“Conoce muy bien el sector financiero, estuvo involucrada por su posición en Bruselas en el proceso de reestructuración bancaria que se impuso en España. No va a plantear cosas raras”. La sensación compartida por un alto ejecutivo bancario sobre la suerte que correrá Bankia con la llegada al ministerio de Economía de Nadia Calviño es generalizada entre expertos consultados. Al Gobierno de Pedro Sánchez aún no le ha dado tiempo para mostrar sus cartas con la entidad, aunque su simple llegada despertó dudas por la demanda de algunos grupos políticos que le apoyaron en la moción de censura como Podemos de convertirlo en banco público.
En el sector financiero ven poco factible que se imponga tal guión con Calviño por su experiencia directa con el sector financiero, en su rescate y sobre las expectativas de Bruselas. Hay más creencia en que la superministra de Economía -compatibilizará dicha función con la presidencia de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos- busque, llegado el caso, ganar plazo antes de que el Ejecutivo de Sánchez se vea en la tesitura de tener que asumir cuantiosas pérdidas para el Erario si la cotización no remonta de forma decidida. A los precios actuales no se recuperaría ni la cuarta parte de las ayudas inyectadas.
El Estado es dueño del 61% de Bankia. La intención del Ejecutivo de Mariano Rajoy era completar la privatización antes de finalizar 2019 como fija el plazo legal, aunque el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) ya había deslizado que entre las alternativas era una “buena baza” ampliarlo para maximizar la recuperación de ayudas a tenor de la penalizada cotización del banco. La opción encajaría con la defensa que el PSOE hizo en la oposición e incorporó en el programa electoral de no “malvender”. Su planteamiento es que el Estado desinvierta "en el momento que permita recuperar todo o la mayor parte del valor".
Pero de ahí a consagrar una banca pública va un mundo. Calviño ha estado trabajando en los últimos 12 años en la Comisión Europea a cargo de varias áreas desde Competencia, mercado Internos y Servicios a Presupuestos. Su posición e involucración en la avalancha de nuevas regulaciones financieras tras la crisis para la banca, los mercados de capitales, aseguradoras, auditoría y contabilidad ha sido destacada. En Competencia no se ve con buenos ojos mantener sine die empresas con fondos públicos competiendo con el resto, y entre las regulaciones en las que trabajó su departamento figura la reestructuración de entidades, cuyo fin si reciben ayudas es acabar privatizadas.
Una banca pública podría, incluso, chocar con su firme defensa de introducir máxima transparencia en entidades y mercado, o su denodada apuesta por la buena gobernanza corporativa, con consejeros y accionistas comprometidos para detectar oportunidades y problemas y disciplinar la gestión en las empresas que trasladó en algunas intervenciones públicas, refieren fuentes consultadas.
Cuando España pidió a Europa 60.000 millones para rescatar la banca y la Troika impuso la reconversión del sector financiero, era la responsable de Servicios Financieros en la dirección general de Mercado, Interior y Servicios del Ejecutivo Común, departamento que, según las fuentes consultadas, se involucró en los planes impuestos. Y en los últimos informes del FMI, Comisión Europea y Banco Central Europeo (BCE) reconocen la exitosa recuperación de la economía, la robustez de la banca y limpieza de activos pero todavía recuerdan como asignatura pendiente la privatización de Bankia.
“Completar la privatización de la entidad fusionada -con BMN- y los planes de desinversión de fundaciones bancarias en cajas de ahorros reforzará aún más el sector bancario español”, subrayó Bruselas y el BCE tras su última visita al país para comprobar los avances en abril pasado. La próxima tendrá lugar en otoño. Una idea que casa mal con perpetuar la propiedad pública y que, según expertos, podría incluso hacer laborioso aunque no imposible una ampliación del calendario. Se fijó en una norma nacional, sin ser imposición de Bruselas, y en el mercado infieren que antes de extenderlo deberá comunicarlo o recibir algún tipo de plácet porque además se repetiría la historia.
A finales de 2016 el Gobierno modificó la norma para autoconcederse dos años más para salir de Bankia y BMN -sin dicho cambio debería haber completado la venta el pasado año- ante el inestable comportamiento de los mercados, que empujó a varias empresas incluso a cancelar y dilatar sine die salidas a bolsa. Pero no suprimió la fecha, solo la prorrogó. Aquella norma dejaba, en todo caso, abierta la opción de plantear nuevas prórrogas y el Frob, cuya relación con las autoridades comunitarias es permanente, volvió a abrir la puerta hace varios meses a esta opción.
El último vuelco de la bolsa, con especial castigo en la banca por la repercusión en los bonos soberanos de Italia de su crisis política, noqueó las acciones de Bankia que no han conseguido remontar ni con la promesa de distribuir más de 2.500 millones en dividendos en tres años. Su cotización cerró el viernes a 3,353 euros y dejó el valor total del banco en 10.343,88 millones. Si el Frob vendiese el 60,89% que controla del capital a las actuales valoraciones apenas recaudaría 6.308 millones frente a los 24.069 millones comprometidos por el Erario en el grupo (22.424 millones en ayudas para BFA-Bankia y 1.645 millones en BMN, hoy integrada bajo el mismo paraguas).
El trabajo para desinvertir estaba preparado. De hecho el Frob colocó un 7% en diciembre pasado a 4,06 euros -ingresó 818,30 millones- para allanar el camino a ventas posteriores con una mejora de la liquidez del valor y atrayendo al capital a inversores extranjeros que podrán copar mayor cuota en ventas posteriores. Su propósito era sacar paquetes mayores cuando la casi veintena de bancos de inversión con los que trabaja detectasen ventanas adecuadas de desinversión.
Pero la baja cotización y el escaso rédito conseguido hasta ahora encaja mal con la idea de maximizar la recuperación de ayudas. La venta del 14,5% de Bankia en las dos operaciones ejecutadas en 2014 y 2017 reportó 2.122 millones, y ha ingresado 535 millones en cobro de dividendos. Son 2.657 millones en total los recaudados en Bankia por el Frob pero su destino no ha sido devolver dinero al Erario sino encarar compensaciones por litigios legales con antiguos inversores de deuda del banco. En la práctica, a la fecha actual el saldo sigue siendo: 24.000 millones en ayudas y nula recuperación para los contribuyentes.
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