46 millones

Calviño adjudica a dedo a Telefónica e Indra el ‘megacentro’ de ciberseguridad

Encarga a ambas compañías, conformadas en una unión temporal, la construcción e implantación del Centro de Operaciones con fondos europeos. El contrato se justifica en un procedimiento de urgencia.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, comparece en una reunión con el presidente del Gobierno de Aragón, en la Sede de la Diputación General de Aragón, a 26 de enero de 2022, en Zaragoza, Aragón (España). Este encuentro se enmarca dentro de la visita de la ministra a Zaragoza. Una jornada marcada además por su participación en una reunión de coordinación de los fondos Next Generation, organizada por el Gobierno de Aragón. Asimismo, ha visitado el instituto de secundaria del municipio de La Puebla de Alfindén donde se ha reunido con el equipo directivo del centro y con los representantes de las empresas que colaboran con las prácticas de los alumnos de FP dual. 26 ENERO 2022;ECONOMÍA; Fabián Simón / Europa Press 26/1/2022
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
Fabian Simon

El Gobierno arranca la construcción e implantación del nuevo centro de operaciones de ciberseguridad de la Administración del Estado, una infraestructura que se antoja crítica ante el incremento de los ciberataques. Por ello, ha adjudicado por un procedimiento de urgencia negociado y sin publicidad a una unión temporal de empresas conformada por Telefónica e Indra por 46,4 millones de euros. Como ha sucedido en otras licitaciones, se agarra al decreto ley para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este centro estaba incluido en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019 y tenía por objetivo la mejora de las capacidades para prevenir, detectar, responder a ciberataques al Estado. Finalmente en mayo de 2021 se presentó formalmente dentro del llamado 'Plan de choque de ciberseguridad', un paquete de medidas e inversiones para mejorar la defensa ante esta creciente amenaza. Todas ellas iban a ser financiadas con fondos europeos. Ahora se acaba de resolver el contrato con dos nombres destacados como adjudicatarios.

El Ministerio de Asuntos Económicos inició ese procedimiento negociado sin publicidad, con la UTE de la teleco y la tecnológica como la única oferta recibida, tal y como queda reflejado en el documento de adjudicación. La oferta llegó antes del pasado 7 de diciembre, fecha límite que se había fijado. El pasado 1 de febrero se llegó a un acuerdo para declarar a las dos empresas como las encargadas de unos trabajos que tienen una duración de 21 meses es decir, hasta diciembre de 2023.

Se ha recurrido a este procedimiento sin concurso público con varias ofertas presentadas debido principalmente a la urgencia con la que se afrontan los trabajos. Desde el área dirigida por Nadia Calviño defienden que existe la necesidad de "acelerar la adjudicación de este contrato, que es crítico para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Recuperación". Salió a licitación por 46,4 millones de euros con impuestos incluidos y se ha adjudicado por la misma cantidad. 

En este caso, la unión de empresas es de la filial de soluciones de tecnológica de Telefónica y la división 'tech' de Indra (Isti). Ambas empresas han ido de la mano en otras alianzas con las que han logrado contratos relevantes, no sólo en el Estado. La Comunidad de Madrid recurrió a ellas sin concurso público para el servicio de atención telefónica a los usuarios en la campaña de vacunación o también para el envío de mensajes de texto.

Este procedimiento, que se ha repetido en multitud de contratos con fondos procedentes de la UE, contrasta precisamente con el planteamiento inicial que había puesto sobre la mesa el Gobierno para tratar de reducir precisamente los 'dedazos' y la falta de transparencia. Planteó una suerte de plataforma de contratación 'ad hoc' donde se pudiera acceder a todos los procesos. Propusieron que el proceso de adjudicación de los fondos europeos será el mismo que el de cualquier contrato público.

Centro clave

Este es un centro muy relevante en la estrategia del Gobierno para reforzar al máximo la protección ante potenciales ataques. "El incesante incremento de ciberataques que también sufren las entidades del sector público hace que sea prioritario reforzar la capacidad de prevención, monitorización, vigilancia y respuesta", aseguran la secretaría general de Administración Digital, dependiente del departamento dirigido por Calviño, y el Centro Criptológico Nacional en una presentación de hace tres años. Es decir, la infraestructura acumula varios ejercicios de retrasos.

Esta infraestructura se incluyó dentro del plan de recuperación financiado con fondos europeos. En concreto estaba incluido en el apartado de modernización de las administraciones públicas. En este sentido, es clave la centralización de todo el trabajo de protección y de reacción ante diferentes ciberataques. El Ejecutivo de Pedro Sánchez insistía en que incrementará la capacidad de vigilancia y detección de ciberamenazas "de un modo centralizado más eficiente que implique un ahorro significativo de dinero, esfuerzo y tiempo".

El impulso de este nuevo centro de operaciones llega después de un año 2021 especialmente negro en cuanto a ciberataques para la administración pública española. Uno de los organismos públicos que se podría beneficiar de los servicios de la infraestructura que ahora desarrollarán Telefónica e Indra es el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), que sufrió un duro ataque el pasado mes de marzo que paralizó los servicios que presta a través de internet y también en las oficinas. 

El ataque a Empleo a a través de un software malicioso (ransomware) con la capacidad de cifrar archivos y bloquear ordenadores provocó un colapso histórico que se alargó durante dos semanas. No fue el único. Otras altas instituciones del Estado también sufrieron una arremetida en esos meses. El objetivo con este centro es, precisamente, conseguir que haya una centralización de los recursos para poder actuar de manera conjunta ante casos como el del Sepe u otros.

Mostrar comentarios