La Autoridad Administrativa Independiente de Protección del Cliente Financiero por fin ve la luz este martes, según ha podido saber La Información. La cartera económica de Nadia Calviño trató de acelerar aprobación de este anteproyecto de ley hace semanas, cuando el problema de la exclusión se volvió una prioridad. No obstante, la invasión rusa sobre Ucrania estalló y el Gobierno tuvo que trabajar a contrarreloj para diseñar el Plan Nacional de Choque para paliar los efectos económicos de la guerra.
Una vez lanzado el plan anticrisis, Calviño ha decidido retomar su programa y llevar este martes al Consejo de Ministros la creación del defensor del cliente financiero, que saldrá a consulta pública durante cinco semanas y prevé aprobarse como proyecto de ley en la segunda parte de 2022. Han pasado alrededor de cuatro años desde que el Ejecutivo, entonces con Mariano Rajoy al frente, colocó encima de la mesa por primera su intención de poner en marcha este cuarto supervisor. La titular de la cartera económica quiere sellar así el tema de esta ventanilla única para defender al cliente financiero, después de varios choques internos con su socio de Gobierno en Consumo, quien ha intentado aprovechar la oportunidad que le ofrecía la normativa para reforzar su papel.
Sacar adelante este órgano autónomo siempre ha sido una prioridad para el Ministerio de Asuntos Económicos, si bien se volvió fundamental el pasado mes de febrero cuando el valenciano de 78 años Carlos San Juan denunció el trato de las entidades financieras a sus clientes, sobre todo entre el colectivo de mayor edad. Calviño incluso citó a los principales representantes de la industria bancaria para pedirles atajar el problema, lo que ha desembocado en la elaboración de un decálogo de medidas para avanzar a corto plazo en la atención personalizada para la prestación de servicios financieros al segmento senior y con capacidades diferentes que requieren una dedicación especial.
Se trata de una oficina gratuita que permitirá presentar reclamaciones con veredictos vinculantes hasta una cantidad determinada sin la necesidad de contar con la defensa de un abogado ni la representación de un procurador. También tiene visos de desatascar el enorme colapso que sufren los juzgados españoles. Cuando Calviño llegó al Ejecutivo de la mano de Pedro Sánchez se comprometió a sacarla adelante tras el primer esbozo del anterior Gobierno. Desde un principio se alzó como una de sus propuestas estrella.
La creación de esta autoridad es, en realidad, de obligado cumplimiento por mandato del derecho europeo. Desde la primera aproximación del proyecto, el texto para crear esta línea de defensa de los consumidores ha ido tomando diferentes formas. El embrollo analítico y la falta de acuerdo han sido algunos de los elementos que han propiciado su dilación. Uno de los aspectos claros es que se aplicarán varias tasas a las entidades financieras que tendrán la naturaleza de ingresos presupuestarios de este supervisor.
Las discrepancias entre los clientes y las entidades están relacionadas principalmente con las tarjetas, las hipotecas, las cuentas y los depósitos, especialmente por las comisiones cobradas, que no paran de crecer o establecerse nuevas por el uso de determinados servicios que hasta hace poco venía siendo común que fueran gratuitos. La idea es que las reclamaciones que gestiona el Banco de España, cuyas resoluciones no son vinculantes, se aglutinen desde ahora en la Autoridad de Protección al Cliente.
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