La carrera por los fondos europeos ha empezado. La administración y las grandes empresas ya preparan toda la artillería burocrática para beneficiarse del maná europeo que se ha habilitado tras la crisis generada por el coronavirus. El Ministerio de Economía se ha dado prisa en postularse en alguna de estas ayudas, con la tramitación de urgencia de la búsqueda de asesores que le permitan cumplir con los objetivos marcados. A través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, el ministerio dirigido por Nadia Calviño reclutará un despacho de abogados experto en derecho administrativo y europeo para beneficiarse de los Next Generation.
El objetivo es cumplir con el componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia (PRTR). Se trata del refuerzo a la conectividad digital, el impulso de la ciberseguridad y, sobre todo, el despliegue del 5G. Las inversiones contempladas para esta misión están vinculadas a la vertebración territorial mediante el despliegue de redes y el refuerzo de conectividad en motores socioeconómicos.
"La conectividad digital, la ciberseguridad y el 5G constituyen infraestructuras esenciales para este proceso de digitalización y modernización de los sectores productivos y de las pymes", explica el citado plan. Tras los compromisos presentados ante Europa, el Gobierno aspira a captar 3.999 millones de euros para esta misión, lo que representa el 5,8% del total de las ayudas que recibirá España.
Otro componente por el que peleará la secretaría y que le ha empujado a lanzarse a la búsqueda de socios es el Plan España hub Audiovisual, que pretende consolidar al país como una plataforma de inversión audiovisual a nivel mundial y país exportador de productos de esta industria. En este caso, la cuantía de dinero que llegará desde Europa será menor: 200 millones de euros. Algunas empresas ya se han postulado ante el Gobierno en las manifestaciones de interés para beneficiarse de estas ayudas.
La búsqueda del bufete de abogados para el ministerio se ha activado por la vía urgente. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha optado por acogerse al artículo 50 del Real Decreto-ley 36/2020, que permite a la administración agilizar los trámites para todas aquellas medidas dirigidas a la ejecución de iniciativas con cargo presupuestario a los fondos Next Generation. Con esta decisión, el organismo adscrito a Economía espera contar ya el próximo mes de septiembre con un equipo de 11 profesionales que trabajen, al menos, durante dos años bajo sus órdenes. El contrato, que supera el millón de euros, podría prorrogarse otros 28 meses.
Todo ello coincide con un periodo especialmente convulso para la Secretaría de Telecomunicaciones. Las fuentes del sector consultadas por La Información apuntan a que el organismo tiene una agenda muy apretada durante la segunda mitad de año, en la que debe cumplir con muchas de sus obligaciones marcadas. Algunos de estos hitos: la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones, el despliegue del 5G en áreas rurales o el desarrollo de la Ley de Ciberseguridad 5G.
El movimiento de Economía llega apenas una semana después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciara la llegada de las primeras ayudas europeas. Fue el pasado 17 de agosto cuando la Comisión Europea (CE) transfirió un adelanto de 9.000 millones de euros, lo que dejaba a nuestro país como el sexto de los Veintisiete en recibir dinero de este plan de reconstrucción pospandemia. El primer lote llegó antes a Italia, Grecia, Bélgica, Luxemburgo y Portugal. No obstante, España recibirá un segundo desembolso de 10.000 millones de euros a finales de 2021.
Grandes bufetes, consultoras y fondos europeos
La búsqueda del maná europeo y la incertidumbre inicial para encontrarlo ha llevado a la administración a apoyarse en grandes firmas jurídicas y consultoras de referencia. En los últimos meses ha sido recurrente la contratación de estos servicios de apoyo técnico, independientemente del área ministerial del Ejecutivo. Sin ir más lejos, Transición Ecológica, a través del IDAE, contrató por la vía rápida a Deloitte. Empresas públicas como Adif y Renfe, dependientes del Ministerio de Transportes (MITMA), hicieron lo propio. La gestora de la infraestructura ferroviaria fichó a KPMG y el operador de trenes optó también por otra de las denominadas 'Big Four'.
Otra práctica muy habitual ha sido la colaboración de grandes despachos de abogados - Garrigues, Cuatrecasas y Uría Menéndez principalmente- y consultoras con los distintos ministerios en foros sectoriales. Los eventos han servido, por un lado, para tender puentes con estas empresas y con otras grandes firmas del selecto club del Ibex y, por otro, discutir sobre cómo se debe configurar el reparto de estos fondos entre el sector privado y la administración.
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