Bruselas irrumpe en el proceso de EEUU para evitar 'destapar' datos en el Popular

  • La Comisión Europea solicita al tribunal de Nueva York la admisión para proteger la confidencialidad de los informes pertenecientes al BCE y la JUR.
Una oficina del Banco Popular. / EFE
Una oficina del Banco Popular. / EFE

Bruselas no está dispuesta a que un Tribunal de Estados Unidos decida sobre los informes confidenciales y extremadamente sensibles de la resolución del Popular sin intervenir. La Comisión Europea ha solicitado incorporarse al proceso iniciado por los inversores mexicanos del banco liderados por Antonio del Valle y los bonistas Pimco y Anchorage con la intención declarada de proteger los papeles decretados secretos por la Junta Europea de Resolución (Jur) y el Banco Central Europeo (BCE). 

Se persona en calidad de amicus curiae -parte no contendiente-, alegando que jugó tal rol en procesos de ‘discovery’ similares en 2015 -en el caso de supuesto acoso de la economista holandesa Heleen Mees al economista jefe de Citigroup Willem Buiter- y en dos investigaciones sobre carteles de precios en productos de caucho en 2007 y en comisiones a comercios por tarjetas bancarias en 2010. La admisión la decidirá el juez, tras escuchar a los abogados de las partes.

Su despacho belga WilmerHale circunscribe su misión a la defensa de las tesis del BCE y la JUR, que niegan la divulgación de nuevos datos para evitar un perjuicio al sistema financiero o a sus propios mecanismos si revelan al mercado los criterios establecidos en los procedimientos de actuación con entidades frágiles. Según el bufete, la Comisión “no toma posición” sobre el resto de informes cuyo velo buscan levantar los grandes inversores y que básicamente mantiene bajo llave el Santander para proteger sus decisiones estratégicas.

El banco ha logrado aglutinar en uno los procesos instados por los inversores aztecas, que vieron esfumarse 470 millones de euros en acciones del Popular durante la resolución, y los bonistas -643 millones-. Se espera que el Tribunal Federal de Nueva York decida en julio o agosto si hay caso y si ordena la entrega de una documentación específica o deja a las partes acordar cuál.

La oscuridad’ sobre el colapso del Popular es un año después de su ‘rescate’ una queja universal de los más de 305.000 inversores que vieron reducida a la nada más de 3.000 millones de euros en acciones y bonos aquel 7 de junio, y hoy anegan los tribunales -solo en la Audiencia Nacional hay 259 recursos contencioso-administrativos, a sumar a los 97 interpuestos en el Tribunal de Luxemburgo y otros, por el momento, sin cuantificar, en la vía civil-. Denuncian que su desconocimiento perjudica  su defensa y de ahí que bonistas y empresarios aztecas activasen el caso en EEUU para, exclusivamente, forzar el acceso a papeles sin ser reclamación o demanda al Santander.

El banco se entregó un día 6 y el 7 amaneció con su operativa normal, pero propiedad del Santander, que había regado sus vacías cañerías con 13.000 millones de liquidez y ampliaría en 7.000 millones el capital para absorberlo. Aquella operación, inédita en Europa porque se ‘rescataba’ un banco ilíquido aunque regulatoriamente solvente, estrenando además el  Mecanismo Europeo de Resolución, se armó y cerró en escasas horas de infarto. Y un año después los afectados ni siquiera saben si hubiesen recibido mejor trato de llevar el banco a un proceso concursal, informe encargado, como el de valoración, también a Deloitte y cuyo resultado sí o sí tendrá que divulgar la JUR.

Los inversores mexicanos piden transparencia

"Es llamativo que un año después de la resolución de Banco Popular, la JUR, el gobierno español y Santander continúen dedicando esfuerzos para evitar la transparencia respecto al proceso de resolución y la base sobre la cual se ordenó. No obstante, los inversores continuarán luchando para lograr la transparencia que merecen y que los gobiernos de la UE y España asuman responsabilidades", explica Javier Rubinstein, abogado de Kirkland & Ellis LLP, el despacho que representa a los inversores mexicanos. En EEUU busca compilar pruebas para litigar en Europa y de cara al arbitraje que activará contra España a partir del 22 de julio.

Sus representados denunciaron en el Tribunal de Luxemburgo que el organismo presidido por Elke König violó la norma al obviar la existencia de soluciones privadas alternativas, en alusión a la macroampliación de capital que buscaba lanzar el banco y donde se involucró personalmente Antonio Del Valle para convencer a grandes inversores. En su recurso desveló que había 1.900 millones dispuestos para inyectarlos en el banco a través de la ampliación y pertenecientes a los inversores mexicanos, Pimco, Ancorage y potencialmente Allianz y Crédit Mutuel.

Entre los pasajes oscuros, los que mayor interés suscitan, figura la gestión de la crisis de liquidez por parte de los antiguos ejecutivos y consejeros de la entidad y del propio organismo supervisor, si como parece fue informado en marzo de la acuciante salida de depósitos y continuó varios meses más desangrándose. Pero una vez extinguida la entidad e integrada casi por completo en Santander, cobra importancia saber cuál era el valor de la entidad y su agujero real pese a que la JUR ya arguyó que el precio lo fijó la única oferta sobre la mesa porque la alternativa era ir a una liquidación concursal más lesiva -proteger los  depósitos garantizados habría costado 36.000 millones de euros-.

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