El Ministerio de Asuntos Económicos quiere calmar las aguas en el Banco de España (BdE) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La creación de la flamante Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero ha levantado ampollas en los dos supervisores, principalmente por la potencial pérdida de competencias y de recursos. Ante este escenario, el departamento dirigido por Nadia Calviño ha introducido 'in extremis' en el texto del proyecto de ley un artículo que trata de dar más protagonismo a ambos organismos.
Ese artículo se refiere a lo que se ha venido a denominar 'Compendio anual de buenas prácticas' para los sectores financieros. Ante esa reducción del ámbito de actuación de BdE y CNMV, Economía los incluye como parte relevante en la elaboración de este documento que servirá como marco de actuación. Lo harán "las autoridades de supervisión" en su conjunto, por lo que se incluye a ambas junto con el organismo de nueva creación. Lo tendrán que hacer, según queda reflejado en el documento del proyecto de ley, en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor y se revisará anualmente por todas ellas.
Ese compendio reunirá "de manera sistemática y con un lenguaje claro y comprensible" las prácticas bancarias aconsejables para las entidades que comercializan productos y servicios financieros. Además, según el texto aprobado, deberá contar con anexos en los que se incluyan los protocolos de autorregulación vigentes en cada revisión. Para su elaboración, cada una de las entidades de supervisión podrán recabar el criterio de otras administraciones públicas con potestades supervisoras sobre las entidades sometidas a la normativa de conducta.
De esta forma, Calviño trata de apaciguar los ánimos de unos supervisores financieros que han visto como esta nueva autoridad les resta competencias relevantes en la supervisión del sector financiero. Y también les deja sin recursos, pues la configuración de los equipos de esta autoridad se hará con funcionarios de ambos organismos, tanto de la CNMV como del BdE, al igual que de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP). Formalmente estos empleados seguirán perteneciendo a esas plantillas, pero pasarán a depender de un equipo directivo diferente. Todos ellos proceden de los actuales servicios de reclamaciones.
Esta introducción del compendio también ha implicado cambios en la configuración del Comité Consultivo de la autoridad. Éste es el órgano de asesoramiento que estará conformado por diez miembros -con el presidente y vicepresidente-, de los que dos serán designados por el Consejo de Consumidores, otros tres por las asociaciones sectoriales representativas del ámbito financiero y cuatro por las comunidades autónomas. El informe de este grupo será preceptivo en relación con las iniciativas en materia de buenas prácticas que proponga la autoridad a los supervisores para la incorporación al compendio que se elaborará en conjunto con Banco de España y CNMV.
Gestos también para Garzón
Este giro para contentar a los supervisores presididos por Rodrigo Buenaventura y Pablo Hernández de Cos no es el único que ha tenido que ejecutar Economía como guiño. Como avanzó La Información, hizo algunas concesiones al departamento de Consumo, dirigido por Alberto Garzón (Unidas Podemos). Una de ellas tiene que ver con la colaboración con otras autoridades y órganos administrativos. La nueva entidad deberá comunicar los hechos o conductas "a las autoridades supervisoras o de consumo con competencia sancionadora".
El otro gesto con el departamento de Garzón se circunscribe a la comunicación de potenciales infracciones. El texto se ha modificado para incorporar que el supervisor de defensa del cliente financiero no sólo debe comunicar "toda la información pertinente" a los supervisores cuando tenga conocimiento de hechos que pudieran constituir infracciones. Estas irregularidades también deberán trasladarse a cualquier "organismo de consumo" competente.
Arranca en 2023
El Gobierno aprobó la creación de la Autoridad el pasado 22 de noviembre en el Consejo de Ministros. La previsión es que entre en funcionamiento a lo largo del próximo año, después de la aprobación del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Podrán presentar reclamaciones ante el organismo las personas físicas o jurídicas clientes de servicios financieros por posibles incumplimientos de normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros, así como por abusividad de cláusula declaradas como tales por los altos tribunales.
La financiación del nuevo ente se cubrirá, según el texto plantea, a través de una tasa de 250 euros a las entidades financieras por cada reclamación admitida. Las resoluciones serán de obligado cumplimiento para la entidad financiera afectada cuando el importe reclamado sea inferior a 20.000 euros. Las firmas que serán vigiladas son las supervisadas, los servicios 'fintech' y de criptoactivos y los vinculados a préstamos al consumo, con independencia de por quién sean supervisados.
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