Jueves, 05.12.2019 - 12:54 h
La decisión del Supremo será antes de Navidad

Madrid reactivará el Campus de la Justicia tras el fallo del litigio con Acciona y OHL

Año y medio llevan esperando las dos firmas que pretenden la adjudicación en Valdebebas. No está claro si tras el juicio habrá una nueva licitación. 

Render del Campus de la Justicia de Madrid.
Render del Campus de la Justicia de Madrid / D.R.

El Campus de la Justicia de Madrid pretende resucitar a la Ciudad de la Justicia gestada sin éxito en época de Esperanza Aguirre (hablamos de 2004), manoseada durante el mandato de Ignacio González y paralizada en la era Cifuentes. Lo cierto es que el Gobierno de la también popular Isabel Ayuso tiene la intención de sacar de las cenizas este proyecto y unificar todas las sedes judiciales (en concreto, 356), menos las nacionales como Tribunal Supremo, Constitucional y Audiencia Nacional, en el barrio de Valdebebas, no muy lejos de los juzgados de Plaza de Castilla, el aeropuerto de Barajas e IFEMA, en pleno Madrid Norte, un desarrollo que caminaría a la par que la Operación Chamartín, también reactivada por el nuevo ejecutivo. 

El proyecto, con una inversión estimada de 500 millones de euros, incluía la construcción de 14 instalaciones en un único complejo. Actualmente solo hay una. Lo que iba a ser el nuevo Instituto Anatómico Forense. Un edificio, que se conoce popularmente como el donuts por la forma que tiene visto desde el aire, y que actualmente está vacío. Su volumen (14.000 metros cuadrados) triplica con creces el del actual ubicado en la Ciudad Universitaria y una capacidad para 195 nichos. 

Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid en Valdebebas
Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid en Valdebebas / Oscar del Pozo - Europa Press

¿Habrá una nueva licitación?

Desde la Comunidad de Madrid aseguran a este medio que la intención del nuevo ejecutivo es resucitar el proyecto, ya que es una demanda tanto de la población como de los profesionales del Derecho, y que aprovecharían en la medida de lo posible las instalaciones ya construidas. Que en este caso se refiere al edificio del Anatómico Forense. El argumento del Ejecutivo de Cifuentes fue que aún no se había resuelto un litigio con Isolux Corsán por el proyecto previo del entonces llamado Campus de la Justicia, promovido bajo el mandato de Esperanza Aguirre y del que solo se construyó un edificio. Sin embargo, ahora no basta la intención política. 

Primero el Tribunal Supremo tiene que fallar ante el recurso de casación esgrimido por Acciona y OHL, que en este proyecto actúan en UTEy que se postulan como adjudicatarias de estos golosos terrenos. Un fallo que previsiblemente será antes de Navidad, ya que el proceso judicial se inició en julio de 2018. Y además hay otro punto. Fuentes empresariales advierten que aunque Ayuso tiene una clara intención de reactivar el proyecto aún no ha dejado claro si va a ser de la mano de la UTE Acciona y OHL o se va a convocar una nueva licitación. 

Recordar aquí que el pasado verano, el Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso de casación interpuesto por Acciona y OHL contra la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de noviembre pasado en la que dio la razón a la Comunidad de Madrid en el contencioso que les enfrenta por el proyecto de construcción y explotación de la denominada Ciudad de la Justicia.

El TSJM falló a favor de la Comunidad de Madrid en su recurso contra la resolución previa del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la región. La sentencia del TSJM resolvió entonces que la concesión para construir la Ciudad de la Justicia no determinaba "con precisión" el objeto del contrato que es "de todo punto incompatible" con el que ya se había adjudicado en 2007 a Corsán-Corviam para construir los Juzgados de lo Social y Mercantil.  

Básicamente, el TSJM decía que debía haberse finiquitado la Ciudad de la Justicia antes de emprender el Campus de la Justicia cosa que no se hizo.  Ignacio González aprobó adjudicar el proyecto en verano de 2015, antes de que Cifuentes tomase posesión, sin precisar el objeto del contrato, lo que supone una "infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato" que legitima el desistimiento posterior. La duplicidad de objetos más las luchas políticas entre Aguirre-Cifuentes hicieron que tanto OHL como Acciona decidieran acudir al Supremo.

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