El bitcoin tampoco se libra del cerco del Defensor del Cliente Financiero. El nuevo supervisor extenderá su protección, con rango de ley, al mercado de las criptomonedas. El Ministerio de Economía está decidido a canalizar todos los litigios entre las entidades bancarias y sus clientes, independientemente del ámbito en el que se produzcan estos conflictos. La lupa del nuevo organismo irá más allá del marco tradicional de estos servicios y extenderá la tutela de los usuarios de servicios financiaros a los nuevos productos que ofrecen los bancos y que traspasan los parámetros de los servicios históricos de estas entidades.
La cartera de Nadia Calviño tiene previsto someter el anteproyecto de ley de este nuevo regulador a consulta pública en breve. Con el objetivo de abordar todos los conflictos entre los bancos y sus clientes por esta nueva vía, el ministerio ha querido incluir también entre sus competencias el amparo de los usuarios de entidades que operan en el conocido como sector Fintech. Para la resolución de los litigios de esta rama de los servicios financieros, Economía prevé aplicar las directrices que recogerá el futuro Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los Mercados de Criptoactivos.
El citado marco normativo, que servirá de hoja de ruto para las decisiones del Defensor del Cliente Financiero en este campo, aún está en el 'horno' de Bruselas. La Unión Europea dio un paso más para regular este ámbito a finales del año pasado, cuando redactó, a través de la Comisión, una propuesta sobre el mercado de criptodivisas, conocido en la jerga como MiCA (markets in crypto-assets, en inglés). El citado documento, aún provisional, pretende estrechar el cerco sobre aquellos productos que puedan tener consideración de instrumentos financieros, pero que todavía exceden al poder regulatorio de la UE. La determinación europea por delimitar estos nuevos servicios solo excluirá a los critpoactivos que sean emitidos por bancos centrales como autoridad monetaria.
La carrera por poner a punto el nuevo supervisor toca a su fin. Entre las grandes novedades que aportará la intervención del nuevo regulador está la categoría de sus determinaciones: las futuras decisiones de la Autoridad Independiente de Protección del Cliente Financiero serán vinculantes, eso sí, solo hasta una cuantía tope que el departamento de Calviño aún tiene pendiente fijar. Fuentes financieras consultadas por este diario apuntan a que dicho umbral podría rondar los 30.000 euros, aunque no se descarta que el ministerio acabe inclinándose por una cuantía algo mayor.
Esta cifra, aún en el aire, implica un margen suficiente para que las entidades terminen asumiendo los costes de buena parte de los conflictos abiertos con sus usuarios. La cuestión mete presión a los bancos, pero no es el único punto del anteproyecto sobre la mesa de Economía que ha levantado ampollas en el sector financiero. Otro de los grandes puntos de fricción entre el Ejecutivo de coalición y los bancos se encuentra en la pretensión de la cartera que dirige Nadia Calviño de 'endosar' a las entidades bancarias la carga de la prueba en los litigios con sus clientes, tal y como adelantó La Información.
Economía llevará a consulta pública el texto marco del Defensor del Cliente Financiero, que prevé 'endosar' la carga de la prueba a los bancos y cuyas decisiones serán vinculantes
Los detalles sobre el nuevo supervisor salen a la luz con cuentagotas, bajo la atenta mirada de las entidades bancarias, a las que Economía ya ha trasladado el texto provisional, según trasladan a este diario fuentes financieras. El departamento de Calviño avanza con firmeza en el diseño del Defensor del Cliente Financiero órgano que, una vez en funcionamiento, se convertirá en la única entidad de resolución alternativa de conflictos para toda la actividad financiera. La cartera reclutará a la plantilla del nuevo organismo de las plantillas de la CNMV, el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP). Tradicionalmente, estos tres organismos habían sido los encargados de afrontar estos litigios.
A todas luces, la actividad del cuarto supervisor será efervescente. Solo durante el pasado ejercicio, el Banco de España gestionó más de 21.300 reclamaciones, casi un 46% más que en 2019. De todas ellas, casi el 70% se resolvieron a favor de los reclamantes. Esta balanza aprieta a los bancos en un momento crucial para el sector, en plena oleada de fusiones y con el telón de fondo de la crisis sanitaria y económica de la Covid, que ha golpeado a las grandes entidades españolas. De hecho, entre Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter sumaron pérdidas conjuntas por valor de 5.553 millones de euros, al cierre de 2020.
