El cambio de Gobierno ha dejado en el limbo el árbitro de consumo para litigios en banca. Se trata de una autoridad de nuevo cuño proyectada para resolver cualquier tipo de disputa de consumo relacionadas con el sector financiero cuya regulación debía haber aprobado el Ejecutivo y trasladado al Congreso antes del pasado día 4 y se ha quedado colgado entre los numerosos asuntos legislativos pendientes que hereda el gabinete de Pedro Sánchez.
El proyecto era casi empeño del Ejecutivo de Mariano Rajoy, ideado cuando la litigiosidad judicial se dispara con las denostadas participaciones preferentes, las ejecuciones hipotecarias o las cláusulas suelo. Solo al servicio del Banco de España se le duplican los expedientes y se ve en la tesitura de tener que externalizar su tramitación para cumplir con el plazo legal existente de cuatro meses para dar respuesta a los clientes que presentan la queja.
Se plantea con intención de solucionar el atasco judicial creando un esquema único para dilucidar sobre demandas de usuarios relacionadas con productos y servicios bancarios (créditos, tarjetas, cuentas…), de seguros, de inversión o cualquier otra queja de cariz financiero. Aprovechó la trasposición de la directiva de 2013 sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo para colarlo con una disposición adicional donde se automandataba a remitir su regulación a la Cámara Baja antes de ocho meses a contar desde la aprobación la ley el 4 de noviembre de 2017. Plazo que acaba de expirar.
El proyecto encontró apoyos y detractores. La mayor enmienda la formuló la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que cuestionó la oportunidad de crear por ley un mecanismo así especializado en desavenencias de consumo financiero, impidiendo que puedan mediar otros árbitros dichos conflictos. "La limitación a la iniciativa privada podría ser igualmente desproporcionada por lo que se aconsejaría su replanteamiento", planteó el organismo sin frenar el proyecto. El Banco de España, en el otro lado de la balanza, defendió la creación de un esquema centralizado y vinculante que cuente con la participación del propio sector, a inspiración del ombudsman británico.
La asociación de consumidores Adicae reclamó precisamente ayer a la ministra de Economía, Nadia Calviño, que retome el proyecto y diseñe organismos que actúen contra los fraudes y los abusos financieros.
Su razón de ser perdió, sin embargo, peso cuando el Gobierno y Ciudadanos plantearon una reforma global de los supervisores. El proyecto del Ejecutivo de Rajoy era hacer depender al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dividir las competencias del megaorganismo de Competencia, segregar la función de supervisión de seguros en una agencia independiente y montar otra autoridad para disputas con clientes que heredaría la labor de los departamentos correspondientes de reclamaciones y quejas del Banco de España, CNMV y Seguros.
Aquel esquema se atascó ante otras emergencias legislativas y la crisis en Cataluña, y el Gobierno de Sánchez sopesará si es la estructura que desea cuando algunas voces vuelven a reclamar el viejo plan del PSOE de dividir en dos pilares la supervisión financiera (bajo el Banco de España el control de la solvencia y en CNMV la vigilancia de la conducta). En el discurso de investidura Pedro Sánchez se comprometió a fortalecer dichos organismos y “la defensa de la competencia, en beneficio del consumidor y usuario”.
Si su planteamiento encalla por la fragmentación parlamentaria siempre queda la opción, explorada por el anterior Ejecutivo, de regular en un proyecto aparte la autoridad de protección del consumidor, ya que aglutinaba consensos. El esquema podría contar con capacidad o no para dirimir conflictos y actuar de árbitro, y emitir dictámenes vinculantes (algo de lo que carecen actualmente los departamentos de reclamaciones de los organismos supervisores financieros).
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