Se cumplen seis meses del regreso de Cabify a Barcelona. En marzo, la compañía española esgrimía un 'truco' legal con el que esquivaba el decreto de la Generalitat para bloquear la actividad de las VTC en la Ciudad Condal. Ahora, ante la presentación de varios expedientes sancionadores por su operativa, ha presentado recursos de alzada y guarda la 'bala' de los tribunales de justicia para seguir ganando tiempo. Hoy trabaja con varios cientos de vehículos en la ciudad de las diferentes compañías que controla.
Fue en marzo cuando la compañía española dio un giro a su estrategia. Desafió a la Generalitat con su regreso a Barcelona después de que se diera luz verde a la precontratación previa con un periodo de 15 minutos. Lo hizo con una 'triquiñuela': crea, a través de su sociedad Prestige and Limousine (comprada al exjefe del taxi José Antonio Parrondo unos meses antes) un contrato de un año, por lo que interpretan que el servicio se alarga durante esos doce meses. La consecuencia es que, según esa forma de interpretar la legislación, esa espera sólo se debe hacer en el primero de todos los viajes y no en cada uno de ellos.
Este movimiento generó un efecto inmediato en la Generalitat. El departamento de Territorio inició más de medio centenar de expedientes sancionadores por más de 50.000 euros a finales de mayo. Entendía que se había saltado la 'ley anti VTC' aprobada semanas antes. La compañía ha presentado recursos de alzada contra estas decisiones. Y tras agotar las vías administrativas acudirán a los tribunales con los que quieren demostrar la legalidad.
Fuentes conocedoras confirman que acudirán a los tribunales para presentar demandas contra estas decisiones de la Administración autonómica. Estos recursos acarrearán meses de tramitación, hasta que haya un pronunciamiento firme que determine si, realmente, su forma de operar respeta la nueva ley catalana que regula el sector. Algunas de esas fuentes aseguran que podrían alargarse más de un año hasta que exista una sentencia firme.
Mientras eso sucede, Cabify seguirá operando no ya como plataforma que integra a otras compañías prestadoras del servicio, sino como una 'VTC tradicional' que cuenta con licencias propias (más de 250 activas hasta 2021, según el registro del Ministerio de Fomento, sólo con su firma Prestige and Limousine) y conductores en nómina. En el sector del taxi dan por hecho que la batalla judicial se alargará durante más de un año, como ha sucedido con otros casos.
Más control sobre el registro
Entretanto esta batalla se sustancia, la Generalitat también está poniendo el foco sobre todo en el cumplimiento de otros aspectos de la ley como el registro de cada uno de los viajes en el Registro de Comunicaciones de VTC del Ministerio de Fomento. Según confirman varias fuentes del sector, en los últimos meses se están produciendo numerosas comprobaciones por parte de la Guardia Urbana de Barcelona sobre si los vehículos han dado cuenta de los servicios en la plataforma.
Con todo, el otro gran rival de Cabify en el sector aún no ha querido mover ficha. Pese a poder recurrir a cientos de licencias para operar en la ciudad en manos de su socio de referencia, el gestor de flotas Moove Cars (invertido por el fondo King Street Capital o el empresario español Jaime Castellanos), Uber descarta en el corto plazo seguir los pasos de la española con esta 'triquiñuela' legal.
¿Y el resto de comunidades?
Cataluña no es la única comunidad autónoma que está tratando de cerrar el paso a las plataformas de VTC. La Comunidad Valenciana es el otro gran caballo de batalla. Y en este territorio se repite la situación catalana: Cabify mantiene su desafío a la administración regional con el 'truco' legal que ha replicado, mientras Uber no le ha seguido los pasos y a finales de mayo salió de este mercado de manera indefinida.
Al 0tro lado se encuentran los particulares 'oasis' para las compañías del sector: Andalucía y Madrid, ambas gobernadas por el Partido Popular. La primera sigue en un 'tira y afloja' con el taxi para la aprobación de una legislación que plantee la precontratación y otras limitaciones a las plataformas. La segunda no dio su brazo a torcer a principios de año tras dos semanas de huelga del taxi.
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