La nueva banca pública toma cuerpo en España. La reforma de la Ley de Sociedades de Capital que prepara el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital establecerá una excepción expresa para que el Instituto de Crédito Oficial (ICO), así como otros entes de derecho público, no tengan que elaborar el obligatorio informe de gobierno corporativo que se exige a todas las sociedades emisoras de valores. La dispensa se justifica dentro de los argumentos manejados por la CNMV para evitar la huida de entidades muy activas en este tipo de operaciones y que tienden a buscar otros mercados más atractivos sobre los que materializar sus proyectos de financiación.
El nuevo y más flexible marco regulatorio del ICO será materializado a partir del anteproyecto de ley sobre fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas. Dicha normativa ha sido informada favorablemente por el Ministerio de Justicia y responde en su origen a una directiva comunitaria. No obstante, el Gobierno va a aprovechar la transposición para incorporar nuevas disposiciones legislativas que van a suponer una profunda transformación del ordenamiento mercantil en nuestro país.
La consideración del ICO como entidad beneficiara de exención regulatoria por parte de la Comisión de Valores se produce poco después de que el Gobierno de coalición haya admitido las tesis de su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, para que la institución que gestiona el crédito oficial se convierta en el núcleo de la futura banca pública en España. El planteamiento despeja la orientación estratégica de privatización de Bankia pero a cambio el líder de Unidas Podemos exige que el ICO vaya adoptando el perfil de una entidad bancaria en competencia abierta dentro del mercado financiero español.
La misma vicepresidenta económica señaló esta pasada semana en sede parlamentaria la intención del Gobierno de reforzar lo que ella definió como la ‘arquitectura financiera del Estado’ que, en medios financieros traducen como el deseo de ampliar el objeto social del ICO para que pueda convertirse en el brazo ejecutivo de los principales planes económicos y sociales. El anuncio de Calviño otorga plena carta de naturaleza a la transformación del ICO en lo que ya se ha dado en denominar en medios oficiales como el Banco para la Transición Tecnológica y Económica.
El proyecto en ciernes dará lugar a un programa de apalancamiento financiero del crédito oficial de manera que la nueva entidad disponga de los recursos suficientes para impulsar la llamada Agenda del Cambio que pretende llevar a cabo el Gobierno de coalición formado por el PSOE con Podemos. El ICO está llamado a erigirse en uno de los principales agentes activos dentro del mercado español de capitales y de ahí el interés del Gobierno por situar a la institución fuera del cada vez más exigente marco de gobierno corporativo que supervisa la Comisión de Valores.
Temor a una competencia desleal
El ICO dispondrá de un estatus equivalente al que también van a disfrutar las entidades emisoras que están exentas de presentar su informe financiero anual a la CNMV, así como la de todas aquellas sociedades comunitarias para las que España no es su Estado miembro de origen. La exposición de motivos de la mencionada adaptación de la directiva europea señala de manera taxativa que “de esta forma, se evita la inconsistencia y se reducen los desincentivos a emitir en España instrumentos distintos de acciones (típicamente renta fija)”.
La dispensa del ICO, que obligará a modificar la Ley del Mercado de Valores, no estaba incluida en el articulado original que el Ministerio de Economía sometió a consulta pública el pasado mes de abril. Dicha circunstancia está alertando a algunos operadores financieros sobre las motivaciones reales que subyacen detrás de la decisión y que lógicamente estarían directamente relacionados con el pacto político que ha permitido la formación del nuevo Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. En el mercado bancario no las tienen todas consigo y definen sus temores de manera elocuente: “El PSOE ha salvado a Bankia de las garras de Podemos pero está a punto de introducir una gravísima competencia desleal dentro del sector bancario a través del ICO”.
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