Hasta veintitrés grandes empresas han anunciado, en cadena, una ola de ERE en los primeros cuatro meses del año. Desde el sector bancario al turístico pasando por el textil o el automóvil. Industrias estratégicas para nuestro país que, algunas de ellas, ya antes del Covid venían arrastrando serios problemas de rentabilidad y cuyos planes de reestructuración se han acelerado en vísperas de recibir los fondos europeos. En este momento hay más de 29.000 puestos de trabajos amenazados por esta oleada de despidos, prejubilaciones o bajas incentivadas. El Gobierno ha encendido la luz de alarma y ya ha salido de manera coordinada, con Nadia Calviño a la cabeza, a intentar frenar un incremento de los datos del paro en un momento de 'impasse' para la economía nacional. Ha habido un cambio de actitud con el sector financiero.
Es la banca la que lidera el listado negro de los ERE. 20.000 empleos del sector se encuentran en este momento en el aire, con CaixaBank a la cabeza del mismo. La entidad fusionada anunció esta semana una reducción de 8.291 puestos de trabajo, una cifra histórica. 24 horas más tarde el varapalo llegó desde el BBVA con el planteamiento de una reducción de 3.798 empleados. Llueve sobre mojado ya que a estos planes hay que sumar el ERE de Santander anunciado a finales del año pasado y que afectará a 3.572 trabajadores; el del Sabadell, con 1.875 empleos en el aire; el de Ibercaja, con 750 salidas; y el de Unicaja-Liberbank, aún por definir pero que se prevé que alcance a entre 1.000 y 2.000 trabajadores.
Son 20.000 empleos en un sector en plena reconversión, amenazado por nuevos actores (las bic tech) y con un escenario creciente de recorte de costes. El momento de poner en marcha estos ERE no convence al Gobierno, que ha cambiado radicalmente su discurso con el poder financiero. Si hasta ahora se ha podido ver a Ana Botín o a Carlos Torres acudiendo a las llamadas de Pedro Sánchez o Nadia Calviño -ocurrió, por ejemplo, durante la presentación del plan del Gobierno para este curso político en la Casa de América de Madrid- la vicepresidenta económica ha liderado un duro alegato del Ejecutivo hacia los grandes banqueros por una decisión que consideran que no se adecua con los tiempos económicos.
Incluso Calviño, acompañada por la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el titular de Inclusión, José Luis Escrivá, ha puesto sobre la mesa los elevados sueldos y bonus que perciben los directivos de las entidades financieras que plantean estos ajustes de personal. El Gobierno está maniobrando con estos presidentes -las conversaciones son al más alto nivel- para intentar reducir los ERE y, además, buscando mecanismos para limitar esos salarios. No obstante, el Gobierno es consciente de sus limitaciones en compañías privadas de este estilo y sólo cuenta con influir, de una forma limitada y tal como ha solicitado Unidas Podemos, a través de la participación del Frob en la nueva CaixaBank. El Estado dispone de un 16% de la entidad y de una consejera, Teresa Santero.
Los ERE afectan también a compañías emblemáticas del tejido empresarial nacional. Es el caso de El Corte Inglés, donde la reestructuración, que es inédita, afecta a 3.292 trabajadores. En este caso el Gobierno se entrevistó con la cúpula de la compañía para intentar rebajar las cifras iniciales, que eran de 3.500 empleos. Fue una cumbre en el Ministerio de Trabajo entre Yolanda Díaz y la cúpula de los grandes almacenes, tal y como se contó en estas páginas. Asistieron el consejero delegado, Víctor del Pozo, y el director de Recursos Humanos del grupo, Manuel Pinardo. El Gobierno también prevé intervenir en los ERE de la banca. Pero para hacerlo es necesario que algunas de las partes, empresas o trabajadores, lo soliciten. Entonces la Vicepresidencia tercera, a través de la Dirección General de Trabajo, ejercerá las facultades de asesoramiento o mediación previstas en el artículo 10 de real decreto 1483/2012, explican fuentes gubernamentales.
Dos ERE más que afectarán a centenares de puestos de trabajo son los planteados, de mayor a menor, por H&M (1.100 empleados); Naturgy (1.000), que se encuentra pendiente de la decisión del Gobierno sobre la OPA lanzada por el fondo australiano IFM; Ford (630), Indra (580) y Douglas (492). Se trata de grandes compañías de diferentes sectores: textil, energía, automóvil, tecnología o perfumería, lo que ofrece una idea de que las reestructuraciones son transversales en el tejido productivo.
El turístico y la restauración es otro de los sectores más perjudicados por los ERE. En el listado de bajas de personal se incluyen compañías como Logitravel (300 salidas), W2M (246), de Iberostar (200), NH (187), TUI (180) y el hotel Palace de Madrid (152). A ellos hay que sumar más reestructuraciones en Coca-Cola (360), en Adolfo Domínguez (300), en Supersol (252) y en Heineken (228).
Son más de 29.000 empleos en juego y la previsión de nuevas reestructuraciones en otras compañías. En Airbus, por ejemplo, los trabajadores mantienen movilizaciones para evitar que se destruyan puestos de trabajo. Esa es, precisamente, una de las preocupación del Gobierno central: la tensión social que puedan provocar esta salidas en un momento especialmente complicado. El desmontaje de la reforma laboral, mientras tanto, sigue negociándose no sin pocos problemas. Yolanda Díaz ya ha dejado claro que su calendario contempla aprobar todas las medidas que acordó el Gobierno de coalición a lo largo de este 2021.
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