Cabify acumula meses de una enorme tensión soterrada con sus socios dueños de licencias VTC. La compañía de transporte española mantiene un pulso con su principal aliado, Auro New Transport, que se ha trasladado a los tribunales. Pero también ha de lidiar con la rebelión de dueños de flotas de coches relativamente pequeñas que también han intentado abandonar la aplicación para trabajar con Uber y Bolt alegando un incumplimiento de contrato de la firma dirigida por Juan de Antonio. En los últimos días, ésta ha amenazado con la judicialización de los casos y la petición de indemnizaciones cuantiosas en caso de que no regresaran a su acuerdo de exclusividad en plazos de 48 horas. Muchos de ellos han decidido regresar.
El enfado con Cabify de algunos de esos gestores de flotas -en la mayoría de los casos con una decena o varias de vehículos en Madrid- ha sido creciente en los últimos años. La decisión de adquirir de manera directa las licencias que controlaba con mayoría accionarial el empresario andaluz Rosauro Varo en Vector fue uno de los grandes precedentes. Una parte de esos socios de la empresa vieron esta operación con ciertos reparos: la plataforma que debía entregar los servicios era también dueño de casi 2.000 permisos en toda España. Después llegó la pandemia, que hizo saltar por los aires el sector y la demanda de estos viajes, y también una mayor competencia. La estonia Bolt irrumpió a mediados del año pasado en el mercado e introdujo una mayor pelea por la provisión de coches, conquistando precisamente a los gestores más pequeños, con menos comisiones.
Con estos precedentes se han producido dos circunstancias que han ejercido como detonante. Primero una modificación tarifaria por parte de Cabify, que estos dueños de licencias entienden que incumple el contrato de exclusividad firmado con la plataforma. Y después una serie de sanciones administrativas que ha ido imponiendo la Comunidad de Madrid a los conductores por fallos en la hoja de ruta que se le exige tras cada uno de los viajes. Desde las VTC se entiende que estos problemas técnicos en la elaboración vienen marcados por un problema derivado de la startup española y, por tanto, también es motivo para desligarse. Eran las razones que esgrimían para la desconexión.
Finalmente cumplieron sus amenazas. Lo hicieron en las últimas semanas. Decenas de conductores dejaron de operar con Cabify en su plataforma y empezaron a hacerlo en otras, tal y como confirman fuentes del sector. Entendían que hay incumplimientos que lo justificaban y tomaron una decisión que despertó rápidamente la reacción de la tecnológica. Envió por medio de un burofax a estos proveedores un requerimiento para que volvieran en un plazo de dos días con indemnizaciones que van desde los 100.000 a los 300.000 euros. Se trata de operadores con un puñado de licencias o, en algunos casos, con algunas decenas.
En una de esas comunicaciones, consultada por La Información, la empresa alegaba que esto había sido una desconexión unilateral de la aplicación "sin causa justificada" y eso supone un incumplimiento de contrato. Sobre el cambio en las tarifas, con la introducción de una suscripción mensual con descuentos significativos entre otros, defiende que no puede admitirse esa queja porque siempre fue comunicado con anterioridad al lanzamiento -entiende que trata de buscar un mayor volumen de viajes y una mayor facturación-. Sobre la retención de dinero procedente de reservas de viajes no aceptados por los conductores, también insisten en que esa circunstancia también está tipificada en el contrato. Por último, respecto a la hoja de ruta reconoce que ha mantenido conversaciones con la Comunidad de Madird "para encontrar la forma en la que se pueda completar la hoja conforme a los criterios administrativos impuestos", pese a que la obligación legal de rellenarla está en el conductor.
Ante esa amenaza de sufrir penalizaciones cuantiosas fijadas por los contratos, los gestores de flota han decidido, en su mayoría, volver a conectarse a la aplicación y operar en exclusiva con la empresa, tal y como apuntan fuentes del sector. Sin embargo, la relación de la startup española con sus proveedores de servicios se ha vuelto a resquebrajar aún más después de más de dos años de desencuentros. Y ese trato ha de mantenerse durante más de un año, pues algunos de esos pactos, en algunos casos con prórrogas, llegan hasta finales del año que viene.
Fuentes de la empresa aseguran que tienen acuerdos firmados en vigor con empresas de transporte que "asumieron voluntariamente e incluyen una serie de derechos y obligaciones entre las que se encuentra un compromiso de exclusividad". Esos contratos, según apuntan desde la compañía, aportan "valor añadido" a las flotas gracias a diversas ventajas como una plataforma para seguir la actividad e los conductores o soporte específico.
Este regreso de las flotas desconectadas de la plataforma le ha permitido sobrellevar la reducción de coches en Madrid después de que Cibeles Comfort Cars, la empresa vinculada con Grupo Auro (fundado por el exjefe del taxi, José Antonio Parrondo, y respaldado por 'business angels' de internet y el empresario venezolano Alejandro Betancourt), desconectara formalmente sus vehículos de la aplicación el pasado viernes. La compañía argumentaba que la salida de dos directivos clave -entre ellos el antiguo responsable financiero, Juan Ignacio García Braschi, uno de los grandes artífices de los acuerdos económicos con los gestores de flotas en 2017 y 2018- desencadenaba la activación de una de las cláusulas de cancelación.
Pelea con el exdueño del taxi
Ante esta decisión, desde la startup, según explican fuentes cercanas, ha tratado de solicitar 'in extremis' medidas cautelares en los tribunales para tratar de frenar de alguna manera esta desconexión de los coches de Cibeles (con unas 1.000 licencias). Recientemente un laudo arbitral le dio la razón a Cabify y respaldó su contrato de exclusividad, rechazando que los vehículos operaran con otras plataformas como Bolt. Esta decisión extrajudicial choca con otra que se tomó respecto a la matriz Auro hace varios meses, adelantada por La Información.
Eso fue judicializado por Cabify en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y en una decisión llamativa optó por tumbar el resultado del arbitraje y dar la razón a la plataforma. Para pelear esto, Auro tratará de ir a la desesperada al Tribunal Constitucional. Pero mientras todo esto se dilucida, todos los coches del grupo están operando con otras plataformas como Uber o Bolt y ya negocia nuevos acuerdos de prestación de servicios. Las flotas más pequeñas que recibieron el serio aviso de sanciones están evitando problemas mayores de suministro.
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