Nuevo toque de atención de la Comisión Europea al Ministerio de Transportes por no transponer a tiempo una normativa comunitaria implantada a tiempo. Bruselas ha remitido recientemente una carta de advertencia al departamento que dirige Raquel Sánchez, con el objetivo de que explique y determine cuándo va a hacer efectiva la adaptación de la ley que rige las normas de seguridad en la red de carreteras del Estado. La misiva es el primer paso de Europa antes de pasar a mayores y elaborar un dictamen o, en el peor de los casos, remitir la parálisis al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que tome cartas en el asunto.
La decisión de los organismos comunitarios se ha producido pese a que la pasada semana Transportes movió ficha. El ministerio anunció la aprobación del Real Decreto que modificaba la antigua directiva y actualizaba así la normativa sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias. Según explicaron desde La Moncloa, con este nuevo movimiento se transponía al ordenamiento jurídico de España la decisión que tomó el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa el pasado 23 de octubre de 2019.
Pese a ello, dos días después Bruselas actualizaba su listado de infracciones sobre países comunitarios y daba un nuevo toque de atención al Ministerio de Transportes. Se trata de la primera carta de emplazamiento que recibe la ministra Sánchez durante este 2022, pero desde que relevó a José Luis Ábalos en el cargo ya acumula más de un tirón de orejas. El anterior llegó con motivo de la ley del coche eléctrico, por la que Transportes finalmente reaccionó y terminó adaptando fuera de tiempo y de manera exprés la normativa a los estándares europeos. Al respecto de la nueva misiva de Bruselas remitida recientemente al Gobierno, el Ministerio de Transportes no ha realizado declaraciones a La Información.
La carta de emplazamiento es la primera vía de diálogo que abre Bruselas con los Estados miembro cuando no están haciendo los deberes. El próximo paso es ofrecer a España la posibilidad de presentar sus observaciones y, de no cerrar el caso, el siguiente podría ser elaborar un dictamen motivado que acredite la falta de agilidad del Ejecutivo. En el peor de los casos y siempre que se hayan agotado las vías mencionadas anteriormente, el Estado podría empezar a recibir sanciones por seguir incumplimiento de manera reiterada las indicaciones.
No hay que olvidar que España agotó esta última fase el pasado año. La lentitud en la reforma de la Ley de Protección de Datos se tradujo en una multa de 15 millones de euros y otros 89.000 euros a pagar por cada día de retraso que tardase desde ese momento hasta que se pusiera al día. Se trataba de un caso inédito, habida cuenta de que nunca antes el TJUE había impuesto dos tipos de sanción de manera simultánea en toda la historia. En este caso, el conflicto arrancó en el verano de 2018. En defensa de su actuación, el Ejecutivo alegó "circunstancias institucionales muy excepcionales" porque se encontraba en funciones.
Reducción de la siniestralidad
Las nuevas directrices establecían objetivos estratégicos de la Unión Europea para reducir a la mitad el número de muertes en carretera hasta 2020 -en comparación a 2010- y, además, estar cada año más cerca del objetivo de cero víctimas mortales, meta que había que cumplir ya en 2050. Cada Estado miembro tenía de plazo de tiempo para notificar de sus actuaciones a la Comisión hasta el pasado 17 de diciembre. También debían informar de la lista de autopistas y carreteras principales del país que están exentas o incluidas en el ámbito de aplicación de la directiva.
Con todo, España ha ido reduciendo los datos de siniestralidad en las carreteras en los últimos años. Las cifras presentadas este mes de enero revela una caída en el número de fallecidos tanto en carreteras principales como secundarias, según el último informe anual. Se trata del segundo mejor año dentro la serie histórica, ya que solo está por detrás de 2020. No obstante, el año marcado por la pandemia presenta unas estadísticas distorsionadas por las duras medidas restrictivas de la movilidad, como el confinamiento domiciliario que se extendió durante casi dos meses con el primer estado de alarma.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios