Cambia el modelo de gobernanza de la autoridad supervisora. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha decidido modificar la duración de los mandatos de la primera línea ejecutiva de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de cuatro años con opción a una prórroga por el mismo período (máximo ocho años), a solo seis años sin posibilidad de renovar. La normativa se aplicará a medida que se vayan agotando los nombramientos, aunque si se encuentran en su primer periodo de ejercicio de funciones, podrán ser renovados por dos años adicionales. Rodrigo Buenaventura deberá decidir en diciembre de 2024 si quiere agotar los seis años, prorrogando su puesto por dos años extras.
Según la disposición transitoria segunda, se deberán agotar los mandatos vigentes, y si están en el primer mandato pueden renovar por un máximo de seis años, incluyendo el tiempo transcurrido con antelación a la entrada en vigor de esta ley, que no podrá exceder del plazo de seis años previsto en el artículo 26 de la misma. De este modo, a los nombramientos que se hagan a partir de la entrada en vigor del proyecto se les aplicará los seis años sin opción de prórroga.
La modificación de la norma será aplicable a toda la primera línea ejecutiva de la CNMV, incluyendo al presidente Buenaventura, así como a la vicepresidenta, Montserrat Martínez Parera y a sus consejeros: Juan Manuel Santos-Suarez Márquez, María Dolores Beato Blanco, Helena Viñes, Carlos Cuerpo Caballero (Secretario General del Tesoro y Financiación Internacional) y Margarita Delgado (Subgobernadora del Banco de España). Estos dos últimos son natos, es decir, que conservan su asiento por razón del cargo que desempeñan y hasta que lo sigan ostentando.
Según la fechas de incorporación a sus cargos, los primeros afectados por el cambio de la ley serían Juan Manuel Santos-Suárez y María Dolores Beato, a quien les tocaría renovar su puesto este año. El primero es el consejero más antiguo de la CNMV, pues fue elegido por primera vez en mayo de 2014, fue quien asumió la presidencia del supervisor tras la salida de Elvira Rodríguez en octubre de 2016, a la espera de que se formase entonces un Gobierno con plenas funciones. Fue renovado en 2018. María Dolores Beato, que fue secretaria general de Hacienda del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, aterrizó en el verano de 2018.
El gobierno corporativo de la CNMV se alinea al de Competencia o el Banco de España, y cumple con la recomendación que Oliver Wyman emitió hace dos años
Con esta decisión, la cartera al mando de Nadia Calviño alinea el gobierno de la CNMV con el resto de instituciones, tales como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o el Banco de España, cuyos mandatos son propuestos por el Gobierno y tienen una duración de seis años sin opción a prórroga. Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos han asegurado que eliminar los ciclos tradicionales de cuatro años permitirá reforzar la independencia del organismo
Además, supone aplicar la recomendación emitida por Oliver Wyman en 2020 tras el ejercicio de evaluación comparada al que sometió a la CNMV. Esta firma concluyó en su examen que un escalonamiento formal de los mandatos a lo largo del tiempo podría garantizar la continuidad del trabajo y los objetivos estratégicos del Consejo, con lo que recomendaba el aumento del mandato a seis años con el fin adicional de fortalecer la influencia internacional del equipo de gobierno.
Este anuncio se enmarca dentro de la reforma de la Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión. Ahora se remitirá a las Cortes para iniciar su tramitación legislativa, como adelantó este periódico. Aquí será donde el proyecto se ralentizará de nuevo, ya que todo el proceso, desde la presentación de enmiendas hasta que un Anteproyecto se convierte en Ley, puede prolongarse alrededor de unos cinco meses. Teniendo en cuenta este calendario y la inactividad de agosto, la fecha tentativa de entrada en vigor podría no llegar hasta finales de este año o principios de 2023.
Uno de los cambios más relevantes de esta modificación legislativa es la parte relativa al fenómeno de las sociedades cotizadas con propósito para la adquisición (SPAC, por sus siglas en inglés), unas estructuras "vacías" que han proliferado fuertemente en mercados como el de Estados Unidos. Se trata de un mecanismo alternativo a la salida a Bolsa tradicional, con enorme atractivo para empresas en desarrollo y que favorece la diversificación de fuentes de financiación, limitando la dependencia al crédito bancario. Son, en definitiva, un tipo de vehículo que permite levantar capital para emplearlo en operaciones corporativas sin tener que destapar su fin último.
En definitiva, el Gobierno pretende fomentar la diversificación de las fuentes de financiación para las empresas, eliminando la sobredependencia de la financiación bancaria a través de la simplificación de trámites y eliminando obstáculos superfluos. También aplicará el régimen de opas al mercado BME Growth con la consiguiente obligación de repartir la prima de control. Asimismo, quiere elevar la protección al inversor, como en el ámbito de los criptoactivos, así como aplicar un nuevo régimen prudencial específico para las empresas de servicios de inversión.
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