Cabify ha reforzado su posición en Barcelona, ocho meses después de su regreso a través de un 'truco' legal con el que esquivó el decreto para restringir a las VTC aprobado por la Generalitat. La compañía, que sigue operando en solitario tras la decisión de Uber de no retomar su servicio, ha duplicado la flota de vehículos hasta alcanzar los 800 en la ciudad condal. Prevé reducir un 15% sus tarifas a final de año.
La plataforma española de VTC retomó el servicio en marzo, desafiando a la Generalitat. Lo hizo con una fórmula con la que quería esquivar el decreto aprobado en esa fecha y que imponía un periodo de precontratación de 15 minutos. ¿Cómo? Básicamente se convirtió en un operador tradicional de VTC a través de la compra de la sociedad Prestige and Limousine, imponiendo el cumplimiento de esa precontratación en el primer servicio con un contrato anual. El Govern impuso 50 sanciones de 1.000 euros, que han sido recurridas por la compañía.
Ahora, sube su apuesta. Desde hoy, según ha informado, duplica su flota de vehículos hasta los 800. Además amplía la cobertura de su servicio de reservas a Mataró, Terrassa, Martorell y Sitges. Para "premiar la fidelidad" de los clientes tiene previsto promover tarifas un 15% más baratas de cara a final de año.
"Seguiremos apostando por la ciudad y por la región", ha apuntado el presidente de Cabify Europa, Mariano Silveyra. La compañía se la jugaba con el cierre en Barcelona, dado que era uno de sus principales mercados -el segundo en España y uno de los primeros a escala global-.
Uber, mientras tanto, sigue sin mover ficha en el mercado catalán. Lo que sí ha estado haciendo en este tiempo es negociar con la Generalitat de Cataluña con el objetivo de suavizar el decreto. "Somos optimistas y encontraremos una solución a este problema; pero no, no tenemos ninguna fecha, y no depende de nosotros", apuntó Juan Galiardo, responsable para España del negocio de VTC de la multinacional estadounidense.
Mientras todo esto sucede, los dueños de las VTC siguen trabajando para pelear en los tribunales contra el decreto aprobado por el Gobierno de España en octubre del año pasado y que abrió la puerta a que las comunidades autónomas restringieran aún más la actividad de este sector. Elaboran una demanda por cada una de las licencias para reclamar la intervención del Tribunal Constitucional y denunciar que la indemnización que se planteó en tiempo (cuatro años de 'periodo de gracia') no es correcta.
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