El Ministerio de Asuntos Económicos, liderado por Nadia Calviño, ha conseguido luz verde de la Comisión Europea para lanzar el escudo de riesgo de crédito y proteger así a empresas y banca de los impagos que puedan sobrevenir de la situación de pandemia actual. El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), empresa pública dependiente de la propia cartera que actúa habitualmente como asegurador de riesgos extraordinarios, será quien se hará cargo de los reaseguros de las pólizas de crédito que emita CESCE -Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, también con capital público- u otras compañías privadas que lo soliciten, como ya adelantó La Información.
El visto bueno de Bruselas llega tras meses de trabajo en los pormenores de esta medida para evitar que pudiese ser considerada en ningún caso como una 'ayuda de Estado'. Según confirman a este medio fuentes conocedoras, la clave para salvar este obstáculo ha estado en el precio de comercialización que, tanto en el caso del seguro que pueda proveer CESCE como en el reaseguro que se lleve a cabo desde el CCS, se hará "a precio de mercado".
Esta opción que ahora se aprueba tendrá unos límites anuales, hasta ahora establecidos para 2020 y 2021, que rondarían, de acuerdo con fuentes conocedoras, los 500 millones de euros en conjunto. Para este primer año la dotación sería de alrededor de 200 millones de euros, mientras que alcanzará los 300 millones en 2021. Para el año que viene se espera que la mora, latente en estos momentos debido a la política fiscal de ayudas, empezará a crecer con el consiguiente riesgo para el sistema crediticio.
Las negociaciones que se han sucedido para llegar a este punto no han sido precisamente fáciles. A comienzos de verano, el sector asegurador se negó en bloque a las condiciones propuestas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, sobre todo tras conocer las cuantías que entonces se proponían y que rondaban los 300 millones de euros. El sector solicitó entonces el aumento de estas cifras y comparó el plan que presentaba España con el de otros países europeos, llegando incluso a presentar propuestas como que el reaseguro otorgado por el Consorcio actuase sobre un tramo de pérdida bruta de los aseguradores de crédito o de caución, sin que conllevase la devolución de la ayuda a través de una participación en beneficios del Consorcio.
Finalmente, y pese a la oposición inicial del sector que llegó a calificar el proyecto como un "mero amago", el Ejecutivo llevó la propuesta a Bruselas y esta acaba de recibir el visto bueno. Fuentes del Ministerio de Economía señalan que el objetivo de la cartera es ponerlo en marcha tan rápido como sea posible. En el momento en que se active, el CCS cobrará una parte de las primas y se hará cargo de los posibles pagos que se deriven de los compromisos adquiridos como reasegurador.
Esta misma institución ya llevó a cabo funciones similares tras el 'boom' inmobiliario. En concreto, fuentes conocedoras confirman que en 2009 el reaseguro de crédito por parte del CCS ya se utilizó como un "elemento paliativo de la desaceleración económica" garantizando operaciones comerciales por valor de hasta 40.000 millones de euros. De acuerdo con los datos que se manejan en el sector, en aquel momento, esto supuso que el CCS asumiera un riesgo de alrededor de 200 millones.
Periodo mínimo de dos años
La luz verde que ahora se recibe responde al trabajo de meses por parte del propio ministerio. El Ejecutivo de Pedro Sánchez otorgó al CCS el pasado mes de abril, a través del Real Decreto-ley 15/2020, la posibilidad de llevar a cabo el reaseguro debido a "la situación adversa de mercado del crédito". De acuerdo con la citada norma, para evitar una la reducción de la cobertura de los riesgos asegurados que puedan afectar a las relaciones comerciales y los pagos entre las empresas, se habilitaba a este organismo para desarrollar las actividades de reaseguro de crédito y caución.
Este instrumento deberá mantenerse durante un periodo mínimo de dos años -plazo para el que se han establecido las cuantías máximas- y podrá aplicarse con efectos del 1 de enero de 2020 si los asegurados están domiciliados en España. La situación económica que se ha derivado de la pandemia sumada a la necesidad de crédito que existió en el mercado sobre todo en los primeros meses de confinamientos ha hecho que la concesión de préstamos, sobre todo a empresas, se disparen.
El conjunto del sector financiero -bancario y no bancario- da por hecho un aumento de la morosidad de cara al próximo ejercicio, lo que dispararía la siniestralidad, ahora muy baja, de este tipo de seguros. Con ello, el precio de este producto ha aumentado y las condiciones de concesión son cada vez más difíciles, argumentan desde el sector. Las más afectadas por estas consecuencias son las pymes, algo que se tratará de evitar con esta iniciativa que se pondrá en marcha en las próximas semanas.
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