El Canal de Isabel II, la empresa pública de gestión de aguas de la Comunidad de Madrid, ha tenido que asumir en los últimos años diversos frentes judiciales en España por la actividad presuntamente delictiva de sus ex responsables, algunos de los cuales todavía tienen causas pendientes en la Audiencia Nacional. En ocasiones, las ramificaciones de estas causas se han extendido a Latinoamérica, donde la compañía 100% pública controla de forma mayoritaria el holding Inassa a través de Extensia, en el que se engloban a su vez sus compañías en la región. El pasado mes de agosto, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, abría juicio oral al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y a otras cuatro personas por las presuntas irregularidades cometidas con ocasión de la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados con el campo de golf del Canal.
En el auto se les acusaba de delitos de cohecho, tráfico de influencias en concurso con cohecho, prevaricación administrativa y dos delitos de fraude a las administraciones públicas, un escenario judicial que tiene réplicas, con matices, en Latinoamérica, donde hay procesos abiertos por amaños de contratos y numerosos pleitos y demandas laborales, administrativas y civiles interpuestas contra la compañía. Para intentar minorar el impacto de estas causas, algunas complejas y en las que se enfrenta a administraciones locales e incluso al Gobierno colombiano, la empresa formalizó el pasado 15 de noviembre un importante contrato de servicios de asesoramiento jurídico integral con respecto a su grupo de sociedades domiciliadas en América valorado en 560.000 euros y con una duración de dos años y dos posibles prórrogas.
La adjudicación recayó en Deloitte Legal, que deberá poner a disposición del Canal de Isabel II un elenco de abogados en todas las áreas en la que hay causas pendientes. La 'big four' ya trabaja actualmente con el Gobierno regional en la gestión de las ayudas europeas orientadas a la reparación de los daños económicos y sociales producidos por la pandemia de coronavirus. Asesoramiento que está prestando a cambio de 739.450 euros. Volviendo al proceso de licitación de asistencia jurídica, también se presentó Crowe Abogados y Economistas Madrid, que quedó fuera por no cumplir con los requisitos de solvencia técnica o/y profesional requeridos para la misión judicial en Latinoamérica. La adjudicataria tendrá que dar soporte jurídico a Canal y Extensia frente a los millonarios y largos litigios en marcha de varias de sus 25 filiales, distribuidas a lo largo de 11 países suramericanos y centroamericanos.
El principal foco judicial se sitúa en la localidad colombiana de Barranquilla. Allí la incertidumbre jurídica que existía al 31 de diciembre de 2018 continúa, según reconocía una auditoría interna reciente a Inassa que lleva la firma de Auren Colombia. En octubre de 2018, la Fiscalía colombiana ordenó el embargo y secuestro, tras una investigación por corrupción, de las acciones de Inassa en la sociedad Triple A de Barranquilla, que representan el 82% del capital social de la filial. Desde que el holding colombiano de Canal perdió el control de la empresa de servicios de agua, alcantarillado y limpieza en Barranquilla y pasó a manos del Gobierno de Colombia, el proceso judicial está prácticamente paralizado.
La operación Acordeón, relacionada con Lezo, propició el embargo y secuestro por parte del Gobierno colombiano de Triple A, la empresa de aguas en Barrranquilla
El Canal tiene mucho interés en que se aceleren los trámites, ya que admite que en estos tres años los servicios públicos que prestaba a los barranquilleros se han deteriorado, pero, además, la pérdida de gestión de esta sociedad es responsable, junto a la pérdida de contratos en Panamá, de la mayor parte de la reducción de los ingresos de Inassa -cerca de un 36%- en 2020 con respecto a la año anterior. La investigación de la Fiscalía colombiana se inició como parte de la operación Acordeón, relacionada con la operación Lezo, mediante la cual las autoridades colombianas descubrieron cómo a través de contratos ficticios de asesoría técnica exdirectivos de Inassa y Triple A se apoderaron de millonarios recursos dentro de la empresa barranquillera. El detrimento patrimonial por estos delitos se estima en 54 millones de euros.
Suma y sigue, porque la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), organismo dependiente de la Hacienda colombiana, le reclama el pago de decenas de millones de euros en concepto de impuestos y sanciones por irregularidades fiscales detectadas en los años 2015, 2016 y 2017. También sigue habiendo flecos en Brasil por el litigio de compraventa de Emissao, compañía que también aparece en el caso Lezo. En España, la Audiencia Nacional investigó la compra que Inassa realizó en el año 2013 para adquirir el 75% de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes. Se detectaron numerosas irregularidades en la operación -se calcula que se pagó cuatro veces más de lo que valía-, parte del dinero acabó en Suiza y se utilizó a un instrumental para llevar a cabo la maniobra empresarial.
Parte de esta cuestión fue dirimida por la Cámara de Mediación y Arbitraje Empresarial de Brasil a finales de 2019, cuando dio la razón al Canal tras constatar que algunos elementos no estaban recogidos en la contabilidad, como los "activos sobrevalorados y pasivos laborales y fiscales". Inicialmente, en 2017, el Canal reclamó unos 7,4 millones de euros, pero la institución dictaminó que debía recibir 4,57 millones de euros, cantidad a la que hay que sumar la inflación desde 2012. Pero ante la no ejecución del mismo, decidió emprender acciones judiciales a principios de este año.
Inassa tiene provisionados 11 millones de euros para atender varios litigios abiertos. Hay varias demandas laborales y otras relacionadas con contratos
Además, Inassa tiene varias demandas de considerable cuantía. Un ex trabajador presentó dos recursos a mediados de 2018. Pese que se reconoció que su despido fue legal, se condenó a la compañía a una prestación extralegal de cerca de 94.000 euros, algo que ratificó la segunda instancia elevando la cantidad a 113.000 euros. Ya está en marcha un recurso de casación, pero los fondos para la indemnización ya están provisionados. En fase inicial hay dos demandas del ex responsable legal de Inassa, que también tiene provisionado un fondo para este caso. En Panamá, el abogado de la compañía también reclamó. La primera sentencia ha sido favorable para Inassa, pero el ex trabajador ya ha presentado recurso de casación. La filial americana de Canal tiene una provisión para atender litigios y demandas, según la auditoría de diciembre de 2020, de 11,3 millones de euros.
El enésimo foco judicial afecta a la filial de Panamá, país donde se cerró la compra de Inassa por unos 61 millones de euros, según las investigaciones del caso Lezo. En esa jurisdicción mantiene desde hace años un tira y afloja con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) panameño, al que un laudo arbitral condenó a pagar siete millones de euros por rescindir un contrato. El servicio en cuestión consistía en la gestión de cobro de la cartera morosa de la institución, que la compañía se adjudicó en 2010 por 10,5 millones. No obstante, el laudo se emitió en 2015 y a principios de 2021 todavía no se había ejecutado, cuando el plazo vencía el pasado febrero.
Por otro lado, Inassa está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia panameña resuelva un recurso contra el Gobierno nacional. Se trata de un asunto que viene de 2017 y donde solicita la comparecencia de personal público por cancelar una contratación para el diseño y construcción del sistema de alcantarillado sanitario en diversas regiones del país.
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