El Canal de Isabel II, la empresa madrileña de gestión de agua con contratos de gestión en varios países de América del Sur y propiedad al 100% de la Comunidad de Madrid, se enfrenta a un aluvión de pleitos y denuncias de los trabajadores de algunas de sus filiales por la conversión de sus contratos en indefinidos no fijos en lugar de indefinidos, por despidos y por conflictos colectivos, fundamentalmente. Algunas demandas ya han llegado al Tribunal Supremo y un buen número lo hará en breve, porque la compañía pública se ha mostrado dispuesta a llegar hasta el final por la vía judicial, pese a que muchas sentencias de primeras instancias y Tribunales Superiores no le han sido favorable. Sin embargo, la empresas que preside Paloma Martín se guarda un as en la manga: la sentencia del Supremo del pasado 16 de septiembre que unifica doctrina -ver resolución-.
Con el objeto de encontrar el mejor despacho para representar sus intereses en los tribunales en materia laboral y de Seguridad Social, el pasado 27 de septiembre -11 días después de la sentencia- publicó la convocatoria de un contrato valorado en 1,5 millones por el que han pugnado hasta 11 despachos de abogados. La oferta atrajo a Deloitte, que recientemente se ha adjudicado varios licitaciones jurídicas del Canal; Uría Menéndez, PricewaterhouseCoopers, Grant Thornton, Ecija Legal, Pérez Llorca Abogados, pero también a despachos de menor tamaño como Bufete Casadeley, Muro Abogados, Broseta Abogados, Bufete Muñoz Pérez y una UTE, que incorporaba cuatro despachos y que compitió por dos lotes.
El pasado jueves, la Mesa de Contratación daba a conocer un acuerdo unánime en el que proponía como adjudicatarios de los cuatro lotes a Ecija (1), Muro Abogados (2), Uría Menéndez (3) y Ecija (4), siendo el 3 y el 4 los que contemplaban un presupuesto más importante y un ámbito de actuación mayor. Ahora, una vez elevada esta propuesta al consejero delegado del Canal, Pascual Fernández Martínez, se deberá dar el visto bueno para que se formalice la contratación. El interés por la propuesta ha quedado patente no solo por el número de despachos interesados, también por la cantidad de ofertas extremadamente bajas o temerarias, de hasta un 36%, que se hicieron por los lotes. Destacan en este sentido las de Deloitte, Ecija y Thornton, que fueron justificadas previo argumento de los despachos.
Una sentencia de septiembre será clave. El Supremo unifica doctrina y señala que el contrato indefinido no fijo también se puede aplicar en empresas públicas
Los nuevos responsables del asesoramiento jurídico en materia laboral y Seguridad Social y de asistencia, representación y defensa en juicio ante denuncias, fundamentalmente, deberán hacer buena parte del trabajo en el Supremo, que hace cinco meses dio la razón a la empresa pública frente a una trabajadora de Hispanagua, a la que se había contratado en innumerables modalidades -interina, relevo, parcial...- y pedía un contrato fijo debido a que su trabajo se realizaba en una empresa pública y no en una administración. Hispanagua, que se integró en Canal de Isabel II en septiembre de 2020 absorbiendo a sus trabajadores, ha sido foco de conflicto laboral permanente.
Ante dos sentencias contradictorias, la que recurría el Canal, que había sido favorable a la trabajadora, y la de contraste, emitida también por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero el 11 de noviembre de 2019, en la que se entiende que la condición de trabajador indefinido no fijo también es aplicable a las sociedades mercantiles del sector público, el Supremo se decanta por la segunda. El magistrado se apoya además en distintas resoluciones de la misma sala del Supremo, en la que la protagonista era AENA, en las que se estimaban los recursos de casación para la unificación de doctrina de esta empresa pública estatal, dejando claro que estos trabajadores no pueden ser fijos.
La clave de la sentencia del Supremo de septiembre, que será fundamental para los despachos contratados, es que, pese a que tanto Aena como Canal de Isabel II no son administraciones públicas, ni entidades de derecho público, el contrato de trabajo indefinido no fijo no se aplica exclusivamente a las administraciones públicas. "La relación laboral indefinida no fija tiene como finalidad salvaguardar los principios que deben observarse en el acceso al empleo público (no solo a la función pública) a fin de evitar que el personal laboral temporal contratado irregularmente por una entidad del sector público adquiera la condición de trabajador fijo en el puesto que venía desempeñando", señala.
Canal de Isabel II también ha adjudicado un contrato de 690.000 euros para un servicio de procuraduría en diferentes ámbitos judiciales
También Canal ha adjudicado recientemente un contrato de 690.000 euros, con nueve lotes, para un servicio de procuradores en los tribunales. Las empresas para prestar contratos son las mismas que en las contempladas en el de defensa laboral, pero su actuación está abierta a otros ámbitos. También, el pasado 15 de noviembre, el Canal de Isabel II formalizaba un importante contrato de servicios de asesoramiento jurídico integral con respecto a su grupo de sociedades domiciliadas en América valorado en 560.000 euros y con una duración de dos años y dos posibles prórrogas. La adjudicación recayó en Deloitte Legal, que deberá poner a disposición de la empresa un elenco de abogados en todas las áreas en la que hay causas pendientes.
El Canal de Isabel II ha tenido que asumir en los últimos años diversos frentes judiciales en España por la actividad presuntamente delictiva de sus ex responsables, algunos de los cuales todavía tienen causas pendientes en la Audiencia Nacional. En ocasiones, las ramificaciones de estas causas se han extendido a Latinoamérica, donde la compañía 100% pública controla de forma mayoritaria el holding Inassa a través de Extensia, en el que se engloban a su vez sus compañías en la región. El pasado mes de agosto, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, abría juicio oral al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y a otras cuatro personas por las presuntas irregularidades cometidas con ocasión de la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados con el campo de golf del Canal.
En el auto se les acusaba de delitos de cohecho, tráfico de influencias en concurso con cohecho, prevaricación administrativa y dos delitos de fraude a las administraciones públicas, un escenario judicial que tiene réplicas, con matices, en Latinoamérica, donde hay procesos abiertos por amaños de contratos y numerosos pleitos y demandas laborales, administrativas y civiles interpuestas contra la compañía. Este tipo de asuntos serán prioritarios para el despacho contratado.
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