Mientras se celebraba el ‘macrojuicio’ en la Sala Tercera del Tribunal Supremo el pasado mes de abril, Cabify solicitó ante la Comunidad de Madrid más de 61.000 licencias VTC. Su objetivo: protegerse ante el posible derribo de las limitaciones por los magistrados. Ahora, tras la decisión del Alto Tribunal de mantener los ratios vinculados al taxi, la compañía española, una de las grandes beneficiadas de este movimiento, entierra el polémico plan de inundar la capital de peticiones de autorizaciones.
“Era una estrategia para cubrirnos en un escenario de liberalización abrupta y desordenada; ahora con esta sentencia no existe posibilidad para un escenario así”, admite el máximo directivo para Europa de la compañía, Mariano Silveyra.
¿Por qué pedir 61.000 licencias sólo en Madrid?
El plan, desvelado por Vozpópuli y que generó una importante polémica no sólo en el sector VTC sino también en el del taxi, era claro: reclamar prácticamente las mismas licencias de VTC en Madrid que las que hoy operan en el sector del taxi en toda España. Su intención era, según su directivo, “protegerse” ante un aluvión de licencias solicitadas no sólo por particulares y pequeñas empresas sino por otros gigantes gestores de flotas de conductores (y licencias) como Moove Cars (Castellanos) o Gesstaxi (Parrondo).
Hasta hace algo más de un año, cuando el sector se empezó a configurar en torno a un puñado de compañías que gestionaban el grueso de licencias para explotarlas en plataformas como Uber o la propia Cabify, ésta se hizo con licencias a través de diferentes filiales. Posteriormente, vendía esas licencias a conductores y pequeñas empresas a un precio de 24.000 euros con una condición: un periodo de exclusividad de 2 años para el conductor que adquiría el permiso.
Desde que entraron en escena estos grandes ‘amos’ de la VTC, Cabify decidió ceder la gestión de las licencias que aún ostentaban de manera directa o, a la postre, venderlas. En el primer grupo está su alianza con Rosauro Varo en su matriz principal de licencias Maxi Mobility Transporte de Viajeros SL que se convirtió en Vector Ronda Teleport tras la entrada del capital del exdueño de Pepephone y otros inversores (con la que buscan adquirir hasta 1.500 licencias). En ella Juan de Antonio, fundador de Cabify, está de presidente y Juan Ignacio Braschi, responsable financiero de la compañía, como CEO.
En el segundo grupo está el caso de Moove Cars, que surgió como una de las filiales que colgaban de la matriz de licencias, Yirmi UC Fiesta Omnibus SL. Contaba con 75 licencias VTC registradas a finales del año pasado. La entrada de Castellanos (Lazard), Puga (exAdif) y otros inversores ha acabado construyendo un megagrupo que gestionará las casi 4.000 licencias compradas a los hermanos Ortigüela (Ares Capital) por parte del ‘megafondo’ King Street Capital.
Uno de los grandes beneficiados de la sentencia
Con el último plan de solicitar 61.000 licencias, el objetivo era tener las espaldas cubiertas ante un aluvión de permisos. Pese a las presiones ejercidas por todo el sector de la VTC para que se mantuvieran las limitaciones y el ‘statu quo’ (sólo las casi 10.000 licencias solicitadas entre 2013 y 2015 que quedan aún por aterrizar en el mercado a través de sentencias del Tribunal Supremo).
“Una vez cerrado este escenario ‘B’, se cierra página”, explica el directivo, quien apostilla: “Este dictamen refuerza nuestra estrategia inicial abierta y pública y es que no estamos a favor de una liberalización abrupta y desordenada”, subraya. Ese cambio de estrategia se produjo después de que se presentara como ‘codemandante’ de la mano de la CNMC y Uber y se confirmó durante la vista oral, donde reclamó límites en la concesión de licencias, aunque "más bajos y acorde al mercado".
De esta forma, la sentencia convierte a Cabify en uno de los grandes ganadores, junto con el resto de grandes gestores de flotas de VTC. Esta particular victoria gracias a la sentencia del Supremo, que, en teoría, cierra la puerta a todas las licencias solicitadas masivamente (también por Cabify) en los últimos meses, permite a la compañía no sólo guardar guardar a buen recaudo sus activos -hoy tiene entre sus activos centenares de permisos que en un escenario de liberalización total reducirían su valor dramáticamente- sino también protegerse ante el crecimiento de su máximo competidor, Uber o a la posible entrada de otros operadores europeos o estadounidenses. “Las 10.000 licencias que llegarán al mercado requieren mucho esfuerzo de inversión”, apostilla.
Registro de la marca ‘Maxi Mobility’
Al margen de su estrategia con las licencias, Cabify ha iniciado los trámites para el registro de la marca ‘Maxi Mobility’, la firma que da nombre a las sociedades con las que opera en España y también de la matriz, con sede en el estado norteamericano de Delaware.
La compañía ha arrancado los trámites tanto en la Oficina de Patentes y Marcas de España como la europea. “Es la marca que hace de paraguas del grupo debajo del cual hay diferentes marcas y de ahí el sentido de haber registrado la marca… sobre todo por si tuviéramos la intención de usarla”, explica. ¿La usará? “Lo evaluaremos y discutiremos, pero por ahora nuestro plan es trabajar con cada una de ellas”, apunta. Entre ellas está Easy Taxi, la compañía latinoamericana que adquirió el pasado año para tratar de hacer frente a Uber; Movo, de alquiler de motos eléctricas; o la joint-venture con Glovo en Latinoamérica.
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