Los bancos consideran que ya han hecho su papel participando en la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y que, dada su evolución y el nuevo modelo de contabilidad, deberían ofrecerles la posibilidad de salir para que sea el Tesoro el que adquiera el 100% del 'banco malo'. Además, las entidades ya no están dispuestas a invertir más, mientras que mantenerse como accionistas de esta sociedad fuerza a las que tienen esta condición a mantener unas provisiones asociadas, cuando para ellas el riesgo es cero.
El problema es que la salida de los bancos de Sareb está condicionada a una normativa aplicable a las sociedades de gestión de activos, cuyo régimen jurídico establece que en ningún caso la participación pública podrá ser igual o superior al 50% del capital. Por esta razón, están retenidos hasta que el Gobierno decida modificar la norma, algo que puede ocurrir en cualquier momento mediante acuerdo en Consejo de Ministros. A pesar de la clara posición de los bancos a perder su condición de accionistas en Sareb, fuentes gubernamentales consultadas por La Información descartan que en este momento se haya tomado alguna decisión y subrayan que no tienen "compromiso ni obligación" ninguna para hacerse con la totalidad de la sociedad.
Santander, CaixaBank y Sabadell aglutinan el 41,08% del capital de Sareb
Hace algo más de ocho años el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, pidió a las entidades financieras que aportaran dinero al 'banco malo' al que se traspasó los activos problemáticas de los bancos y cajas de ahorro rescatadas. La mayoría aceptó la solicitud del Ejecutivo confiadas en el plan de negocio presentado en el que se prometía alcanzar una rentabilidad, aunque BBVA declinó involucrarse desde un principio. Actualmente, el 54,1% del capital de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) está en manos privadas, principalmente Santander (22,23%), CaixaBank (12,24%) y Sabadell (6,61%). El resto del bloque privado se distribuye entre otras 23 entidades y aseguradoras. Por su parte, el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), tiene el 45,9%.
Sareb nació en 2012 con la intención de que en 2027 pudiera desaparecer. Se creó como parte del esquema planteado para recapitalizar a las entidades con problemas, con la misión de retirar los activos tóxicos del sistema para posteriormente liquidarlos de su cartera, así como para impedir que afectase a la deuda pública, siguiendo un modelo de gestión sostenible y responsable. Para ello, se compraron más de 200.000 inmuebles por 50.781 millones de euros que se pagaron mediante bonos avalados por el Tesoro Público. La idea inicial era que los ingresos por las ventas permitiesen cumplir con su mandato de liquidación de activos y de cancelación de la deuda durante su vida, pero esto no ha sucedido así.
El 'banco malo' fracasa en parte de su misión encomendada
Apenas quedan siete años para su disolución teórica -aunque ya empieza a plantearse la posibilidad de alargar su existencia en el tiempo- y aún mantiene una deuda de 34.918 millones de euros. Durante este tiempo, solamente se han devuelto 15.863 millones de euros, un 31,2% de los 50.781 millones iniciales. En cualquier caso, el problema se ha acentuado recientemente después de que la agencia estadística europea, Eurostat, haya obligado a cargar dentro del balance público este compromiso, una nueva reclasificación que ahoga al Estado con casi 35.000 millones de deuda extraordinaria y algo más de 7.000 millones de euros de déficit. Esta nueva contabilidad provocará que la deuda sobre PIB de España se dispare y sobrepase el 120% en 2020, precisamente lo que se quería evitar con su creación.
La situación de Sareb es tal que el Gobierno tuvo que salir a echarle una mano tras el estallido de la crisis del coronavirus con la aprobación de una modificación de la Ley de Sociedades de Capital que le permita de manera excepcional continuar con la labor que está desarrollando sin entrar en causa de disolución a pesar de que consuma sus recursos propios. La acumulación de pérdidas durante este periodo ha provocado que la entidad se haya 'comido' todas las aportaciones (capital y deuda subordinada) de las que disponía, que ascendía a unos 4.800 millones de euros.
A finales de este mes de mayo, el consejo de administración de Sareb celebrará su junta general ordinaria. En esta cita, los accionistas tendrán que aprobar la conversión de 1.430 millones de deuda subordinada en capital que se utilizarán para cubrir los 1.073 millones de euros de pérdidas de 2020. Los 357 millones de euros restantes podrán utilizarse para hacer frente a los 'números rojos' de los primeros meses de este ejercicio. Algunas fuentes consultadas prevén que será después de este encuentro cuando el Ejecutivo por fin trasladará sus intenciones.
Igualmente deberán dar 'luz verde' al nombramiento del actual consejero delegado, Javier García del Río, como nuevo presidente tras la dimisión "por motivos personales" de Jaime Echegoyen después de siete años al frente de la sociedad. Su salida se ha conocido justo después de que empezara a tomarse en consideración la posibilidad de que el Estado se haga con el control de una compañía que podría empezar a reducir su perfil bancario y a iniciar un nuevo rumbo más ligado a la gestión inmobiliaria.
Echegoyen llegó a la compañía como consejero delegado en marzo de 2014, y un año después, se le colocó al frente de la misma. Su trayectoria ha estado ligada a la banca, iniciándose en Bank of America y posteriormente ocupando puestos de máxima responsabilidad en otras entidades, como el de consejero delegado en Bankinter entre 2002 y 2010, y el de máximo responsable de Barclays en España y Portugal entre 2011 y 2013. Al contrario, la figura de García del Río ha estado siempre asociada a la gestión de activos, llegó hace poco más de un año a Sareb procedente de Solvia y pasó por The Boston Consulting Group o el negocio inmobiliario de Caja de Ahorros del Mediterráneo.
