El Gobierno sigue apurando los plazos de la nueva ley audiovisual, pese al primer aviso que lanzó a finales del año pasado la Comisión Europea por los retrasos. El plan ahora por parte de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, es iniciar el trámite parlamentario entre mayo y junio para contar con el texto normativo completo y aprobado a finales del ejercicio. Se trata de un paso importante y muy esperado por las grandes operadoras de telecomunicaciones como Telefónica y los grandes grupos de televisión como Atresmedia y Mediaset, pues es el salvoconducto para obligar a Netflix, HBO o Amazon a abonar el 5% de sus ingresos en España para financiar cine europeo.
En noviembre del pasado año 2020, la Comisión Europea aprobó abrir un procedimiento de infracción contra el Ejecutivo español y el de otros 22 estados miembro -más Reino Unido- por no haber traspuesto a tiempo la directiva de servicios de comunicaciones audiovisuales. El plazo para hacerlo concluyó a mediados de septiembre. Sólo Hungría, Dinamarca, Países Bajos y Suecia habían hecho los deberes en esa fecha. Este expediente es sólo el primer paso de varios hasta desembocar en una posible sanción. Pero era todo un aviso a navegantes.
Unos días antes, a principios de ese mes de noviembre, el Gobierno abría a consulta pública el anteproyecto de ley audiovisual con la que va a trasponer esa directiva a España. Todas las aportaciones de los diferentes actores del sector, tanto telecos, como televisiones y grandes plataformas digitales, se entregaron antes del 3 de diciembre, fecha límite para aceptarlas. Desde ese momento hasta ahora, el equipo de la Vicepresidencia sigue trabajando en la elaboración de un texto. Según confirman fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, el objetivo con el que ahora se trabaja es que el documento definitivo sea aprobado por el Consejo de Ministros entre mayo y junio y así enviarlo al Congreso de los Diputados para arrancar la tramitación parlamentaria en la segunda parte del año. De esta forma, tendría que estar lista antes de que acabe el ejercicio.
En caso de que se cumplan estos nuevos plazos implicaría aprobar el texto definitivo con un año de retraso respecto a la fecha límite exigida por Bruselas. Se trata de una normativa muy esperada por todos los actores 'tradicionales' del sector, pues no sólo ordena algunos aspectos vinculados, por ejemplo, a la protección del menor o la publicidad, sino a la contribución a la promoción de obra audiovisual europea por parte de las grandes compañías. Así, como gran novedad, se exigirá a los gigantes tecnológicos que abonen el 5% de sus ingresos 'reales' en el país -aunque se facturen fuera- para este fin, como ya vienen haciendo las grandes telecos con sus televisiones privadas y los grupos audiovisuales tradicionales.
Como antecedente a este movimiento legislativo, Netflix dio el paso de facturar por todos sus servicios en el país a través de una filial local y no desde Holanda como hacía desde su arranque en 2016. El proceso es similar al que se dio en su momento en el caso de Microsoft -que no tiene por qué implicar un mayor pago de impuestos- pero que no ha sido seguido por otros competidores como la propia HBO, que sigue facturando a sus clientes desde una matriz con sede en Estocolmo (Suecia).
La contribución a la producción audiovisual europea no es la única novedad de esta ley aún pendiente. Se deberán flexibilizar los límites cuantitativos de la publicidad, pero además se reforzará la protección de menores contra contenido perjudicial. Esto sucede cuando se multiplican las demandas contra este tipo de plataformas. El último caso es el del gigante chino TikTok, contra el que se ha presentado una demanda colectiva a nivel europeo a este respecto, en la que han participado organizaciones españolas como la OCU o Asufin. La decisión tanto de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), adelantada por La Información, ha sido derivar a sus homólogos irlandeses el caso.
La ley de telecos, mismo camino
Al margen de la ley audiovisual, hay otra normativa clave para el futuro de las operadoras de telecomunicaciones en España que sigue sin llegar. Se trata de la Ley General de Telecomunicaciones, que deberá trasponer también el ordenamiento jurídico del código europeo de las comunicaciones electrónicas adoptado en el año 2018. El pasado mes de febrero, la Comisión Europea repitió el mismo movimiento: expedientó a España y otros países europeos por el retraso en este trabajo de incorporar esta normativa. Según explican las mismas fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, el plan es llevarlo en torno a junio al Congreso de los Diputados y darle luz verde legislativa en la segunda parte del año.
El equipo jurídico de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos busca cómo dar respuesta a las decenas de aportaciones de los diferentes actores a una ley que las propias telecos calificaron como un "brindis al sol" y una "oportunidad perdida". ¿La razón? Se trata de hacer pagar la llamada 'tasa de telecomunicaciones', cobrada por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a gigantes como Microsoft, Google o Facebook por servicios como la mensajería o las videoconferencias con las que compiten las operadoras tradicionales, pero con un modelo que no recoge la estructura de este tipo de compañías multinacionales. Su volumen de negocio en España no procede de la venta de estos productos, sino por otros elementos 'premium' de su oferta o, directamente, por la publicidad y la explotación de los datos.
Queda por ver si el "escaso margen" que daba la regulación europea a los diferentes países, tal y como reconocían desde la propia Secretaría de Estado, permite modificar esta fórmula. La realidad es que, pese a los primeros avisos de Bruselas, con estos retrasos en la tramitación los textos no estarán aprobados definitivamente por las cámaras legislativas hasta la última parte del año 2021. Las grandes operadoras como Telefónica, Vodafone u Orange siguen esperando al Gobierno tras años exigiendo una regulación igualitaria respecto a estas multinacionales.
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