Nuevos parámetros de medición

Adif estudia cambios en la fórmula de sus cánones ante la presión de la CNMC

La tasa que el gestor ferroviario cobra a Renfe y Ouigo por utilizar su red está bajo revisión para los próximos años. Se baraja tener en cuenta indicadores como el peso de los trenes o su velocidad máxima.

La nueva presidenta de ADIF, María Luisa Domínguez.
La presidenta de ADIF, María Luisa Domínguez.
La Información

En un momento en el que los nuevos operadores ferroviarios aterrizan en el mercado y la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) vigila el proceso, Adif mueve ficha y pone bajo revisión su método de contabilizar los costes en los que incurre por la cesión de su infraestructura. Se trata de los cánones, tasas que posteriormente pagan los operadores y que en los últimos meses distintos agentes del sector han puesto en entredicho. Pese a la propuesta que la compañía dependiente del Ministerio de Transportes ha ofrecido a Renfe y Ouigo para 2022, fuentes cercanas a ambas empresas muestran el malestar por el sistema que marca los ingresos de Adif.

Como respuesta, la compañía pública dirigida por Maria Luisa Domínguez estudia introducir nuevos parámetros que determinarán la tarifa final a pagar por parte de los operadores. La idea de introducir nuevos indicadores fue deslizada por Manuel Fresno, Director General Financiero y de Control de Gestión, la pasada semana en el foro Investructuras, donde participó junto a otros directivos de la industria. Actualmente, los principales cánones que utiliza Adif giran en torno a conceptos como el acceso a las líneas ferroviarias, la reserva de capacidad (kilómetros recorridos) o el uso de estaciones. Las fuentes consultadas por La Información explican que estos nuevos criterios a analizar son el peso de los trenes que circulen por las vías españolas y la velocidad máxima que puedan alcanzar. Un portavoz de Adif fue contactado por este medio, pero no contestó al cierre de este artículo.

El sistema está ideado para que impacte sobre todo en la alta velocidad de viajeros, por lo que los principales afectados, además de Renfe, son las nuevas empresas que han empezado a rodar por las vías españolas. Una de ellas es Ouigo, del operador público francés SNCF, que denuncia que la fórmula de los cánones le perjudica al tener que pagar por plaza ofertada en cada tren y no por plaza ocupada. El motivo: la filial de la compañía francesa utiliza trenes Euroduplex de dos plantas. El otro operador ferroviario que empezará a rodar es Ilsa, de los accionistas de Air Nostrum y el operador italiano Ferrovie dello Stato.

En aspectos generales, fuentes del sector coinciden en señalar que parte de los costes que imputa Adif a los operadores son excesivos. Se refieren a que, con los datos de 2020, su modelo muestra "incongruencias" en la subida de los costes en relación con la bajada tan importante de los tráficos por la crisis del coronavirus. Por ejemplo, en las líneas de alta velocidad el coste directo se ha incrementado en más de 17 millones de euros (un 5,14%) cuando el tráfico, en cambio, ha descendido en más del 42%.

Otro aspecto criticado es el cortoplacismo de los cánones. Los operadores reclaman que estas tasas queden fijadas con una periodicidad superior a un año, es decir, que se acerquen a un modelo más similar al que tiene el gestor aeroportuario Aena en las tasas que cobra a las compañías aéreas. Los operadores ferroviarios, por su parte, creen que es necesario dar mayor visibilidad sobre la evolución de los cánones. Una buena idea sería dar validez a estas tarifas hasta 2025.

La CNMC vigila

La decisión de Adif llega en plena supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). La entidad presidida por Cani Fernández tomó nota en su último informe de propuesta de cánones de la falta de transparencia que denunciaron los operadores. Los costes directos que arroja el modelo de Adif y Adif Alta Velocidad "podrían incluir costes fijos que, de acuerdo con el Reglamento de Ejecución de la Comisión Europea 2015/909, no son costes elegibles", afirmó el propio organismo, que además añadió que estos costes directos "son muy superiores a los observados en otros Estados miembros" como Francia. Su conclusión: los cánones serían inferiores con un cálculo de costes directos más ajustados a su definición.

Además, Competencia ultima la contratación de una consultora experta para llevar a cabo una revisión “en profundidad” del sistema de Adif. La misma tarea la ha llevado a cabo en años anteriores EY, aunque con carácter rutinario. A ello se suma que en el pasado ya multó a la sociedad mercantil estatal por incumplir el acuerdo de 2019. ¿Qué sucedió? Competencia constató que los cánones de Adif no cumplían con la normativa y solicitó una reducción de más de 43 millones de euros. No obstante, la compañía presidida entonces por Isabel Pardo de Vera ignoró las recomendaciones en su propuesta final ante el Ministerio de Transportes para su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado.

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