El Gobierno no se plantea un retraso de la última subasta de espectro radioeléctrico de las redes ultrarrápidas de 5G. Pese a la petición formalizada por las operadoras para retrasar la licitación al menos hasta el próximo año, se mantienen los planes y ya se prepara todo el proceso para el que se había reservado hasta 140 millones de euros de ingresos públicos. Telefónica advirtió a los inversores que podría haber un encarecimiento de los precios debido a la potencial participación de otros grupos industriales vinculados como los gestores de torres de telefonía.
Las principales bandas de espectro radioeléctrico -las 'autopistas' sobre las que se construyen las redes de los diferentes operadores- ya estaban adjudicadas. En el año 2018 se entregaron la de 3,5 Ghz por un precio de 437 millones de euros. El pasado año, Telefónica, Vodafone y Orange se repartieron todos los bloques de frecuencias de la de 700 'megahercios' por en torno a 1.000 millones de euros, es decir, prácticamente el precio de salida. Quedaba sólo el paquete de 26 Ghz, que es la que permite una propagación menor de la señal (una cobertura inferior) pero con una capacidad muy superior y con unos tiempos de respuesta muy bajos.
Las operadoras habían pedido un retraso de uno o dos años, debido a que no existía una demanda suficiente de este tipo de infraestructura en esta primera fase de las redes 5G. Con las dos bandas ya adjudicadas se puede ofrecer servicio de manera más o menos suficiente. La más relevante es la de 700 Mhz. En tres años han puesto sobre la mesa casi 1.500 millones de euros por este espectro. En el caso de la última licitación del pasado año, pese a las mejoras de las condiciones 'in extremis', contaban con obligaciones muy ambiciosas de despliegue.
Desde el Gobierno, según explican fuentes oficiales, se mantiene el plan como hasta ahora: la subasta tendrá lugar en el último trimestre del año. El peso económico no es muy elevado en los Presupuestos Generales del Estado, pero lógicamente cualquier ingreso cuenta en una situación como esta. En concreto, según quedó reflejado en las cuentas aprobadas por el Congreso de los Diputados, se esperaba hasta 140 millones de euros. Desde las operadoras ya preparan el terreno, conscientes de que todo apunta a que tendrá lugar el proceso en el que se abriría la puerta a otras empresas.
Este es uno de los puntos que menos convence a las operadoras, que hasta ahora eran las únicas beneficiarias de este tipo de activos, que explotan durante periodos largos de tiempo a cambio de un pago a las arcas públicas. Esta banda, la cual permite mayores usos industriales, podría ser ambicionada por grandes grupos industriales, para desarrollar sus propias redes privadas en grandes centros de producción y de trabajo. Sin embargo, esta participación podría encarecer el precio. Es justo lo que señaló la propia Telefónica a sus inversores en el informe anual del pasado año.
Las operadoras defendieron ante el Ejecutivo que no había demanda suficiente para este nuevo espectro
Desde el estallido de la pandemia, la relación entre las operadoras de telecomunicaciones -especialmente críticas en el pasado con el Ejecutivo- y el propio Gobierno ha sido mucho más fluida. Desde el departamento dirigido por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se tendió la mano primero con una rebaja del 15% en el precio de salida de la subasta del año pasado, que se fijó muy por encima de las previsiones. Después con diferentes rebajas fiscales y de tasas, algo que venía siendo reivindicado en repetidas ocasiones por los diferentes grupos empresariales. Y por último con la configuración de los fondos europeos del 'Kit Digital', en la que las telecos se convertían en uno de los grandes beneficiarios.
Esto ha sido destacado por diferentes ejecutivos de las empresas en los últimos trimestres. Pero también ha habido motivos para el desencuentro. No sólo esta subasta, que se producirá contra la voluntad de las cuatro grandes. También está el malestar generado por la aprobación exprés de la llamada 'ley 5G', con un decreto ley, sin tramitación parlamentaria y sin reunirse con las compañías. Y, por último, hay que recordar la 'condonación' que hizo el Ejecutivo en la nueva ley audiovisual de pagar la llamada 'tasa RTVE' a gigantes del streaming como Netflix, HBO o Amazon durante el ejercicio 2022. Empezarán a pagar (como ya hacen las telecos) en 2023.
Antes de que se celebre la subasta hay un nuevo frente para el Gobierno en el terreno del 5G. Las ayudas de ÚNICO 5G, el programa para financiar despliegues en zonas poco pobladas, se han quedado desiertas. ¿La razón? Las operadoras criticaron que sólo financiaba las torres de telefonía, pero no los equipos activos de conectividad, por lo que el riesgo de que se construyera sólo un cascarón vacío era elevado. Desde el Ejecutivo insisten en que se reutilizarán para subvencionar las conexiones de fibra.
Como telón de fondo se encuentra el retraso en los despliegues del 5G 'real' en España, frente a otras grandes potencias. El proveedor de red sueco Ericsson puso el dedo en la llaga el pasado mes de junio: avisa de que al ritmo actual el despliegue del 5G a través de las bandas de 3,5Ghz se quede en el 53% de la población española. Apunta a que tanto España como Europa están "a siete años de diferencia" de otros mercados más maduros tecnológicamente. El grupo nórdico insiste en que se está a tiempo de revertir la posición y pidió al Gobierno un mayor esfuerzo presupuestario poniendo sobre la mesa subsidios de hasta 1.700 millones de euros durante los próximos años.
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