Una de las quejas más repetidas en el sector de las telecos tiene que ver con la tributación. Las principales operadoras de este país han pedido 'clemencia' fiscal de manera sistemática a los diferentes gobiernos. Con estas plegarias como telón de fondo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha recortado en más de una cuarta parte la previsión de ingresos para la Tasa General de Telecomunicaciones, que grava todas las gestiones con la administración, y ha mantenido invariable la que les cobra por la reserva de las frecuencias del espectro radioeléctrico.
El año 2021 va a ser duro para las operadoras. No sólo por la crisis económica y sus efectos, que ya se están percibiendo en las cuentas de resultados de la mayoría de ellas, o por la pelea comercial con la llegada de más competencia de operadores pequeños. También lo será porque se deberá afrontar el primer 'golpe' de la inversión para hacerse con los derechos de explotación del espectro radioeléctrico en la banda de 700 MhZ, la que servirá para expandir las redes ultarrápidas 5G. Para esta subasta, el Gobierno ya prevé al menos unos ingresos de 2.100 millones de euros, por encima de las primeras previsiones de las compañías lideradas por Telefónica.
En ese contexto, el Gobierno acaba de poner sobre la mesa también sus previsiones de ingresos a través de las tasas públicas. Al menos, las que deben estar plasmadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La principal es la llamada 'tasa general de telecomunicaciones' y tiene por objeto cubrir la gestión de la administración central en determinadas concesiones y autorizaciones, inscripciones registrales o inspecciones obligatorias. En el año 2018, últimos PGE aprobados, el Ejecutivo de entonces previó que las operadoras debían abonar al menos 22 millones de euros por este concepto. En el proyecto para el año 2021 se contemplan 16,3 millones, un 28% inferior y una de las cifras más bajas de los últimos ejercicios.
La otra tasa que es cuantificada a través de los presupuestos del Estado es la conocida como 'tasa de espectro'. Es decir, es el que grava la reserva para su uso por operadores de cualquier frecuencia del dominio público radioeléctrico. Esta se basa en el valor de mercado del uso de la frecuencia y la rentabilidad que puede obtener la teleco. Como sucedió en los dos ejercicios anteriores, se ha mantenido invariable en los 10 millones de euros entre todas las compañías del sector.
La tasa de operadores, polémica
La llamada 'Tasa General de Operadores' es la única que no está regida por los presupuestos. Y es la que arroja más dudas de cara al año 2021. El Gobierno no plasma la previsión de ingresos, porque depende de los gastos que declaren la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones relacionados con su trabajo de vigilancia y gestión en el sector. En el año 2019 esta cuantía ascendió a algo más de 24 millones de euros. En el ejercicio próximo debería estar en vigor la reforma de la Ley de Telecomunicaciones, cuya aprobación está prevista para los primeros meses, y por tanto tendrían que contribuir a ese pago compañías como Facebook (WhatsApp, Messenger) o Microsoft (Skype). Han sido declarados prestadores de servicios y deberán aportar el 1% de sus ventas.
El problema radica en que la mayoría de estas plataformas son gratuitas o pertenecen a grupos que facturan desde fuera de España. Es lo que han criticado las operadoras, que lo califican de "brindis al sol". El propio presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, reclamaba el pasado verano una fiscalidad y regulación equitativa: "Si nosotros damos una llamada de voz sobre 4G estamos compitiendo con empresas OTT y lo que pedimos es mismas reglas, mismos servicios y mismas obligaciones". E insistía: "La fiscalidad está pensada para el siglo pasado y tenemos que adaptarla a las normas del mundo digital; la definición del hecho imponible es diferente"
Peleadas en los tribunales
Tanto la tasa de telecos como la de operadores están siendo peleadas por los diferentes operadores en los tribunales. Muchas de las liquidaciones exigidas por la Agencia Tributaria han sido recurridas en los tribunales, al igual que las que han sido efectuadas por ayuntamientos y otras administraciones locales, con resultados diferentes. Algunas de las batallas, como la iniciada por Vodafone contra el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) cobrado por sus torres de telefonía, ya han llegado al Tribunal Supremo a la espera de sentencia firme. Y otras, como la de 'tasa RTVE', ha llegado al Tribunal Constitucional.
Todos los grandes actores se han mostrado durante los últimos años muy críticos con las tasas y el nivel impositivo. El presidente de la patronal DigitalES, Eduardo Serra, lo reclamó en la comisión de reconstrucción organizada por la CEOE en verano: "A más fiscalidad, menos inversión; el antídoto ante la incertidumbre es la seguridad jurídica". Ese mantra se ha repetido una y otra vez entre los primeros ejecutivos. El todavía consejero delegado de Vodafone, Antonio Coimbra, ha exigido en varias ocasiones una mayor previsibilidad en el capítulo de tributos y que se reduzca la presión. Y sus homólogos en Telefónica y Orange han hecho lo propio. Al menos en el lado de la tasa de telecos tiene un respiro. Aunque sea muy pequeño.
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