Calviño 'endosa' a la banca la carga de la prueba en los litigios con sus clientes

El Ministerio de Economía ya ha trasladado a la banca el anteproyecto de ley que acotará las competencias del nuevo Defensor del Cliente Financiero. La pretensión de la cartera que lidera Nadia Calviño de 'endosar' la carga de la prueba a las entidades bancarias en los litigios con sus clientes, se ha convertido en uno de los mayores puntos de fricción entre el Gobierno y los bancos, tal y como han confirmado fuentes financieras a La Información. Aunque el texto aún no está terminado, este último 'mazazo' eleva la tensión entre el sector financiero y el Ejecutivo de coalición, que ya mantienen un encendido pulso por la propuesta de Economía de favorecer a las empresas españolas con quitas a la deuda del Instituto de Crédito Oficial (ICO), algo a lo que la banca se opone frontalmente.

Al departamento aún le quedan flecos por cortar para llevar a consulta pública una norma en cuya elaboración también trabajan el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el sector de los seguros. La intención del ministerio es que las resoluciones de la Autoridad Independiente de Protección del Cliente Financiero sean vinculantes hasta una cuantía tope aún por determinar. Las fuentes consultadas apuntan a que dicho umbral podría situarse en los 30.000 euros, aunque no descartan que la cartera acabe decantándose por una cantidad todavía mayor. Esta cifra deja margen suficiente para que las entidades bancarias acaben asumiendo el coste de la mayor parte de los conflictos abiertos con sus clientes.

Tanto la inversión de la carga de la prueba en beneficio del consumidor, como la resolución de Calviño para que los fallos del nuevo supervisor sean vinculantes, aprietan a los bancos en un momento clave para el sector financiero, inmerso en un proceso de ajustes estructurales y volcado en afianzar su reputación corporativa. En este escenario, los efectos de la Covid han envuelto al Gobierno y las entidades de crédito en un último 'tira y afloja', pues esa condonación parcial a la que mira el ministerio económico recaería directamente en los bancos, a quienes les tocaría asumir hasta 2.400 millones de euros, según un reciente informe de la consultora Oliver Wyman, que detalla que el resto, hasta un máximo de 12.000 millones, lo pagaría el Estado. 

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El año pasado, el 70% de las reclamaciones gestionadas por el Banco de España se resolvieron a favor del cliente, una tendencia que anticipa un notable incremento del gasto en litigios que asumirán las entidades.

Economía avanza con paso firme en la confección del nuevo supervisor que, una vez en marcha, se convertirá en la única entidad de resolución alternativa de litigios para toda la actividad financiera. Para su composición, el ministerio recurrirá al personal del el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP); los organismos que, hasta el momento, se han hecho cargo de esta actividad. Solo en el transcurso del año pasado, el Banco de España recibió 21.337 reclamaciones, un 45,8% más que el ejercicio anterior. Del total, casi el 70% se resolvieron a favor de los reclamantes. 

Esta tendencia eleva aún más la tensión de los bancos que ya prevén que, además de tener que demostrar su inocencia por defecto, temen que los costes que conllevan estos litigios se disparen a raíz de la implantación del nuevo marco normativo. Según informó 'Europa Press', el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital tiene previsto acabar en breve el anteproyecto de ley sobre el Defensor del Cliente Financiero, a fin de lanzar el texto a audiencia pública en un plazo máximo de quince días.

La cartera ha rehusado aportar detalles sobre el nuevo supervisor, pero un vistazo a los borradores que en los dos últimos años han precedido al texto que ahora ultiman desde el ministerio de Calviño, anticipa un refuerzo de competencias para sus miembros. Desde la cooperación en la resolución de litigios transfronterizos, hasta la anulación de cláusulas abusivas, la cuantificación económica de los daños a reparar por parte de la entidad financiera o la devolución de impuestos cobrados de forma indebida son algunas de las funciones que los citados borradores habían atribuido al Defensor del Cliente Financiero. 

Según la Memoria de Reclamaciones del Banco de España de 2019, la última disponible, en el citado ejercicio las entidades financieras devolvieron cerca de 2,6 millones de euros a sus clientes en el marco de estos litigios. Las hipotecas motivaron la mayor parte de dichos conflictos. El empeño de Economía por evitar costes adicionales a los clientes presiona a los bancos y ha provocado las reservas del sector financiero sobre este nuevo supervisor. Por su parte, la cartera estudia con las entidades otros detalles como a partir de qué umbrales estas quedarían obligadas a cerrar algún de tipo de provisión financiera.