Hacienda se ve abocada a costear el servicio bancario de cuenta corriente para el pago de nóminas de sus empleados. La banca se niega a hacerlo gratis, como venía haciéndolo hasta ahora CaixaBank. La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri decidió no prorrogar el acuerdo anterior en virtud del cual no cobraba por hacer de depositario con intención de renegociar los términos y pedir, esta vez, cerca de 40.000 euros por mantener un saldo medio de 1,5 millones de euros y realizar unos 103.000 movimientos.
El Ministerio se ha visto obligado por necesidad a reconfigurar este contrato dos años antes de lo previsto. Tras firmarse en 2017 por un periodo de dos años y ejecutarse la primera prórroga con fecha de finalización a finales de 2021, CaixaBank manifestó su intención de no querer continuar ofreciendo este servicio bajo las mismas condiciones de gratuidad. Hasta ahora no conllevaba ningún coste para la Administración, pero el Gobierno es consciente de que las licitaciones que se han estado tramitando por otras autoridades públicas estaban quedando desiertas si no se fijaba, al menos, un coste mínimo.
Fuentes conocedoras de este procedimiento explican a La Información que el cobro ahora por este servicio se debe al contexto de tipos negativos. Los recursos invertibles son un coste para las entidades, derivado de la política de facilidad de depósito establecida por el Banco Central Europeo (BCE), que está establecido en el -0,5%. Además de esto, el adjudicatario debe asumir los gastos de la publicación de la licitación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y otra serie de costes internos asociados a transacciones y operaciones, incluyendo el personal dedicado a dar el servicio y otros indirectos por la gestión asociados al contrato, sin que existan ingresos directos que lo compensen.
Algunos ejemplos a los que hace referencia son los contratos sellados con otros bancos por la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) o incluso el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030. El criterio de adjudicación venía siendo el diferencial ofrecido respecto al Euríbor, pero el órgano de contratación de Hacienda y Función Pública se ha dado cuenta de que debe comprometer un gasto para que las entidades financieras puedan financiar los costes en los que incurren con la apertura de estas cuentas.
La nueva oferta de CaixaBank ha sido de nuevo la ganadora, pero en esta ocasión se beneficiará de unos ingresos, aunque sean ajustados, por asumir estos trabajos. El banco recién fusionado con Bankia conquistó al Ministerio al ofrecer la cuenta corriente por 39.250 euros. Ahora será el grupo de confianza de esta cartera durante los próximos dos años, con posibilidad de ampliar anualmente y hasta un máximo de cinco años. Cuando lleguen las prórrogas será cuando el banco podrá de nuevo repensar su estrategia y decidir si continúa a ese precio o vuelve a suspenderlo. Banco Santander fue algo más ambicioso, pues quería cobrarle 45.000 euros y por ello quedó fuera.
No obstante, la entidad que capitanea Ana Botín se hizo por primera vez con la gestión de las cuentas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tuvieron que pasar tres décadas para que BBVA perdiera su condición de entidad de referencia para el organismo que controla los mercados, un título que ostentaba desde que la institución nació en 1988. Banco Santander le birló las cuentas al grupo que venía prestando este servicio en todas sus acepciones históricas. La relación se inició con Caja Postal, continuó con Argentaria y prosiguió con BBVA hasta 2020.
También ostenta las de la CNMC pese a su escasa rentabilidad. De hecho, en este caso ocurrió algo parecido a lo sucedido entre CaixaBank y Hacienda. Banco Santander había firmado en 2019 un contrato con el organismo que preside Cani Fernández para gestionar trece cuentas corrientes con régimen de depósito relacionadas con al sector de la energía y que finalizaba en abril de este año. Competencia pidió una prórroga justo seis meses antes de que se consumiera el acuerdo, pero la entidad la rechazó ante el 'no' a negociar unas condiciones que no le eran rentables. Fue entonces cuando se abrió un procedimiento acelerado que no podía demorarse ante el problema que suponía que los importes se quedaran 'en el aire' y, finalmente, Botín volvió a salir en su socorro.
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