Plan de Recuperación

Calviño tira de subcontratas ante la falta de medios para liderar la digitalización

La Secretaría de Estado de Avance Digital contrata a la empresa pública Isdefe para apoyar al gabinete por la "insuficiencia" de perfiles ante la previsible llegada de los fondos europeos.

Carme Artigas (Synergic Partners), única española entre las directivas más influyentes para 'Insights Success'
Carme Artigas, secretaria de Estado de Avance Digital.
EUROPA PRESS

La digitalización es una de las áreas claves que están llamadas a ser protagonistas en los próximos años con el aluvión de fondos de recuperación de la crisis del coronavirus. La estrategia España Digital 2025 espera movilizar 140.000 millones de euros de inversión pública y privada en un lustro. Sin embargo, la Secretaría de Estado que debe ejercer el liderazgo en esa hoja de ruta tecnológica y la gestión de este dinero se ha visto obligada a ‘tirar’ de la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe) para subcontratar sus servicios ante la “insuficiencia y falta de idoneidad de medios personales para poder gestionar las actividades con la eficiencia y agilidad deseadas”. Este movimiento se produce en plena salida de varios perfiles importantes de este departamento, dirigido por Carme Artigas, como el de la propia jefa de gabinete.

En concreto, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, ha aprobado un encargo al Isdefe para los próximos tres años, que supondrá un coste de unos 4 millones de euros, con IVA incluido. La empresa pública prevé la contratación de un equipo de trabajo de cuatro consultores senior y uno junior, dos administrativos y un gerente para la gestión (con tarifas por hora que van desde los 48 a los 96 euros). A esto se sumarán servicios adicionales subcontratados por un importe de 1,3 millones (sin IVA) y 17.000 euros 'extra' destinados a viajes y otros gastos menores. Todos estos empleados  trabajarán para el gabinete de la secretaría.

El departamento dirigido por Carme Artigas, fundadora de la consultora tecnológica Synergic Partners que fue vendida a Telefónica por casi 10 millones de euros hace seis años, admite que uno de los principales compromisos va a ser la “dinamización” de los fondos del marco financiero de la UE para el periodo hasta 2027, más allá de los fondos de cohesión, en todos los programas e instrumentos relacionados con los datos, la inteligencia artificial, la digitalización de la economía y el emprendimiento. “Los programas económicos post-Covid 19 sitúan la digitalización en el centro de las prioridades de financiación”, aseguran.

Pese a la radical importancia de este departamento en esta ola de fondos públicos, entienden que es preciso reforzar con personal especializado al gabinete de la secretaría para dar soporte. “Ante la insuficiencia y falta de idoneidad de los medios personales existentes para poder gestionar las actividades con la eficiencia y agilidad deseadas, se considera conveniente contar con un encargo a medio propio”, admite. Además de las tareas ya asignadas, la recepción de ese dinero europeo del plan de recuperación “supone un desafío”. En este sentido, se justifica insistiendo en que se trata de un nuevo instrumento cuyo funcionamiento difiere considerablemente de anteriores instrumentos del pasado, como los fondos Feder. “Todas estas labores no estaban previstas en el momento de creación de la Secretaría de Estado”, apostillan.

Este movimiento ‘in extremis’ del departamento dependiente de Asuntos Económicos se produce también después de varias sacudidas en la plantilla que han desembocado en una alta rotación de personal, con más de una veintena de salidas en los últimos doce meses. Además de la que han protagonizado varios perfiles técnicos importantes, el pasado mes de febrero se confirmaba a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) el cese de la directora del Gabinete, Lucía Velasco Jones, que ha sido asesora del PSOE en el área digital durante los años anteriores. Artigas lidera el departamento desde principios de 2020, cuando Francisco Polo, su antecesor y que hoy ocupa el puesto de nueva creación de Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, fue destituido por Nadia Calviño.

Economía subcontrata ante "la insuficiencia y falta de idoneidad de los medios personales"

Una comisión de seguimiento

Pero, ¿por qué se elige al Isdefe, una entidad dependiente del Ministerio de Defensa? En el documento público del encargo, consultado por La Información, insisten en la experiencia y el conocimiento adquirido por su equipo, pues ha participado desde 2017 en varias encomiendas para actividades de apoyo de la antigua secretaría de estado. “Es una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica”, asegura. Isdefe, junto con Tragsa, son dos de las entidades públicas clave para este tipo de encomiendas en su calidad de medios propios del Estado.

Para tratar de coordinar lo mejor posible los trabajos de este equipo de Isdefe, ambas partes han decidido crear una comisión de seguimiento que estará compuesta por cuatro miembros: dos de ellos actuarán en representación de la Secretaría de Estado, mientras que los otros dos serán personal de Isdefe, uno de los cuales deberá tener nivel al menos de gerente. Este grupo se deberá reunir una vez cada seis meses como mínimo para abordar estos trabajos.

Con esta subcontratación han preparado el terreno ante el aluvión que se espera para los próximos meses. Ante la imposibilidad de entregar el plan antes del 31 de marzo, se ha fijado como fecha tope el 30 de abril. El objetivo es que los primeros fondos lleguen en el segundo semestre del año. Para la estrategia España Digital 2025, en el que la secretaría tendrá un papel destacado, la inversión pública se va a situar en los 20.000 millones de euros en cada uno de los tres primeros tres años, de los que 15.000 millones de euros procederán de los fondos europeos de reconstrucción acordados esta semana en el seno de la Unión Europea (UE), mientras que los otros 50.000 millones corresponderán al sector privado.

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