El Gobierno barajó una rebaja media del 30% en el precio de salida para el espectro radioeléctrico del 5G. Y así se la presentó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que elaborara el informe preceptivo sobre las condiciones. Sin embargo, ante la posibilidad de hacer un 'agujero' en el capítulo de ingresos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y tras ofrecer algunas otras medidas fiscales, limitó ese recorte a un 15% ligeramente por debajo de los 1.000 millones de euros. Asimismo, el Ministerio de Asuntos Económicos ha desoído al organismo regulador que reclamaba retomar las obligaciones a las operadoras de alquilar su red durante los primeros años para los rivales más pequeños.
El organismo presidido por Cani Fernández desvela en el informe no vinculante sobre las condiciones de la subasta, al que ha tenido acceso La Información, que los precios se habían visto reducidos "significativamente" en comparación con los establecidos en la consulta pública del pasado mes de diciembre y que despertaron duras críticas de las grandes operadoras. En concreto, según apunta en el documento, la reducción media planteada era de un 30,3% (de un 30% en los bloques principales de frecuencias y del 50% en los bloques más pequeños y con menos prestaciones). "Se aprecia que el coste efectivo equivalente por megahercio (Mhz) para los operadores españoles sería de los más altos de Europa, lo cual justificaría reducir el precio de salida al tiempo que elevar las obligaciones de cobertura y situarlas en niveles similares de otros países", defiende.
Ese 30,3% de reducción media planteado al organismo regulador el pasado mes de marzo -que, pese a las exigencias de un mayor esfuerzo, fue aplaudido- se vio seriamente recortado 'in extremis'. En concreto, la orden definitiva publicada este mismo lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) establece un recorte del 15%. Las operadoras querían más. Sin embargo, había algo, según explicaban fuentes del mercado, que pesaba de manera importante: el cumplimiento de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). No hay que olvidar que en las cuentas se prevían unos ingresos de hasta 2.100 millones por la subasta.
Las obligaciones de despliegue
El Gobierno se arriesgaba a quedarse muy por debajo de esa cantidad en caso de que no se diera una fuerte competencia en las pujas, como sucedió en Reino Unido, donde las pujas sólo se alargaron durante algo más de una semana y el precio final estuvo por debajo de lo previsto por los analistas. Telefónica invirtió algo más de 520 millones de euros para hacerse con las concesiones (muy por debajo de los algo más de 800 que se preveían inicialmente). Aun con la rebaja del 15% planteada 'in extremis', debería más que duplicar el precio de salida para alcanzar los casi 2.100 millones previstos en los PGE.
La CNMC planteaba, por tanto, un precio menor de salida, incluso frente a ese 30% inicial del Gobierno. Pero a cambio exigía que se incrementaran mucho más las obligaciones de despliegue, para equipararse al resto de países europeos, algo que no ha sucedido en las condiciones finales. El reparto de ciudades y porcentajes es ligeramente más favorable a las operadoras, pero sin un gran cambio. El organismo insistía en que había que acompasar estas exigencias de despliegues, sobre todo en zonas rurales en las que recortar la brecha digital, con las ayudas públicas de varios miles de millones que las operadoras recibirán de los fondos de recuperación de la UE.
La otra recomendación que ponía sobre la mesa el informe del superregulador estaba relacionada con las obligaciones mayoristas, es decir, la exigencia de ceder en alquiler las redes desplegadas durante los primeros años a otros operadores. Este fue el otro punto que despertó un malestar importante, principalmente entre las tres grandes operadoras. Éstas últimas incidían en que desincentivaba la inversión e iba a fomentar una mayor guerra comercial en el sector. El Gobierno acabó por eliminarlas definitivamente en sus condiciones finales. Sin embargo, la CNMC las reclamó pues constituye una "importante medida regulatoria" que tiene como finalidad la de promover la competencia efectiva. "Se garantizaría que los operadores que no resulten adjudicatarios podrían prestar servicios 5G desde el primer momento.
Sin privilegios a Másmóvil
Más allá de los tres aspectos clave de la subasta, el regulador sí que ha introducido un cambio muy significativo respecto a la posición que ha ido manteniendo en los últimos años. Tradicionalmente ha sido partidario de reservar espectro para el cuarto operador, Másmóvil, u otros más pequeños que no tuvieran frecuencias bajas de espectro y así fomentar la competencia. El propio Másmóvil lo exigió repetidamente en los meses previos a someter las condiciones a audiencia pública en diciembre. "El cuarto operador está sólidamente asentado y no puede ser considerado como un nuevo operador entrante, a pesar de que no disponer de frecuencias en las bandas bajas", admite. Insiste en que no existe una situación específica en el mercado español que lo justifique.
Con todo, el Gobierno arrancará la subasta en los últimos días del mes de julio, bloqueando la planificación de compras a proveedores de red y de despliegues hasta después del verano. Este retraso haría que las primeras pujas llegaran después de que la oferta pública de adquisición (Opa) lanzada por Másmóvil sobre Euskaltel ya contara con los parabienes regulatorios. De esta forma se clarificaría más el futuro y la estrategia de ambas operadoras ante la licitación. La cuenta atrás ha comenzado.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios