La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado definitivamente este jueves el proyecto de urbanización que transformará el ámbito Mahou-Calderón, que ocupa, por ahora, el antiguo estadio del Atlético de Madrid. El proyecto, con un presupuesto de más de 42 millones de euros, se ejecutará en un plazo de 34 meses.
La superficie del ámbito se desglosa en dos áreas, una de ellas destinada al uso residencial y terciario, y la otra a viario, zonas verdes y equipamiento de carácter básico. El suelo destinado a uso residencial ocupa 33.339 metros cuadrados, de los cuales 13.234 son para vivienda de protección pública, lo que supone más de un 11% del total de uso residencial.
La urbanización se llevará a cabo en tres etapas. La primera de ellas corresponde a la demolición del estadio, a excepción de la grada situada sobre la M-30 para interferir lo menos posible en el tráfico de esta vía. Posteriormente se realizará el desvío del tráfico de la M-30 por la zona ya demolida para proceder así al derribo de dicha grada. Esta primera etapa incluye también la urbanización de los viarios comprendidos entre paseo de los Pontones, paseo Imperial y paseo de los Melancólicos, y su presupuesto es de 22.469.248 euros.
La segunda fase consistirá en la reordenación del paseo de los Melancólicos y la calle Duque de Tovar con un presupuesto es de 7.704.702 euros. Y la etapa tres, con un presupuesto de 12.049.243 euros, incluye la ejecución del nuevo parque del río, que se llevará a cabo con posterioridad a la cubrición de la Calle-30 cuya estructura ejecutará y financiará el Ayuntamiento de Madrid.
La luz verde definitiva a este proyecto supone un triunfo importante después de numerosos cambios e incluso tener que llegar a rehacerlo tras ser anulado por la Justicia. El Consistorio madrileño se enfrentó un último escollo antes de recibir el visto bueno de la Comunidad de Madrid el pasado 19 de diciembre.
Así, el Ayuntamiento tuvo que corregir, en un Pleno extraordinario, dos errores que había detectado el Ejecutivo regional en la redacción del expediente: el primero se refería a la transcripción sobre el cálculo de las dotaciones previstas, consecuencia de la no adaptación del Plan General de 1997 a la Ley del Suelo de la Comunidad; y el segundo, al cómputo de los aprovechamientos urbanísticos al requerir la cifra de las dotaciones previstas.
Pero esta no fue, ni mucho menos, la primera modificación. En 2016, el consistorio redujo de 20 a 8 las alturas máximas que se iban a poder construir en el nuevo desarrollo. La reducción de la edificabilidad supuso un aumento de los precios que, una vez edificados, se reflejará sobre las viviendas.
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