El partido no ha acabado. La Comisión Europea (CE) tiene unas semanas para revisar su plan de choque contra la crisis energética por la invasión rusa de Ucrania. El órgano que preside Ursula von der Leyen rematará la reforma definitiva en mayo, que estará condicionada por los informes finales de los supervisores sectoriales agrupados en la Agencia de Cooperación de Reguladores de la Energía (ACER) y de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés), cuya publicación quedó agendada para este mes de abril. Bruselas tendrá muy en cuenta ambos documentos a la hora de aprobar cualquier reforma que pueda afectar al funcionamiento del mercado energético común, como lo es el tope al gas que contempla el plan de Moncloa para exprimir la 'excepción ibérica'.
Lo que está por decidir es la versión final del paquete de medidas que la Comisión publicó a principios de marzo, conocido como toolbox en la jerga. Fuentes del sector esperan "una propuesta más contundente o, al menos, que ayude a definir el mapa energético europeo a más largo plazo" que esta 'caja de herramientas' provisional. Dadas las limitaciones del primer texto, la mayoría de los gobiernos europeos optaron por limitar sus planes 'antiguerra' a medidas fiscales para aliviar la subida de la luz. No fue el caso de España y Portugal, que lograron el visto bueno de Bruselas para acometer ciertas reformas en el mercado energético ibérico, un margen que los supervisores europeos podrían poner en tela de juicio en los próximos días.
En la cumbre del Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo portugués, Antonio Costa, lograron arrancar en Bruselas "un trato especial para la península ibérica", en palabras de la propia Von der Leyen. Ambos gobiernos han estirado ese compromiso con el objetivo de capar, al margen del resto de socios europeos, el precio de las ofertas de los ciclos combinados que emplean gas para producir electricidad. El acuerdo de Bruselas nunca fue un cheque en blanco. Las autoridades comunitarias supeditaron su respaldo definitivo al plan ibérico al precio regulado que definieran ambos países.
España y Portugal acordaron un price cap de 30 euros/MWh tras días de tira y afloja entre aliados, según fuentes cercanas a la negociación que aseguran que Sánchez se impuso a Costa, quien era partidario de proponer un tope menos ajustado y con más opciones de pasar el filtro de Bruselas. El citado umbral ha irritado a las grandes eléctricas españolas y portuguesas, que han vuelto a las trincheras tras meses de calma chicha, y ha levantado ampollas entre varios países europeos, con Alemania a la cabeza, que ya han dado la voz de alarma frente al intervencionismo ibérico.
Según fuentes conocedoras del debate que se vive en Bruselas, el dictamen de los reguladores europeos es el próximo gran obstáculo que deberá sortear el 'plan Sánchez'. No lo tendrá fácil, dado que la letra pequeña del citado toolbox condicionaba la puesta en marcha de cualquier reforma del mercado energético a los informes de la ACER y la ESMA, dos instituciones que se han caracterizado por su férrea defensa del 'laissez faire, laissez passer' en el mercado energético común.
El plan de Moncloa para bajar la luz con un tope al gas está supeditado al informe de la ACER y la ESMA, dos supervisores que se han caracterizado por su férrea defensa del 'laissez faire, laissez passer'
La Comisión Europea ya ha recibido las conclusiones finales de la ESMA sobre el funcionamiento de los mercados de derechos de emisión de CO2, cuya escalada es la principal causa del encarecimiento de los precios de luz, gas y carburantes. La CNMV europea no atisbó anomalías en la actividad del mercado de derechos de emisión y limitó sus recomendaciones a la aplicación de medidas que refuercen la transparencia de sus operaciones. Se trata del primer varapalo contra las aspiraciones de Moncloa de articular reformas estructurales en el pool.
El informe de los reguladores nacionales del sector de la energía aún no ha llegado a manos de la Comisión Europea, pero los antecedentes son poco halagüeños para los objetivos de Moncloa. El pasado noviembre, la ACER publicó, a petición del órgano que pilota Von der Leyen, un estudio preliminar sobre los precios de la energía y el diseño del mercado interior. El documento del supervisor advirtió de las amenazas de alterar las reglas del mercado común y defendió con firmeza el actual modelo marginalista, donde la última tecnología en entrar al pool, generalmente la más cara, determina el precio de toda la oferta. Estas reglas del juego son, precisamente, las que España y Portugal tratan de soslayar aprovechando el reconocimiento de 'isla energética' que les ha otorgado Europa.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios