Fue el pasado viernes cuando Cabify (y Uber) suspendió indefinidamente su servicio de VTC en Barcelona. El decreto ley del gobierno de la Generalitat fue la causa. La decisión se tomó 'in extremis', un día antes de la entrada en vigor. Ahora, la compañía española ha iniciado la comunicación a las decenas de grandes clientes corporativos de esta suspensión. "No nos ha dado tiempo a explicarles y ahora lo estamos haciendo", aseguran fuentes oficiales de la compañía.
Casi desde su arranque en el año 2011, Cabify puso el foco en el cliente corporativo. Era una de las salidas para tratar de diferenciarse en un mercado aún inmaduro. Hoy cuenta en España con varios miles de compañías que utilizan su solución. "Algunas de ellas son del Ibex", explican las mismas fuentes. Y a esas han empezado esta misma semana a dar sus explicaciones.
Es el último paso dado después de su salida del mercado catalán. No hay muchas alternativas. En estas primeras comunicaciones, la startup sólo se está limitando a informar sobre los problemas surgidos tras la regulación que impone el 'decreto Calvet', con el que se impone un tiempo de espera de 15 minutos para poder precontratar un coche de esta plataforma o de Uber.
¿Por qué esperar hasta ahora? Básicamente, según aseguran desde la empresa, no ha habido tiempo suficiente, pues aguardaron hasta el último momento para ver si, a la postre, el Gobierno de Torra decidía poner sobre la mesa o no el decreto. De hecho, el mismo jueves 31 de enero, a unas horas de que entrar en vigor, el Ejecutivo regional les convocó a una reunión urgente, una invitación que el sector de la VTC acabó declinando.
La convalidación, la prórroga
Mientras se tratan de recuperar del golpe, tanto las plataformas como los dueños de las licencias siguen albergando una pequeña esperanza en el periodo de treinta días previo a la convalidación del decreto ley por parte del Parlamento catalán.
Se va a tratar de contactar con los principales partidos del arco parlamentario para "intentar frenarlo". En paralelo, los equipos legales de todos los actores del sector ya se arman jurídicamente para batallar contra esta decisión y reclamar hasta 1.200 millones de euros en indemnizaciones.
Cascada de EREs... sin sindicatos
La entrada en vigor del decreto se produjo el pasado viernes. Pero los dos grandes grupos con más licencias en Barcelona -Moove Cars y Vector- han presentado sendos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) para casi 1.800 empleados. Se trata de uno de los mayores despidos colectivos de los últimos años.
Los trámites se han iniciado, aunque los despidos no se han producido. Y esta oleada de salidas se produce en un sector que aún no se ha sindicalizado. No tienen un convenio colectivo propio, ni hay representación sindical en estos grandes grupos, con los que se podía haber negociado algunos extremos de estas medidas.
¿Cómo se llega hasta aquí? Básicamente por la velocidad a la que ha crecido este sector -año y medio desde el aterrizaje de los grandes inversores y la configuración de los tres grandes grupos gestores de flotas- y por la falta de acuerdo entre los dos grandes sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO. El primero firmó una declaración de intenciones con la propia Cabify y Vector (Rosauro Varo). El segundo aseguró que no fue invitada y ha decidido no tomar partido en la guerra entre la propia VTC y los taxis. La realidad: no ha habido avances.
Entretanto, el taxi de Madrid sigue en huelga. Y la Comunidad de Madrid desiste de poner en marcha su reforma 'exprés' y lo deja en manos del Ayuntamiento de la capital. El sector decide hoy si mantienen el paro indefinido iniciado hace más de dos semanas.
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