Es el tercer gran texto normativo que espera el sector de las telecos en un año 2022 marcado por los cambios regulatorios y una potencial ola de fusiones y adquisiciones. La ‘ley 5G’, que fijará las pautas para decidir en el futuro sobre los proveedores de red en España, sigue aún en elaboración. El Gobierno de Pedro Sánchez apura los plazos para tener un primer texto del anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros durante este primer trimestre. Esto llevaría a que la luz verde definitiva del Congreso no llegaría hasta finales de ejercicio o principios del próximo. Las operadoras de telecomunicaciones ya han optado por no esperar más, tras una primera congelación, y sacar al gigante chino Huawei del núcleo central de su red ultrarrápida y en casos como el de Telefónica, también lo ha hecho en el resto de la infraestructura.
Ya hay primeros despliegues pequeños de los primeros nodos de 5G en España -el resto se está cubriendo con un ‘software’ que potencia las anteriores 4G con más velocidad y prestaciones-. Ya están en manos de las operadoras las nuevas frecuencias de espectro radioeléctrico totalmente reorganizadas y que servirán como ‘autopistas’ de esas redes. Ya hay un calendario de extensión exigente planteado en esa subasta de las bandas. Y ya incluso hay un plan de inversión con subvenciones públicas, basándose también en los fondos europeos. Pero la ley sobre la seguridad de esas infraestructuras sigue sin estar.
En enero de 2020, cuando aún no había estallado la pandemia del coronavirus, la Comisión Europa aprobó lo que se conocía como ’toolkit’, es decir la regulación genérica que poner en marcha en cada país para asegurar la seguridad de las redes 5G. Dos años después, España sólo cuenta con un anteproyecto en redacción, después de una primera consulta pública (y con un informe favorable de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pero que advierte de los riesgos de expulsar a firmas como Huawei). Según explican fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, el objetivo es aprobar en Consejo de Ministros antes de que acabe el mes de marzo. Aún se está dando los retoques y llevando a cabo los diferentes trámites e informes preceptivos.
Otros grandes mercados europeos ya han movido ficha en estos dos últimos años. Alemania aprobó su ley en abril pasado. Francia hizo lo propio a mediados de 2019 en una nueva legislación que fue completada con un decreto a finales de ese mismo año. En este último caso, el más alto tribunal del país dictaminó a principios de 2021 que este texto legal no es inconstitucional, tras las denuncias de operadores como Bouygues Telecom. En España aún no hay texto y, ante la inseguridad jurídica, las telecos han tomado la determinación de no contar con el proveedor más señalado, la china Huawei.
Vodafone ya anunció hace más de un año que eliminaría a Huawei del ‘core’, es decir la parte más delicada de la red móvil y donde están todos los datos y funcionalidades principales. Orange aún no lo ha confirmado formalmente pero ya a finales del año pasado aseguró que lo más probable es que no estuviera. Y la que ha tomado más medidas en este sentido es Telefónica. Hace unas semanas adjudicó a Ericsson estos trabajos para sacar al gigante chino, que era el encargado hasta ahora de desarrollarlo. Ya a mediados del año pasado entregó el contrato del acceso a radio (la que conecta las estaciones con las miles de torres) a la sueca y también a la noruega Nokia.
De esta forma, las operadoras españolas no han querido esperar al Gobierno. En caso de que tuvieran que aguardar a que hubiera 'negro sobre blanco' respecto a las reglas para contratar, especialmente a los proveedores con más dudas, no tendrían nada claro hasta bien entrado 2023. La razón: tras la luz verde en el Congreso, las operadoras tienen cuatro meses para remitir sus análisis de riesgos, informes sobre suministradores y medidas técnicas para salvaguardar la seguridad de sus redes. Hay que tener en cuenta que para 2022 se debe proporcionar cobertura en la banda de 700 Mhz (cobertura 'real' de 5G) al 30% de los mayores municipios.
El Gobierno no tiene plazos máximos para el estudio y para elaborar su clasificación de riesgos tras la aprobación de la ley. Esto haría que ese 'ranking' de perfil de riesgo de los diferentes suministradores elaborado por el Ejecutivo no llegue hasta mediados del próximo año, como mínimo. La propia CNMC ya avisó en su informe, avanzado por La Información, que se debería avanzar "lo antes posible" en la fijación de criterios "para evitar que esta situación de incertidumbre se dilate en el tiempo, lo que perjudica al sector en general".
Las otras dos leyes, en el Congreso
La llamada ‘ley 5G’ no es la única que acumula retrasos en el marco normativo español. La Comisión Europea emprendió en octubre acciones legales contra un puñado de Estados miembros, entre ellos España, por el retraso en la transposición a través de la legislación local de dos directivas. Una de ellas es la Ley General de Telecomunicaciones, que deberá adaptar el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. El texto del proyecto de ley se aprobó por el Consejo de Ministros el pasado mes de noviembre y el plazo de enmiendas se amplió hasta el penúltimo día del año pasado. Entre las novedades está que se le perdonará a WhatsApp, Facebook y Google la llamada ‘tasa de operadores’, una medida que en términos de recaudación fiscal era testimonial pues los ingresos de estas compañías eran muy limitados por estos servicios (se justifica por el Ejecutivo en la inseguridad jurídica que causaba al ir más allá de lo que planteaba el texto europeo). También se reforzarían los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones y se trata de igualar -aunque de una manera muy limitada- las obligaciones entre estas plataformas tecnológicas y las telecos.
La otra normativa por la que España ha sido señalada por la Comisión es la audiovisual. Ésta también fue aprobada el pasado mes de diciembre, tras la polémica entre el Ejecutivo y ERC por las obligaciones a las plataformas en producciones en catalán. Desde el pasado 17 de diciembre se encuentra en una fase de enmiendas, que acabará el próximo 7 de febrero. Esta sí que ha supuesto un avance mayor respecto a las grandes plataformas de internet, que deberán abonar la ‘Tasa RTVE’ y compartirla con las propias operadoras de telecomunicaciones y los grupos mediáticos de televisión y tendrán que tener una mayor transparencia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
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