Es la ley que hará pagar la 'tasa del 5%' para financiar al cine europeo a Netflix y el resto de plataformas de streaming en España como HBO o Amazon Prime. Y la que tratará de regular de alguna manera servicios de vídeo como Youtube, Twitch o TikTok. El debate surgido en el sector ha sido intenso y el Gobierno sigue sin llevar el texto definitivo al Congreso de los Diputados. Ante el revuelo causado en el sector, con intereses contrapuestos y difíciles de conjugar, el Ejecutivo plantea retrasar más su aprobación con un segundo periodo de consulta pública para así ganar tiempo para perfilar aún más el documento antes de la tramitación.
El Gobierno puso las primeras cartas sobre la mesa el pasado mes de noviembre. Abrió la primera consulta pública de un anteproyecto de ley que supo a poco especialmente a operadores de televisión, en abierto y de pago. En él establecía una novedad importante: las plataformas de streaming iban a ser calificados como operadores y, por tanto, debían pasar por caja y abonar el 5% de su facturación total en España a financiar cine europeo. Después de ese movimiento se esperaba tener un texto definitivo en unos meses e iniciar su tramitación entre mayo y junio. Sin embargo, el debate surgido en el sector ha sido muy intenso, con una fuerte presión sobre todo del lado de las televisiones.
La patronal de Atresmedia y Mediaset ha lamentado en repetidas ocasiones que esta ley se trata de una "oportunidad perdida" para tratar de igualar el terreno de juego entre las televisiones lineales y el resto de plataformas digitales. Se quejan de que no se haya afrontado una regulación más profunda de las plataformas de intercambio de vídeo, en las que incluye a Youtube y otras como la de streaming especializada en videojuegos Twitch, para que así se incluyan obligaciones específicas de protección del menor y protección del consumidor -como sí se incluyen para el resto de actores 'tradicionales'-.
Su presión ha sido intensa en los últimos meses, no sólo ante el Gobierno sino también ante la propia CNMC -el pasado mes de mayo mantuvieron un encuentro con la cúpula del organismo- al igual que algunas de las operadoras de telecos. El regulador, presidido por Cani Fernández, ha sido uno de sus aliados, pues ha defendido la creación de un marco jurídico actualizado que "refleje el progreso del mercado y que permita lograr el equilibrio entre el acceso a los servicios de contenidos online, la protección del consumidor y la competencia". Prueba de la difícil situación actual es la primera demanda contra TikTok en España por prácticas que podrían suponer un quebranto de los derechos del menor, que ha acabado en una remisión por parte de CNMC a las autoridades irlandesas.
El resultado es que desde el Gobierno buscan abrir una segunda consulta pública con el documento elaborado tras estos meses de diálogo con todas las partes, según explican fuentes del Ejecutivo. Esto retrasaría la tramitación parlamentaria hasta después del verano, pues lo habitual es que este periodo se alargue durante un mes para recoger todas las opiniones y varios más para la inclusión de las mismas. Esto pondría en riesgo la posibilidad de aprobar la ley definitivamente en el Congreso de los Diputados antes de que acabe el año.
Mientras el 'tira y afloja' continúa, las grandes multinacionales tecnológicas del sector no dejan de ganar espacio en el mercado frente a los operadores lineales tradicionales. Según los últimos datos aportados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a finales del 2020 este tipo de plataformas como Netflix o HBO se consumían en casi la mitad de los hogares españoles con acceso a internet. Sólo en el último año, especialmente marcado por la pandemia del coronavirus, ese porcentaje se ha incrementado más de un 20%.
Otras dos leyes tecnológicas
El Ministerio de Asuntos Económicos tiene entre manos otras dos leyes que también afectan a las grandes compañías tecnológicas y las operadoras de telecomunicaciones y que también acumulan retrasos. Una es la Ley General de Telecos, que es la que regula toda la actividad del sector de comunicaciones electrónicas. La consulta pública acabó el pasado mes de octubre y aún no se ha remitido al Consejo de Ministros. Desde el departamento insisten en que el objetivo es tenerla antes del verano, aunque el grueso de la tramitación no se abordaría hasta después del parón vacacional de las Cámaras.
La otra es la de ciberseguridad de las redes ultrarrápidas 5G, que será la que regule el papel de los grandes proveedores como el gigante chino Huawei. Esta es la que más retraso acumula y lo lógico es que todo el proceso arranque a partir de septiembre. El hecho de que aún no haya sido aprobado en el Consejo de Ministros hace que no vaya a ser sencilla la contratación de este tipo de contratistas, pues no habrá una claridad jurídica sobre los criterios que se seguirán para elegirlos.
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