futura de 500 millones de euros a las arcas del Estado respecto de Correos; y según fuentes del operador postal también satisface a Correos ya que sustancia el expediente de la Comisión sin salida alguna de fondos de la caja - al contrario de lo que ocurrió en 2018 y arrastró los resultados del operador a unas pérdidas millonarias - y consigue al fin certidumbre sobre el marco de relación entre Correos y el Estado, que ahora deberán afrontar el hito de diseñar el marco de retribución del SPU para el periodo 2021-2025.
Lo harán al fin sin la amenaza de los sucesivos expedientes abiertos por la Comisión Europea que han dilatado la aprobación de ese sistema durante años, pero también con el desafío de adaptar la retribución por parte del Estado del SPU al inesperado desplome del negocio postal que se le ha caído a Correos en torno a un 26% en 2020. Desde Correos se relativiza la relevancia de la retribución del SPU sobre la operativa del Grupo, en la que apenas supone un 5% de la facturación total de la compañía.
Correos está sumida en el mayor proceso de transformación de su historia reciente con el horizonte de evolucionar desde su actual piel como operador postal tradicional hacia un futuro como operador logístico integral. La compañía no ha dejado de dar pasos en esa dirección en los últimos meses y en el balance del ejercicio de 2019 su presidente, Juan Manuel Serrano, presumió de que la compañía había sido capaz de mover en torno a un millón de paquetes diarios y había conseguido incrementar su facturación en este segmento en un 17%.
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