Cabify quiere ganar tiempo ante el final del 'periodo de gracia' del llamado Decreto Ábalos. La compañía dirigida por Juan de Antonio busca oxígeno regulatorio y reclama al Gobierno que apruebe una moratoria. Y lo justifica en el golpe de la pandemia: las restricciones a la actividad implicaron una caída de la facturación que obligaría, según ellos, a una ampliación de ese plazo. Para justificarlo esgrime un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Barcelona que señala que ese retraso debería ser de dos años para reflejar ese impacto. El Ejecutivo no está por la labor y advierte que no tiene prevista una prórroga generalizada. El taxi está en guardia.
Este decreto aprobado en 2018 por el Ejecutivo -tras una primera 'guerra del taxi' especialmente dura con varias huelgas relevantes- planteaba un pago indemnizatorio a los dueños de las licencias. Las autorizaciones actuales sólo se podían utilizar para trayectos interurbanos. Para operar dentro de las ciudades, las comunidades deberían regular una segunda autorización antes del 30 de septiembre de este año. El pago para evitar una expropiación era en base a tiempo y no a dinero. Había cuatro años por delante. Pero estalló la pandemia justo en el ecuador de ese plazo. Y eso hundió el negocio del transporte en general, y el de la VTC en general.
Cabify, y otras grandes compañías del sector, están tratando presionar al Gobierno para que precisamente esas dificultades económicas pesen para llevar a cabo una "indemnización complementaria" por el número de años que permita recuperar las inversiones. "El propio decreto establece el mecanismo para solucionar este problema", asegura Javier Dorado, director de Asuntos Públicos de la compañía española. La firma no establece una cantidad de años concreta, pero un análisis económico y jurídico del impacto de la pandemia elaborado por investigadores de la Universidad de Barcelona habla de dos años más.
Ese análisis se basa en que el llamado 'decreto Ábalos' ya establece la posibilidad de que el titular de la autorización pueda solicitar una indemnización complementaria en caso de que considere que ese periodo de cuatro años es insuficiente y es capaz de justificarlo. Entienden que el daño de la Covid es una razón de peso para ello. Asegura que si no se ofrece una ampliación de ese periodo indemnizatorio no sería posible recuperar la inversión en este tipo de autorizaciones por parte de sus dueños.
En caso de que existiera un rechazo de esa indemnización 'extra' de dos años por parte del Gobierno, los dueños tienen el último clavo ardiendo al que se pueden agarrar: las reclamaciones patrimoniales. En su momento, se presentaron reclamaciones a través de los tribunales. Pero, lógicamente, la situación de la pandemia ha cambiado las potenciales exigencias económicas. Desde Cabify se niegan a hacer una estimación. Hay quien en el sector estima que podrían elevarse a los 2.000 millones de euros, pero son cifras aún no cerradas.
Existe un cierto vacío legal de lo que puede suceder a partir del día 1 de octubre. En teoría, las autorizaciones sólo se podrían utilizar para trayectos urbanos (la inmensa mayoría de los que se prestan) en las comunidades que tuvieran una regulación ya aprobada. Esos decretos se han aprobado principalmente en la Comunidad de Madrid y Cataluña. Otras como Andalucía, Comunidad Valenciana o Aragón han anunciado su intención de hacer lo propio pero aún no han dado el paso y quedan apenas tres semanas. Excepto el caso andaluz, la mayoría de las mismas apuntan a restricciones similares a las catalanas, como la precontratación o la prohibición de la geolocalización. Y eso también preocupa a las compañías.
Cabify volvió a operar a Barcelona con una 'triquiñuela' legal en 2019 y ha mantenido la misma operativa desde entonces. Pero esta nueva regulación se lo pone mucho más difícil. Para Bolt o Uber, España es un territorio relevante en lo económico pero no es decisivo en sus cuentas de resultados. Para la española, el mercado doméstico pesa bastante en la cuenta de resultados frente a Latinoamérica. La regulación que salga de esta nueva batalla va a pesar mucho en su futuro.
El taxi, en contra
En caso de que el Gobierno diera luz verde a esta ampliación, las compañías como la propia Cabify ganarían algo más de tiempo mientras las comunidades aprueban sus medidas y, sobre todo, el Tribunal Supremo se posiciona respecto a la ratio de una autorización VTC por cada 30 taxis o limitaciones como esa precontratación. Ambos temas los está analizando, incluso con una cuestión prejudicial presentada ante los tribunales europeos. Incluso en el escenario más optimista no habrá sentencia hasta finales de este año o principios de 2023.
El taxi no quiere ni oír hablar de una moratoria. Los cuatro años de 'periodo de gracia' ya fueron ampliamente criticados en su momento. Y ahora quieren que se cumpla. De hecho, varias asociaciones del sector en Cataluña presionaron y amenazaron al Ministerio de Fomento con duras movilizaciones el pasado mes de junio si se mantenía una reunión con las comunidades autónomas para, precisamente, aprobar esta moratoria. Esa reunión es suspendió y desde el departamento se han mostrado tajantes, al menos hasta ahora: no habrá un retraso generalizado y se estudiará "caso por caso" entre las demandas presentadas por los grandes dueños de autorizaciones en España.
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