La situación continúa congelada y en tensión. Los principales bancos españoles han retirado de sus páginas webs la información disponible sobre las hipotecas a la espera de que el Tribunal Supremo aclare si es la entidad o el cliente el que deberá hacerse cargo del impuesto asociado a estos créditos. Algunos, como el BBVA y el Santander, ya lo hicieron desde el pasado viernes, incluso antes de que la instancia judicial decidiese congelar su decisión.
Según ha podido saber Efe, algunos bancos españoles están revisando las condiciones de los préstamos hipotecarios, y tampoco están ofreciendo esta información en sus oficinas, aunque no han suspendido la firma de hipotecas que ya estaba prevista. La estrategia comercial sobre hipotecas de la banca está a la espera de la decisión que adopte al respecto el Tribunal Supremo.
El presidente del Alto Tribunal, Carlos Lesmes, se reunirá hoy con los magistrados que el pasado jueves dictaron la sentencia que establecía que la banca, y no sus clientes, debía hacerse cargo del pago del impuesto de actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca.
Según confirmaron a Efe fuentes del Supremo, esta reunión, de carácter interno, servirá únicamente para analizar la situación creada después de la citada sentencia, y de la nota posterior, en la que el Tribunal convocaba una reunión plenaria de los magistrados de lo Contencioso-Administrativo para confirmar o no la jurisprudencia creada.
Tras la sentencia del jueves, al día siguiente, el Supremo, ante la "enorme repercusión económica y social" del fallo, anunció que estudiaría su propia decisión en un doble cambio de criterio que ha sido considerado desde el propio sector judicial como "una chapuza histórica".
La reunión del Supremo de esta mañana no tiene trascendencia jurisdiccional, han señalado a Europa Press fuentes de este órgano, que añaden que la reunión obedece a la necesidad de limar asperezas entre Nicolás Maurandi, presidente de la Sección que dictó la sentencia -que cambió la jurisprudencia existente hasta el momento sobre el sujeto pasivo al que corresponde el pago del impuesto de hipotecas-, y el propio Díaz Picazo.
Tanto el fallo de este tribunal como la decisión de Díaz Picazo de dejar en suspenso la aplicación de la novedosa sentencia en espera de que el Pleno de la Sala -compuesto por 31 magistrados- la cofirme o anule en las próximas semanas ha creado una situación sin precedentes en el alto tribunal, que Lesmes trata de reconducir con la reunión de este lunes, dado su fuerte impacto económico y social.
Díaz Picazo emitió una nota el pasado viernes en la que señalaba que la sentencia podía acarrear un "giro radical" en la jurisprudencia y una "enorme repercusión económica y social", por lo que tomó la insólita decisión de que sea el Pleno el que estudie el próximo recurso de este tipo que llegue al Supremo y así decidir si confirmaba o no la nueva jurisprudencia.
La sentencia cuestionada anula un artículo del reglamento del impuesto (que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto) por ser contrario a la ley. En concreto, se trata del artículo 68.2 de dicho reglamento, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo. Al mismo tiempo, implica la modificación de su jurisprudencia anterior y anulaba una sentencia previa, del 28 de febrero de este mismo año, en la que dictaminó que son los clientes quienes debían pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la constitución de hipotecas, de acuerdo con lo acordado por el Pleno de la Sala Primera del alto tribunal, que dio la razón a los bancos.
El hecho de que sea el banco el que debe abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de una hipoteca, así como el posible carácter retroactivo de la decisión, podría lastrar las cuentas de las entidades financieras. La responsabilidad del pago de este impuesto podría tener un coste superior a los 4.000 millones de euros, según cálculos realizados por la firma de calificación crediticia Moody's, que incluso calificaba este dictamen de más agresivo que el de las cláusulas suelo.
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